Barcelona permitirá la implantación de ‘electrolineras’ en aparcamientos y en la periferia
La nueva normativa posibilitará multiplicar por seis los puntos de carga en la ciudad
En su estrategia para hacer más sostenible la movilidad de Barcelona (primando los desplazamientos a pie, en bici, en transporte público y en vehículos eléctricos), el Ayuntamiento ha presentado un ...
En su estrategia para hacer más sostenible la movilidad de Barcelona (primando los desplazamientos a pie, en bici, en transporte público y en vehículos eléctricos), el Ayuntamiento ha presentado un plan especial urbanístico (PEU) para regular la implantación de nuevas electrolineras (puntos de recarga) y puntos de intercambio de baterías. El plan, al que ha dado trámite la comisión de gobierno municipal, tendrá que pasar por el pleno. El ejecutivo de la alcaldesa, Ada Colau, asegura que Barcelona es la primera ciudad española que regula las electrolineras.
El PEU para implantar estas instalaciones rompe con la fórmula por la que se apostó cuando irrumpieron los primeros coches eléctricos, que fue instalar puntos de recarga en la vía pública (ahora un 20% de los enchufes está en la calle y el 80% restante, en aparcamientos). Con vistas al futuro, la idea es que no ocupen más espacio público, ya muy disputado, y se creen en aparcamientos públicos y privados pero de acceso público (salvo en los barrios donde no existen estas infraestructuras); o en la periferia de la ciudad y zonas industriales. Los aparcamientos que podrían acoger instalaciones son 491, según el Ayuntamiento. El plan también contempla la posibilidad de transformar gasolineras (sería posible en 51 de las 92 que hay), talleres mecánicos o concesionarios en puntos de recarga.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, enmarca este plan en el conjunto de medidas que la ciudad ha tomado en los últimos seis años para conseguir una movilidad más sostenible: desde la pacificación de calles, o la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), hasta otras normativas, como la restricción a abrir nuevas gasolineras o la reducción del número de plazas de aparcamiento en los nuevos edificios.
“La ciudad quiere ser aliada de la movilidad eléctrica y por eso la preparamos. Si queremos que en 2030 la gente solo haga en coche privado los trayectos imprescindibles y que sean en vehículo eléctrico, debemos resolver el acceso a los puntos de recarga”, afirma Sanz. En total, el plan prevé capacidad para que la ciudad multiplique por seis las actuales instalaciones de recarga: de 100 (que suman unos 900 enchufes) a 500. El Consistorio no se aventura a cuantificar cuántos enchufes puede acabar teniendo la ciudad en estos puntos.
“El despliegue del vehículo eléctrico ha comenzado y lo hará con más fuerza, es un cambio industrial que Barcelona debe facilitar”, argumenta Sanz, que recuerda también las quejas vecinales que en distritos como Sant Martí provocaron los proyectos de nuevas gasolineras. La teniente de alcalde defiende pues los nuevos emplazamientos, aprovechando los aparcamientos de rotación públicos y privados que ya están repartidos por toda la ciudad, que proporcionan “condiciones de emplazamiento para dar una buena cobertura y que se concentren en determinados barrios”. También se podrán implantar en el entorno de las rondas de circunvalación y en polígonos industriales. El PEU también prevé ubicar puntos de recarga en los aparcamientos de centros comerciales.
Intercambio de baterías
”Nos permite mejorar y asegurar la integración y reducir el impacto de la actividad en la vida de los vecinos, evitando la saturación del espacio público, con problemas de ruido o movilidad”, señala la teniente de alcalde que defiende que “el urbanismo puede estar al servicio, al mismo tiempo, de la sostenibilidad y la economía”.
Además de las electrolineras, el plan contempla la creación de puntos de intercambio de baterías. Un servicio cada vez más demandado por fabricantes y usuarios, sobre todo los que reparten mercancías y no pueden esperar a que el vehículo con el que trabajan se recargue.
Los puntos de recarga en el espacio público seguirán siendo de impulso público. Durante 10 años se podrán implantar en calles (excepto de peatones o cascos antiguos). Para los puntos destinados a vehículos de transporte público, taxis o flotas de servicios municipales, se podrá alargar la duración de la instalación. Ahora, por ejemplo, en el Fòrum hay un punto de recarga de autobuses de TMB eléctricos.