Aragonès incluye en su Ejecutivo a cuatro encausados por el ‘procés’
Los 14 consejeros del nuevo Govern toman posesión este miércoles
El Ejecutivo catalán, surgido del pacto ERC-Junts y que comienza hoy su andadura, tiene un perfil técnico, con mayoría de caras nuevas (solo repiten dos consejeros, de un total de 14) y cuatro independientes. El president Pere Aragonès se estrenó el martes con el anuncio de un plan de choque en salud mental, una visita a los políticos presos del procés y la invitación a sus consejeros a trabaj...
El Ejecutivo catalán, surgido del pacto ERC-Junts y que comienza hoy su andadura, tiene un perfil técnico, con mayoría de caras nuevas (solo repiten dos consejeros, de un total de 14) y cuatro independientes. El president Pere Aragonès se estrenó el martes con el anuncio de un plan de choque en salud mental, una visita a los políticos presos del procés y la invitación a sus consejeros a trabajar con celeridad. Cuatro de ellos, todos de ERC, llegan a sus puestos con la hipoteca de causas judiciales pendientes relacionadas con el referéndum independentista de 2017: Natàlia Garriga (Cultura), Roger Torrent (Empresa), Josep González Cambray (Educación) y Tània Verge (Feminismos).
El anterior Ejecutivo, de Quim Torra, tardó en ponerse en marcha por la apuesta inicial (que la justicia impidió) de restituir a los cargos cesados en aplicación del artículo 155, como los exconsejeros que estaban entonces en prisión preventiva. En esta ocasión no se ha optado por esa vía. Al contrario: al menos la primera línea del Govern está prácticamente renovada. Aparte de Aragonès, que era el vicepresidente y titular de Economía, solo repiten la republicana Teresa Jordà (Agricultura y Acción Climática) y el nuevo vicepresidente y titular de Políticas Digitales, Jordi Puigneró (Junts).
ERC, sin embargo, sí continúa con su apuesta por reivindicar a dirigentes que afrontan procesos judiciales relacionados con el proceso independentista, mediante su ubicación en cargos de responsabilidad. Es la fórmula con la que desde el partido del presidente catalán buscan dar visibilidad a “la persecución” al independentismo. También es una manera de darles garantías económicas ante el riesgo de que deban asumir, de su bolsillo, la responsabilidad civil derivada de los delitos.
En esta situación se encuentran cuatro de los siete consejeros que corresponden a ERC. Natàlia Garriga, titular de Cultura, es el caso más evidente: con una dilatada carrera en la Administración catalana, es una de las 30 personas que irán a juicio por organizar el referéndum ilegal del 1-O. Se sentará en el banquillo de los acusados con altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios. En 2017, Garriga era directora de servicios de Vicepresidencia. La Audiencia de Barcelona confirmó, el pasado abril, su procesamiento por malversación, un delito que conlleva penas de cárcel. Además, debe afrontar el pago de una fianza (junto al resto de acusados) de 5,8 millones.
La querella contra Torrent
El expresidente del Parlament Roger Torrent, que ahora aterriza en el Ejecutivo, también asume el cargo de consejero de Empresa y Trabajo con un ojo puesto en la acción de los jueces. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite una querella que la Fiscalía presentó contra él y otros miembros independentistas de la Mesa de la Cámara por un presunto delito de desobediencia.
La querella señala que Torrent tramitó, en octubre de 2019, una propuesta de resolución de Junts, Esquerra y la CUP en la que se volvía a reivindicar la “defensa del derecho a la autodeterminación”, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya había advertido en varias ocasiones de la ilegalidad de dar luz verde a propuestas sobre ese asunto.
Torrent es un peso pesado en el partido y estaba claro que iba a tener un lugar en el Govern al margen del periplo judicial. Nada que ver con Tània Verge, cuyo nombramiento como consejera de Feminismos e Igualdad mezcla dos mensajes. Por un lado, un guiño al “independentismo represaliado” y, por otro, poner al frente de una consejería de nuevo cuño —y con la que los republicanos quieren marcar perfil— a una de las voces más respetadas en esa área en Cataluña.
Verge, profesora de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra, fue designada en 2017 miembro de la llamada sindicatura electoral, el órgano que debía supervisar las votaciones del referéndum del 1-O, y fue juzgada por desobediencia. Resultó absuelta pero, el pasado abril, la Fiscalía recurrió la decisión, por lo que el caso sigue vivo. También es autora del plan de igualdad del Parlament.
Varios independientes
Verge es una de las independientes del nuevo Govern. Cada partido ha postulado los nombres que, tras el beneplácito de Aragonès, conforman el nuevo Ejecutivo. Junts, tras la mala digestión del pacto con ERC y la decisión de varios de sus primeros espadas de no estar en el Govern, apuesta más por independientes que los republicanos. Tal es el caso del periodista y exdirector de la Fundación La Caixa Jaume Giró, que será el titular de Economía. O de Victòria Alsina, profesora de la Universidad de Nueva York y que se encargará del departamento de Acción Exterior, del que dependen las 15 embajadas catalanas. Hasta ahora la propia Alsina estaba al frente de la de Washington, un cargo al que llegó por un concurso de méritos.
La lista de independientes la cierra el nuevo encargado de Salud, Josep Maria Argimon. Si bien llega al Govern a propuesta de Junts, se puede entender su nombramiento como un ascenso, pues ha pilotado la respuesta a la pandemia desde la Secretaría de Salud Pública. Un caso muy similar al de Josep González Cambray, consejero de Educación. El hasta ahora director general de centros públicos de la Generalitat catalana asciende a la dirección del departamento después de ser prácticamente el encargado de dar la cara por el dispositivo que permitió abrir con seguridad los colegios tras la primera ola de la covid.
El nuevo consejero republicano también llega con mochila judicial, aunque de otra clase. En octubre de 2020, Cambray fue detenido en el marco del caso Voloh, la investigación de un juez de Barcelona sobre el presunto desvío de fondos públicos al procés y, también, casos de corrupción relacionados con las personas que, desde fuera del Govern, ayudaron a organizar el 1-O, el llamado “Estado Mayor”.
La sospecha, en el caso de Cambray —que permanece como investigado y podría ser responsable de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias—, es que dio un “trato de favor”, según un informe de la Guardia Civil, a Xavier Vendrell, miembro destacadísimo de ese “Estado Mayor” y exconsejero del Govern en 2006. Vendrell preside el patronato de la Fundación Pedagógica El Brot y maniobró con cargos de Educación, según revelan unas escuchas incluidas en el sumario, para obtener el concierto que le permitiera abrir un segundo centro en Cabrera de Mar (Barcelona). No se concedió.
Cambray declaró voluntariamente ante la Guardia Civil y fue puesto en libertad. Al estallar el escándalo, Aragonès lo atribuyó a las “cloacas” y dijo que era una forma de “empantanar un movimiento democrático y honesto con sospechas de corrupción”.