Los antidisturbios de los Mossos participan en un desahucio, en contra de lo pactado entre ERC y la CUP

El desahucio de tres jóvenes de un piso ocupado en el barrio del Poble Sec de Barcelona ha marcado la primera jornada de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. En el desahucio, en el llamado ...

El desahucio de tres jóvenes de un piso ocupado en el barrio del Poble Sec de Barcelona ha marcado la primera jornada de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. En el desahucio, en el llamado Bloque Llavors, uno de los emblemas del movimiento por la vivienda de la ciudad, han participado agentes antidisturbios de la Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos d’Esquadra. La intervención que choca con el acuerdo de investidura entre ERC y la CUP, que contempla que los antidisturbios no participen en desahucios de personas vulnerables. En este caso, los ocupantes de la vivienda aseguran que tienen certificado de vulnerabilidad de los servicios sociales. “Lo que se ha vivido hoy nos hace daño a todos”, ha manifestado Aragonès. La CUP ha exigido al Govern que cumpla el acuerdo y que si hace falta que desobedezca e incumpla la orden judicial.

La ejecución del desahucio se ha producido en medio de un gran dispositivo policial y mucha tensión entre los agentes y centenares de activistas por el derecho a la vivienda concentrados ante el cordón policial. En primera línea han participado cuatro diputados de la CUP: su jefa de filas, Dolors Sabater, Eulàlia Reguant, Carles Riera y Xavier Pellicer. Ha habido lanzamientos de pintura y huevos por parte de los concentrados, y cargas por parte de los Mossos. Simultáneamente, otro grupo de activistas ha ocupado el vestíbulo de la sede de ERC, en la calle Calàbria, durante un par de horas. La Brigada Móvil de los Mossos (Brimo) ha tenido que romper la cerradura de la puerta para acceder al interior del piso. Allí no ha encontrado a nadie y la comitiva judicial ha hecho entrega de la propiedad al representante legal.

“La orden de intervención de la Brimo era muy concreta, especificaba qué cuerpo de los Mossos tenía que intervenir. Es la primera vez que lo hemos visto”, ha asegurado Aragonès en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Es imprescindible que el nuevo protocolo que trabajaremos también involucre al poder judicial”, ha añadido. El nuevo presidente de la Generalitat ha recordado que su nuevo Gobierno será nombrado mañana miércoles y ha aceptado que “imágenes como las de hoy se tienen que revertir”. El president ha explicado que ya ha hablado con la jefa de filas de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, y se ha comprometido a cumplir sus acuerdos de investidura.

La policía ha llegado de madrugada y desde entonces decenas de activistas se han concentrado frente al cordón policial, al que han tirado pintura, lo que ha originado pequeñas cargas. Los cuatro diputados de la CUP no han querido valorar la intervención de los Mossos: “No haremos declaraciones. Estamos evidenciando la contradicción que supone esta situación, que se trate la emergencia habitacional como un problema de orden público, con la presencia de antidisturbios”, ha afirmado una portavoz.

Àlex Altadill, uno de los tres jóvenes desahuciados, ha declarado tras la ejecución del desahucio: “Hoy hemos visto que como la Brimo de Pere Aragonès, de la mano de Desokupa [negocio privado de desocupación exprés], ejecuta desahucios en su primer día de Gobierno. Me he quedado sin casa pero seguiremos plantando cara”. Desokupa, según los activistas, ha llegado a la finca, como los Mossos antes de la diligencia judicial.

Mientras se vivía la tensión en la calle Lleida, otro grupo de activistas ha ocupado por un par de horas la sede de Esquerra Republicana, en la calle de Calàbria, para exigir la retirada de los efectivos de la Brimo del desahucio. A las 9.30, los Mossos han dado el desahucio por finalizado, después de romper la cerradura de la puerta y comprobar que no había nadie en el interior. Unas 60 personas han sido identificadas denunciadas por desobediencia, que se suma a tres investigados por atentado contra agentes de la autoridad y otros nueve investigados por desórdenes públicos.

El desahucio ejecutado esta mañana fue suspendido la semana pasada porque, al requerir el juez la presencia de agentes antidisturbios de los Mossos, el cuerpo respondió que no tenía efectivos disponibles. Una semana después, la ejecución pone a prueba el acuerdo de investidura del president Aragonès entre ERC y la CUP, en el que los anticapitalistas exigían que ni las ARRO (Áreas Regionales de Recursos Operativos) ni la Brimo intervengan en “desahucios de familias o personas vulnerables”. Este punto del acuerdo, con todo, no figura en el pacto de Gobierno firmado entre ERC y Junts.

El de este martes era el tercer intento de desahucio de Axel, Arkaitz y Manel, tras otro en abril que los colectivos de vivienda consiguieron parar con su presencia en la puerta. El Sindicato de Barrio del Poble Sec denuncia que a los ocupantes no les ha servido acogerse al decreto 19/2017 (que obligaba a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de desahuciar, pero fue tumbado por el Constitucional). Tampoco se han podido acoger a la moratoria de desahucios dictada durante la pandemia y todavía vigente.

El edificio, de 24 pisos y propiedad del fondo Vauras Investment, ha sido noticia en varias ocasiones. Seis de sus pisos fueron ocupados por primera vez en 2017. En marzo de 2020, justo antes de comenzar la pandemia y declararse el estado de alarma, decenas de agentes de la Brigada Móvil desalojaron seis pisos. En ellos vivían una decena de personas y dos menores. En ese momento el desalojo provocó un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Barcelona (que criticó el dispositivo policial y recordó el decreto entonces recién aprobado) y la Generalitat. Actualmente, además del piso que es motivo de la protesta este martes, hay otros dos pisos ocupados.

En el Parlament, la CUP ha planteado en una comparecencia que el Govern no vuelva a enviar la Brimo)a un desahucio y que desobedezca en el caso de que el juez le ordene el concurso de los agentes antidisturbios. “Si se tiene que desobedecer, se desobedece”, ha afirmado la diputada Laia Estrada admitiendo que eso comporta una “confrontación” con el aparato de Estado. La diputada ha recordado que el acuerdo ERC-CUP contempló la no intervención de la Brimo ni la Arro y exigen que se cumpla.

Pese a que cuatro diputados han actuado esta mañana en la protesta de la calle Lleida, los anticapitalistas han venido a dar una especie de tregua a la espera de que el nuevo Govern tome posesión. “El Gobierno no está funcionando. Pero no es una excusa. Que sea muy consciente que el país espera respuestas. Ya dijimos que lo fiscalizaremos desde el minuto uno”, ha afirmado Estrada, que ha subrayado que no habrá 100 días de tregua. “Es urgente. Hay que solucionarlo ya. Hay que abordar el tema como un derecho fundamental y no como orden público”.