El comité de ética de Barcelona censura a la exedil Gala Pin por trabajar en una fundación que recibe fondos municipales

JxCat denuncia que la exconcejal hizo uso de “puertas giratorias” mientras que la exedil no acepta lecciones de los postconvergentes “que tienen la sede embargada”

La EXconcejal de Ciutat Vella, Gala Pin.MASSIMILIANO MINOCRI

El Comité de Ética del Ayuntamiento de Barcelona ha resuelto que la exconcejal de BComú, Gala Pin, no cumplió el Código Ético del Consistorio al aceptar un trabajo de 1.500 euros al mes en la Fundación Goteo. La resolución la ha hecho pública este miércoles el concejal de JxCat en el Consistorio, Jordi Martí, y proviene de una alegación efectuada por los posconvergentes al comité después de que la exconcejal abandonara el Consistorio.

El escrito que dirigió el grupo de JxCat al comité alertaba que las comisiones ...

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El Comité de Ética del Ayuntamiento de Barcelona ha resuelto que la exconcejal de BComú, Gala Pin, no cumplió el Código Ético del Consistorio al aceptar un trabajo de 1.500 euros al mes en la Fundación Goteo. La resolución la ha hecho pública este miércoles el concejal de JxCat en el Consistorio, Jordi Martí, y proviene de una alegación efectuada por los posconvergentes al comité después de que la exconcejal abandonara el Consistorio.

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El escrito que dirigió el grupo de JxCat al comité alertaba que las comisiones de gobierno, integrada por todos los concejales del equipo de Ada Colau, y el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona habían entregado subvenciones a la Fundación Goteo por valor de 287.000 euros durante el primer mandato de Colau. Martí denunció que Pin -fuera del gobierno desde junio de 2019- fue contratada por la Fundación Goteo a principios de 2020 durante un periodo de seis meses. Según la resolución del Comité, Pin “primero hizo un trabajo a jornada completa con un sueldo mensual neto de un poco más de 1.500 euros y después, a partir de abril, a jornada reducida y un sueldo de poco más de 1.400 euros”. El comité, que no ha visto ninguna actuación ilícita ni sancionable en la contratación de Pin, sí que resuelve que la exconcejal no podía ser contratada por la Fundación Goteo por el hecho de “haber participado en decisiones de órganos colegiados del Ayuntamiento que afectaban a la Fundación”. El comité recomienda a Pin que “tenga más cuidado” en elegir sus trabajos después de que dejara de ser un cargo público.

Durante el periodo en que el comité redactaba su resolución, Gala Pin alegó que no había incumplido el código ético porque “no tenía relación directa en la concesión” de dichas subvenciones. Pin explicó que la pretensión de JxCat de impedir contrataciones como la suya “afectaría el derecho al trabajo y sería una medida desproporcionada”. Pese a ello, Martí ha calificado los hechos de un “caso flagrante de puertas giratorias” y ha advertido a los Comuns que “se apliquen a sí mismos lo que critican en los otros”.

EL PAÍS ha podido hablar con Gala Pin que se ha mostrado enfadada: “No me preocupan las críticas ni la rueda de prensa realizada por alguien que tiene la sede embargada (en referencia a los postconvergentes). Estoy muy segura de que lo que hice fue perfectamente legal. Cobré durante seis meses 1.500 euros por 32 horas semanales. Después de ese trabajo he vuelto al paro y he tenido que rechazar, por incompatibilidad con excargo público, hasta 12 ofertas laborales. Si fuesen puertas giratorias, en realidad, me tendrían que penalizar por lo mal que me lo he montado y JxCat debería llevarme a los tribunales”.

El concejal de presupuesto de BComú, (se llama igual que el de JxCat), Jordi Martí, ha respetado la opinión del comité ético y ha recordado que las decisiones del Ayuntamiento se toman de forma colegiada. “Es casi insultante que le llamen a lo de Gala Pin puertas giratorias. Recomendaría a JxCAT, que tiene el pasado que tiene, que fuera con cuidado con las afirmaciones que hace. Si no recuerdo mal tienen algún regidor imputado penalmente”, ha advertido Martí recordando al exconcejal de CiU Antoni Vives que a finales de enero aceptó dos años de cárcel después de admitir delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales mientras era concejal de Urbanismo y presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona.

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