El freno electoral condena al Govern a gestionar el virus sin presupuestos

En la última década los sucesivos gobiernos de la Generalitat únicamente han aprobado seis presupuestos autonómicos y siempre lo han hecho tarde. Y previsiblemente ocurrirá lo mismo este año si finalmente hoy se decide aplazar las elecciones hasta mayo. La decisión llega en un momento complejo, cuando las medidas para intentar aplacar la pandemia todavía serán necesarias y todas las previsiones de ingresos con que se confeccionaron las cuentas de 2020, que están prorrogadas, no contaban con el despl...

En la última década los sucesivos gobiernos de la Generalitat únicamente han aprobado seis presupuestos autonómicos y siempre lo han hecho tarde. Y previsiblemente ocurrirá lo mismo este año si finalmente hoy se decide aplazar las elecciones hasta mayo. La decisión llega en un momento complejo, cuando las medidas para intentar aplacar la pandemia todavía serán necesarias y todas las previsiones de ingresos con que se confeccionaron las cuentas de 2020, que están prorrogadas, no contaban con el desplome de los ingresos que ha dejado la crisis sanitaria ni los gastos derivados de la pandemia.

Al final, el principal problema que supone la no aprobación presupuestaria es que el Govern no puede marcar prioridades ni previsiones con partidas económicas concretas. El Ejecutivo tendrá que tirar de reuniones semanales para hacer modificaciones de crédito que se adecuen a sus necesidades en cada momento. Lo ha tenido que hacer este año para ir incorporando las transferencias de recursos procedentes del Estado, que han alcanzado los 3.165 millones de euros, y para destinar recursos del fondo de contingencia a medidas contra la covid. El presidente en funciones, Pere Aragonès ya ha advertido que este año los recursos destinados al coronavirus serán equivalentes a los gastados en 2020. Y por la demanda de recursos al Fondo de Facilidad Financiera que tiene previsto realizar el Govern este año, 13.072 millones de euros, todo apunta a que en 2021 no diferirá en exceso de lo ocurrido el pasado ejercicio.

La aprobación presupuestaria es un ejercicio que hasta 2013 fue tratado en Cataluña con el máximo de los respetos: la política institucional siempre ha considerado los Presupuestos la principal ley que puede aprobar un Govern cada año. De hecho, Quim Torra se comprometió hace un año a convocar las elecciones y finiquitar la legislatura una vez ratificadas las cuentas en la Cámara catalana.

“En el país de las Maravillas de Alicia, lo ideal sería que el país funcionara con un Gobierno estable, una mayoría en el Parlament, el máximo consenso social y unos Presupuestos actualizados”, ironiza Oriol Amat, Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y diputado en el Parlament en la pasada legislatura. Pero él, como otros economistas consultados, consideran la no aprobación presupuestaria como un “mal menor” ante los actuales problemas que atañen a la salud de las personas y que explicarían el frenazo electoral. Admite, no obstante, que el Ejecutivo tendrá que actuar con mayores restricciones, aunque habrá margen de maniobra para modificar el Presupuesto de 2020.

Aquellas cuentas, de hecho, ya nacieron viciadas. Se aprobaron en abril pasado, una vez que el coronavirus se había convertido en un azote para la población, los sistemas sanitarios y las economías internacionales. El Govern se comprometió a actualizarlas con partidas consensuadas con la oposición que permitieran cubrir los agujeros dejados por la pandemia, aunque ese compromiso nunca fructificó en ningún intento. “Si no se hubieran aprobado los Presupuestos de 2020 sería diferente, pero el nivel de gasto que contemplan los que ahora están prorrogados son superiores a aquellos y dan mucho más margen. Se podrán hacer modificaciones presupuestarias para ajustarse”, sostiene Toni Mora, profesor de gestión presupuestaria de la Universitat de Barcelona.

El Govern tiene otro punto a su favor, según Mora, que no es otro que la flexibilización de las reglas de estabilidad presupuestaria. Gana discrecionalidad al no tener que cumplir ni objetivo de déficit, ni límite de gasto ni de endeudamiento.

Para Ferran Brunet, profesor de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, hay otro elemento que puede restar importancia al hecho de renovar las cuentas. “La Generalitat está rescatada, no emite deuda pública y se financia a través del mecanismo de liquidez del Estado, lo que se ha convertido en una barra libre desde que lo inició Rajoy. Hagas lo que hagas te va a cubrir el Estado”, resume.

13.000 millones de FLA

Pese a no tener Presupuestos para 2021, el Govern tiene unos pronósticos de cómo evolucionará la economía en 2021 y cómo le afectará a sus cargas, además de las cuentas que haya echado para afrontar los próximos gastos. En el último informe elaborado para potenciales inversores internacionales, publicado ayer en la web del Departamento de Economía y Finanzas, el Ejecutivo realiza una buena fotografía de sus finanzas. Y la conclusión se manifiesta en las últimas páginas, donde desgrana las necesidades económicas que deberá solicitar al Fondo de Facilidad Financiera estatal. Serán 13.072 millones de euros —cifra avanzada por El Periódico—, una cifra muy superior a los 11.000 previstos hace un año.

Son los recursos que permitirán financiar el saldo negativo que se producirá entre gastos e ingresos, el denominado déficit, que la Generalitat sitúa en el máximo de referencia permitido por el Gobierno central, del 1,1%.