Acoso o abusos sexuales en el limbo judicial

Los supuestos casos de acoso sexual cometidos por el ya exdiputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, reconocidos el lunes por su partido, han vuelto a poner sobre la mesa el debate respecto al abordaje de este delito y la tendencia a ocultarlos por parte de las organizaciones políticas. Con Junts son tres los partidos (la lista la completa ERC y la CUP) que se han visto afectados por problemas de ese ...

Los supuestos casos de acoso sexual cometidos por el ya exdiputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, reconocidos el lunes por su partido, han vuelto a poner sobre la mesa el debate respecto al abordaje de este delito y la tendencia a ocultarlos por parte de las organizaciones políticas. Con Junts son tres los partidos (la lista la completa ERC y la CUP) que se han visto afectados por problemas de ese cariz y que han acabado trascendiendo. Todos los afectados han terminado dimitiendo o apartados de primera línea política. Cada caso tiene sus particularidades y las cúpulas han actuado de forma distinta, si bien hay un elemento común: ninguna de las víctimas ha denunciado el caso ante la justicia.

De hecho, esta última afirmación hay que cogerla con pinzas. Los tres partidos aseguran no tener constancia de acciones judiciales, pero la decisión final corresponde exclusivamente a la víctima. “En derecho penal, el acoso, el abuso y la agresión sexual son delitos perseguibles solo a instancia de parte, es decir, si la víctima es quien presenta la denuncia”, esgrime Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la UOC.

“No tenemos que ser nosotros los que hagamos una investigación interna. Debe ser la justicia. Hemos animado a las afectadas a que se dirijan a ella”, justificó la portavoz de Junts, Elsa Artadi, cuando informó del caso de Pujol. Según la diputada, el partido conoció los hechos hace una semana. Otras voces, sin embargo, sitúan las sospechas en ocho meses o incluso más atrás, en la campaña de las elecciones generales de 2019. La periodista Núria Casas reveló el jueves en Aquí Cuní y en El Nacional que fue acosada hace ocho años por Pujol cuando él dirigía RAC-1. Junts acaba de nacer y carece de un protocolo específico para actuar en estos casos. ERC y la CUP sí disponen de ese instrumento.

Todos los políticos acusados han acabado apartados de la primera línea

El caso del partido de Carles Puigdemont tiene la particularidad de que no fue revelado por la prensa, algo que sí sucedió con los del exjefe de gabinete de Alfred Bosch en el departamento de Acción Exterior, Carles Garcías, o con uno de los que han sacudido a la CUP: el del exdiputado Quim Arrufat. En otros dos casos, fue la ya exdiputada Mireia Boya la que reveló ser víctima de acoso psíquico por parte de un compañero del grupo parlamentario y en otro fue una militante la que acusó en la red al alcalde Eudald Calvo de Argentona de haberla agredido sexualmente años atrás. El primer edil dimitió.

ERC y la CUP —que ha gestionado una veintena de casos en los dos últimos años— tienen sus protocolos internos para actuar ante acosos y los han utilizado con resultado es distinto. En el caso del departamento del Govern ha ido en detrimento de utilizar los canales establecidos por la Función Pública. Este solo se activó una vez el caso de Garcías vio la luz, lo que conllevó a la renuncia de Bosch al cargo de conseller. El partido cerró la carpeta, pero el Govern está a la espera de un último informe de la comisión de ética pública para aprobar las sanciones que se derivan de la investigación de Función Pública.

Los delitos de ese cariz solo son perseguibles si la víctima denuncia

Encarna Bodelón, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del grupo Antígona, dedicado a la investigación de mujeres y derecho, conviene que solo la víctima puede activar la vía penal, pero apunta que eso no exonera a los partidos o a las empresas de asumir su responsabilidad en el ámbito de la prevención, además de sancionar al acosador. “Hay medidas disciplinarias, expulsión de la militancia o suspensión de cargos, por ejemplo”, agrega Tamarit. Por ley desde 2007, recuerda Eva Gajardo, secretaria de Igualdad de UGT, todas las organizaciones tienen que tener mecanismos de actuación y protocolos en caso de acoso sexual y razón de sexo. “El problema es que las empresas no se lo creen. Lo ven como un tema burocrático”, dice. Esas guías deberían incluir una manera de acompañar a las víctimas si desean ir al juzgado. “Falta formación y difusión”, lamenta.

¿Por qué no ha habido ninguna denuncia en los casos de los partidos? La respuesta a esta pregunta es compleja. Enfrenta el sufrimiento de la víctima con la idea socialmente extendida de que no ir al juez resta fuerza a los hechos. “Estamos ante un sistema que te pone en la palestra y te revictimiza”, critica Gajardo. “El silencio es premiado. Se cree que si hablas le estás haciendo mal a la organización. Normalmente, el acosador es una persona en una situación de poder y en la víctima está el convencimiento de que si va en contra de él sale perdiendo”, agrega el abogado Natxo Parra, del Colectivo Ronda. “Se vulneran derechos y se da un mensaje social problemático de que estas situaciones se pueden resolver entre las partes”, insiste Bodelón, que insta a los partidos a animar a las víctimas a denunciar.

48 militantes de la CUP critican en un artículo el protocolo de la organización

Bajo el título No ens fareu fora, 48 militantes de la CUP acaban de publicar en el Ara un artículo muy crítico. “No se reconocen socialmente las agresiones machistas cuando ocurren y en nuestros espacios de militancia”, revelan, “aún hay reticencias a abordarlas con la contundencia debida y está recogida en el protocolo. Sin eso, no hay avance posible en la solución del problema y en la prevención de futuras agresiones”.

Y siguen: “No nos malinterpretéis: no pretendemos enviar a nadie a la cárcel sin un proceso judicial ni linchar a nuestros compañeros. No se trata de eso, sino de disponer y de aplicar protocolos efectivos y fiables que en lugar de invisibilizar los casos sirvan para reparar a la víctima y prevenir agresiones”. El grupo expresa su “rabia” y “frustración” por el papel de Arrufat, al que acusan de usar su altavoz mediático para alimentar el mito de las “denuncias falsas”. El texto lo firma Boya y exmiembros del secretariado de la CUP que dimitieron por cómo se gestionó ese caso. No lo suscriben la mayoría de las caras visibles del partido.

Bodelón lanza un mensaje de alarma por algo en concreto: la confusión que se está produciendo entre acoso y agresión. “Es grave que se llame acoso cuando en realidad es abuso. Un tocamiento lo es”, dice. Para lograr que las denuncias lleguen a los juzgados, la clave estaría en crear un espacio seguro para que las mujeres denuncien si se animan. “La detección es un pilar muy importante, que los trabajadores sean capaces de detectar pequeños hechos que revelen un acoso. Eso permite repartir las cargas de responsabilidad de denunciarlo dentro de la organización, pero también por la vía penal”. Aquí, insiste el abogado, es esencial una red de confidencialidad para garantizar los derechos de todos los involucrados.