“No tengo ni para comprarme la medicación”

Lo primero que hace cuando se le saluda es presentar a su perro, Atila, que lleva con él un año. Los dos duermen desde el miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat, donde se ha instalado Daniel Cedrún para hacer visible su protesta: a sus 62 años se ve en la calle y sin ninguna prestación social que le permita salir adelante. “No tengo ni para comprarme la medicación”, explica. Un informe del Ayuntamiento de Barcelona recoge que padece epilepsia, ansiedad crónica e hipertensión.

Además de instalar su m...

Lo primero que hace cuando se le saluda es presentar a su perro, Atila, que lleva con él un año. Los dos duermen desde el miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat, donde se ha instalado Daniel Cedrún para hacer visible su protesta: a sus 62 años se ve en la calle y sin ninguna prestación social que le permita salir adelante. “No tengo ni para comprarme la medicación”, explica. Un informe del Ayuntamiento de Barcelona recoge que padece epilepsia, ansiedad crónica e hipertensión.

Además de instalar su manta y su bici delante de la Generalitat, Daniel inició también una huelga de hambre que mantendrá “mientras el cuerpo aguante”. Pide “una ayuda o un trabajo que no sea solo por tres meses”. Sabe hacer de soldador, de jardinero, pintor... “Soy polivalente”, sonríe.

Cuenta que la calle llegó a su vida en abril, con el confinamiento, cuando se quedó sin trabajo como soldador. “Me han pegado, insultado, apaleado...”, explica sobre lo que ha sufrido durmiendo al raso. En la ciudad viven así más de 1.200 personas, según el último recuento de la fundación Arrels. A él, como a la mayoría, jamás se le pasó por la cabeza que podría acabar siendo un sin techo.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona le ofrecieron entrar en los pabellones que montaron en la Fira de Barcelona para persona sin hogar, pero lo declinó. “Me dijeron que aquello era una jungla”, alega. Después de eso, asegura que no le han vuelto a ofrecer ningún alojamiento más. “¿Y los albergues?”, se le pregunta. “¡Están petados!”, responde.

La esperanza de Daniel estaba en salir del atolladero en septiembre, haciéndose con una furgoneta y cuatro herramientas y hacer “algunas chapuzas”. Pero para eso necesitaba el dinero de las ayudas que le gestionó su asistente social municipal. Pidió dos: la que concede la Generalitat (Renta Garantizada de Ciudadanía) y la del Gobierno central (Ingreso Mínimo Vital).

El miércoles por la tarde, a base de llamar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), logró que finalmente le cogiera el teléfono una trabajadora. “Miró mi expediente y me dijo que me habían denegado la ayuda”. Del Ministerio, aún no recibido respuesta.

Daniel no se lo explica. Tiene un informe del Ayuntamiento de Barcelona que indica que es una persona en situación de “vulnerabilidad, sin domicilio fijo y en situación de calle”. Añade que no tiene ninguna red de apoyo, ni recibe ninguna prestación o recursos alternativos.

Una posible razón es que Daniel no cumple con el requisito de sumar dos años viviendo en Cataluña. Originario de Mallorca, admite que estuvo un tiempo en Barcelona, se fue, y ha vuelto desde hace unos meses. Y el Ministerio está tardando en dar respuesta por el gran volumen de peticiones, explica Bea Fernández, de los servicios jurídicos de la fundación Arrels, que también dan apoyo a Daniel y le guarda sus cosas.

Daniel y Atila piensan seguir en la plaza de Sant Jaume mientras las cosas no cambien. “Ya me ha venido a intimidar la Guardia Urbana”, dice. Pero él tiene claro que no se va ir sin una solución: “Me van a tener que echar a las malas”.