Torra desoye la presión de Esquerra y Junts alega que “la calle no pide elecciones”
El president sostiene en el debate de Política General que su mandato está marcado por “el círculo perfecto de la represión”
El independentismo ha certificado este miércoles, en el debate de política general del Parlamento catalán, su honda división sobre cómo debe ser el desenlace de la legislatura. El president Quim Torra asiste hoy a la vistilla del Tribunal Supremo que revisará su recurso contra la inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Cataluña por desobediencia, y todo indica que el fallo del pasado diciembre será ratificado. ...
El independentismo ha certificado este miércoles, en el debate de política general del Parlamento catalán, su honda división sobre cómo debe ser el desenlace de la legislatura. El president Quim Torra asiste hoy a la vistilla del Tribunal Supremo que revisará su recurso contra la inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Cataluña por desobediencia, y todo indica que el fallo del pasado diciembre será ratificado. Prácticamente toda la oposición —menos Ciudadanos— y también ERC insistieron ayer en fijar una nueva cita electoral. Torra lo rechazó, igual que el presidente del grupo de Junts, Albert Batet: “La calle no pide elecciones”, dijo.
ERC, la CUP, Catalunya En Comú-Podem y el PSC, con distintos acentos y motivaciones, piden aclarar ya el calendario para preservar la presidencia de la Generalitat y evitar que una decisión judicial condicione el tempo político. “Hay que pactar la respuesta [a la inhabilitación]. No hacerlo es una irresponsabilidad. Está en nuestras manos evitar una inestabilidad que la gente no quiere”, argumentó Sergi Sabrià, jefe de filas de ERC en el Parlament, que habló de un “uso partidista” de la jefatura del Govern.
Sabrià trató de contrarrestar el argumento de Junts acerca de qué implica pedir ahora elecciones. “Estrategia y planificación para hacer frente a la represión no es avalarla, es combatirla. Dejar que te pase por encima sin reaccionar, sí”, dijo. La CUP intenta consensuar la fecha electoral<NO1> y encarar un nuevo ciclo<NO>. Con todo, el anticapitalista Carles Riera espetó a los dos socios de Govern: “Han asumido la gestión autonómica y unos la acompañan con simbolismo (Junts) y otros con una mesa de diálogo (ERC) que vende humo”.
Pero Torra no mencionó esta vez, a diferencia de otras, que tiene claro cuándo llamará a las urnas y que si le inhabilitan buscará preservar “la dignidad” del cargo. Ayer se limitó a decir que se dedicará a velar por la vida de los catalanes, gestionando la lucha contra la covid-19, “hasta el último día de la presidencia”, insinuando su interés de apurar el tiempo en caso de que el Tribunal Supremo ratifique su inhabilitación.
Con un discurso trufado de datos sobre la pandemia, Torra se olvidó durante las dos horas de la épica, de los reproches entre socios —"Nunca me encontrarán en una disputa entre partidos, mi única disputa es con el Estado español", afirmó— y de por qué ha cambiado ahora de opinión cuando en enero anunció que llamaría a las urnas. “Pregunte a los padres y maestros si su preocupación son las elecciones ahora. O a los sanitarios. O a los comercios o a los autónomos”, justificó Torra en respuesta al PSC (no a ERC) y en un mensaje que paradójicamente comparte Ciudadanos. En la misma línea se expresó el presidente de Junts, Albert Batet: “La calle no pide elecciones”.
Torra no escatimó críticas al Gobierno: sostuvo que los impuestos de los catalanes “desaparecen absorbidos en el agujero negro de Madrid” y defendió que la legislatura ha sido marcada por la represión “tanto bajo el Gobierno de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”. Su objetivo fue exhibir su obra de gobierno para rebatir a los grupos que le acusan de pensar solo en el procés o a quienes se apuntan, dijo, “a la maquinaria de la venganza”. Y citó, por ejemplo, la ley contra los alquileres abusivos —"Espero que el Gobierno más progresista de la historia no la recurra al Constitucional"— o la apertura de tres nuevas delegaciones de la Generalitat en el exterior (Japón, Australia y Senegal). El president pidió a los comunes que intercedan para que el Gobierno conceda el permiso retributivo a los padres que deben cuidar a niños en cuarentena.
Ciudadanos, al que los sondeos no auguran buenos resultados en unas hipotéticas elecciones, fue el único partido que no pidió elecciones aunque su líder, Carlos Carrizosa, avanzó que explorarán fórmulas jurídicas para evitar que el Govern se bloquee si no se convocan los comicios. Y exhibió una foto de mayo de 2018, tomada en Barcelona, en un acto de ANC y Òmnium en solidaridad con los presos del procés, en la que aparece Torra acompañado entre otros de Fredi Bentanachs, fundador de Terra Lliure. “El procesisme ha sido una gran mentira que ha culminado en un gran fracaso, y convendría cambiar de posición”, pidió por su parte el jefe de filas del PSC, Miquel Iceta.
El Supremo debate hoy la inhabilitación de president
El Tribunal Supremo revisa hoy la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó el pasado diciembre a año y medio de inhabilitación a Quim Torra por desobedecer a la Junta Electoral cuando esta le ordenó retirar de la sede de la Generalitat una pancarta en favor de los “presos políticos” durante las elecciones de 2018. Acompañado del vicepresidente Pere Aragonès (ERC) y de la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, el president acudirá a la vistilla aunque no es necesaria su asistencia. En el pleno de ayer, Jéssica Albiach, líder de los comunes, tildó de gravísima la situación y remarcó que Torra no debería ser inhabilitado por una “desobediencia en diferido”. “Solo lo hizo unas horas porque aAl final acabó retiró la pancarta”, dijo.
Alejandro Fernández, del PP, instó a Torra a no confundir la “dignidad” de la presidencia con sus problemas personales que solo le atañen, dijo, a él y que además: “Se los ha buscado usted solito”. El socialista Miquel Iceta apenas hizo alusión a la pancarta y le trasladó dos reflexiones: que nadie está por encima de la ley y que respetar el Estado de Derecho y la separación de poderes implica acatar las resoluciones judiciales “gusten o no”.