Barcelona prepara el alcantarillado para un aumento de las lluvias torrenciales
El Ayuntamiento planea nuevos colectores, depósitos pluviales y pavimentos que absorban unas precipitaciones cada vez más intensas
El alcantarillado de una ciudad es una infraestructura tan poco sexy a primera vista como apasionante e imprescindible para sus habitantes. En Barcelona, la red suma 1.500 kilómetros. Con la mirada puesta en el cambio climático el Ayuntamiento acaba de diseñar un nuevo Plan Director Integral de Saneamiento que tiene como novedad que replantea la infraestru...
El alcantarillado de una ciudad es una infraestructura tan poco sexy a primera vista como apasionante e imprescindible para sus habitantes. En Barcelona, la red suma 1.500 kilómetros. Con la mirada puesta en el cambio climático el Ayuntamiento acaba de diseñar un nuevo Plan Director Integral de Saneamiento que tiene como novedad que replantea la infraestructura partiendo de la base de que las lluvias torrenciales aumentarán un 17%, con el riesgo de inundaciones que comportará para la ciudad y sus vecinos.
“El circuito pluvial adquirirá un protagonismo notable”, explica el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia. El plan, a 80 años vista, se apoya en actuaciones como la ampliación de colectores en grandes arterias de la ciudad como el Paral.lel, la Diagonal o la rambla de Prim; la renovación de 200 kilómetros de red nueva, la construcción de depósitos pluviales en la parte alta de la ciudad (para reducir la cantidad de agua que baja hacia la ciudad); y la extensión de pavimentos drenantes, que son permeables y permiten que la lluvia se cuele hacia el freático sin causar daños.
El plan parte de las proyecciones de cambio climático que prevén un escenario de precipitaciones en el que la cantidad de lluvia anual se reducirá, pero aumentará la intensidad y episodios extremos un 17%. El cálculo, que figura en la Declaración de Emergencia Climática a partir de estimaciones de organismos internacionales, según el consistorio, emplea lo que se conoce como T10, que mide la media de precipitación de la última década, con la previsión 2070-2100.
El plan, pues tiene como gran objetivo adaptarse a las amenazas del cambio climático y tiene en cuenta seis desafíos, enumera Badia. Uno, el citado modelo de precipitaciones. Dos, integra modelos hidrológicos, de inundación y marítimos. Tres, contempla la captación de agua pluvial para evitar que vaya directa al mar y poderla depurar o reutilizar. Cuatro, integra las soluciones de drenaje sostenible alternativas a las habituales. Cinco, se convierte en una herramienta de resiliencia urbana y gestión del riesgo. Y seis, analiza el coste-beneficio.
El diseño de la futura red se apoya en parte en un aumento de 182 hectáreas de sistemas drenantes en las calles. Ejemplo de estos sistemas, que al contrario del asfalto retienen agua, son el parque de Glòries o el entorno del rehabilitado mercado de Sant Antoni. También se cuenta con el programa Azoteas Verdes, de incrementar la vegetación y huertos en lo alto de los edificios. La previsión es que con estos elementos se pudiera gestionar y retener el 28% de la lluvia anual.
Respecto a los depósitos, que almacenan agua cuando las alcantarillas no dan más de sí y desaguan lentamente pasado el episodio de lluvia, la idea es sumar 38 a los 12 existentes, pero que sean de menor tamaño y ubicarlos en la parte alta de la ciudad para doblar su actual capacidad. Además se contempla la construcción de otros 15 depósitos en la parte baja, para incrementar la capacidad de los dos existentes en un 20%. En ambos casos, protegen de inundaciones (de aparcamientos, por ejemplo), reducen los riesgos y evitan que el agua se vierta directamente en el mar. La previsión es de evitar un 60% los vertidos al mar.
El plan estima un presupuesto de 1.400 millones de euros en 80 años. Una cifra astronómica pero que corresponde al gasto anual actual en la red de alcantarillas y saneamiento. El análisis coste-beneficio estima que los daños anuales tangibles por desbordamientos del sistema de saneamiento y drenaje si no se actuara serían de 100 millones al año (sumando daños en propiedades, en actividad comercial y ambientales). Con las infraestructuras planeadas, los costes se reducirían a 20 millones. Con una fórmula que también tiene en cuenta los costes de las inversiones y el mantenimiento, el plan concluye que el gasto anual se reduciría a la mitad, 55 millones de euros.