El PP recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto de Torra de acceso a la vivienda
Fernández dice que esa norma convierte a Cataluña en el “paraíso de los okupas”
El Partido Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra dos decretos del Govern —el 17 / 2019 y el 1/2020— sobre el acceso a la vivienda. Alejandro Fernández, presidente de los populares, aseguró ayer que esa normativa convierte a Cataluña en una especie de “paraíso okupa” y que parece hecha a medida de las “mafias ilegales”. No solo eso: dijo que el decreto, que fue muy bien recibido por las entidades defensoras de la vivienda, es un “insulto” para q...
El Partido Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra dos decretos del Govern —el 17 / 2019 y el 1/2020— sobre el acceso a la vivienda. Alejandro Fernández, presidente de los populares, aseguró ayer que esa normativa convierte a Cataluña en una especie de “paraíso okupa” y que parece hecha a medida de las “mafias ilegales”. No solo eso: dijo que el decreto, que fue muy bien recibido por las entidades defensoras de la vivienda, es un “insulto” para quienes, dijo, esperan un piso social o bien ahorran a través de la vivienda y no especulan.
En una conferencia de prensa en el Parlament, el diputado recordó que antes de que estallara la pandemia ya observó elementos de inconstitucionalidad en tres aspectos de la norma: la expropiación forzosa; el nuevo concepto de grandes tenedores y el de pisos vacíos. El popular sostiene que el decreto es un ataque “frontal” a la propiedad privada y una vulneración de derechos que deja en inferioridad de condiciones a los propietarios catalanes respecto a los de otras comunidades. “La expropiación forzosa de una vivienda vacía es una indefensión ante el okupa y una discriminación”, afirmó apuntando que tanto la Constitución como el Estatut establecen que no se puede vulnerar un derecho fundamental a través de un decreto-ley.
El Govern aprobó en marzo de 2019 un primer decreto de acceso a la vivienda que acabó retirando por falta de consenso con las entidades. Tras negociar con plataformas de defensa de la vivienda y los comunes, el Ejecutivo aprobó en diciembre un nuevo texto que obligaba a los grandes propietarios a que los contratos de alquiler social pasen de tres a siete años; se determina quien es un gran tenedor —a partir de 15 pisos y no en función de los metros cuadrados— y se obliga a los dueños a ofrecer un contrato de alquiler social a personas vulnerables que hayan ocupado una vivienda.
El Parlament convalidó el decreto en febrero y dos semanas después el Consejo de Garantías Estatutarias emitió un dictamen, a propuesta de Ciudadanos, que alertó que el texto vulnera los artículos 9 y 33 de la Constitución. El ente tildó de “irracional” y “arbitrario” el decreto por definir como “vivienda vacía” la que está ocupada ilegalmente y obliga a su dueño a ofrecer un alquiler antes de iniciar una demanda. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideraron que no ofrecer ese alquiler no frena el desahucio.
El posible pacto electoral entre el PP y Ciudadanos está cada vez más en el aire después del acercamiento entre el partido de Arrimadas y el PSOE. De hecho, el portavoz popular Santi Rodríguez les instó a aclararse y a dejar de dar “bandazos”. Fernández reiteró ayer que ya dijo hace tiempo que debían aguardar a los resultados de las elecciones vascas y gallegas para que el proceso se desarrolle. Pero en su valoración fue tan escueto como elocuente. “Para hacer una coalición”, dijo, “se deben cumplir tres elementos básicos: compartir un proyecto, una estrategia para implementarlo y confianza y lealtad entre las partes”.