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Moreno responde a Junts con una nueva deducción fiscal destinada a los celiacos

El presidente de la Junta de Andalucía anuncia una desgravación en el IRPF de hasta 100 euros para familias con celiaquía: “Comer sin gluten no debería ser un lujo”

“Lo siento independentistas, habrá más”. Así respondía el pasado viernes pasada el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, a las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, que acusó al Gobierno andaluz de promover rebajas fiscales para sus habitantes “con el dinero de los catalanes”. El dirigente independentista aludía a los anuncios de deducciones para los dueños de mascotas, usuarios de gimnasios y para el alquiler de vivienda a jóvenes y mayores de 65. Moreno ha cumplido con su advertencia y este lunes ha anunciado una nueva desgravación fiscal en el IRPF de 100 euros para todas las familias con miembros con celiaquía, unas 40.000 en la comunidad: “Comer sin gluten no debería ser un lujo”, ha dicho el barón del PP en un vídeo lanzado en redes pasadas las siete de la mañana.

Esta nueva desgravación en el IRPF sigue la senda de las anteriores anunciadas durante la pasada semana. Primero fue la deducción del 30% de los gastos de veterinario para quienes adquieran un animal de compañía, con un máximo de 100 euros anuales contribuyentes con bases imponibles de hasta 80.000 euros en tributación individual y 100.000 euros en tributación conjunta; un día después anunciaba otra reducción en la tributación de la renta para los usuarios de gimnasios, clubes y federaciones deportivas, sin límite de renta, también hasta un máximo de 100 euros al año ; el jueves se ampliaba la ayuda al alquiles para jóvenes menores de 35 años y mayores de 65 hasta los 1.200 euros para rentas de 25.000. Este lunes, los beneficiados son un total de 30.000 celiacos, el 0,3% de la población andaluza, con un impacto económico de casi cuatro millones de euros. “Es un paso pequeño, pero es un paso adelante, algo es algo”, ha defendido el presidente andaluz.

A las puertas de la campaña electoral, todos los expertos coinciden en que se tratan de medidas electoralistas, que no tienen un gran impacto económico, ni va a suponer un gran ahorro para las personas beneficiarias, pero que sí tienen una carga trascendental por ser rebajas transversales dirigidas a colectivos pertenecientes a la clase media, el sector que le prestó buena parte de sus votos en los comicios de 2022 y que el PP quiere movilizar para garantizarse la mayoría absoluta frente al auge de Vox, la única amenaza sería que temen los populares, con un PSOE en horas bajas.

De todas las medidas anunciadas a lo largo de esta semana y que en total tienen un impacto económico de unos 55 millones de euros -aún queda alguna más por salir, pero de menor trascendencia, indican fuentes de la Consejería de Hacienda-, esta es, quizás, la que menos oposición pueda plantear. Para el caso de los dueños de animales domésticos y de usuarios de gimnasio, la oposición y los economistas adujeron que se trataba de colectivos que no necesitaban de incentivos fiscales para desarrollar unas actividades o una ocupación que era meramente voluntaria. Se cuestionaba además la falta de progresividad de las medidas, porque las deducciones o no tienen límite de renta, como en el caso de los gimnasios, o se aplican a rentas de hasta 10.000 euros.

En el caso de la ampliación de las ayudas al alquiler, de 900 a 1.200 euros, los expertos y formaciones políticas también han advertido de que no es una medida que vaya a solucionar el problema de los precios desorbitados o de la falta de oferta y también su escasa ambición, dado que solo se podrán beneficiar, de acuerdo con los cálculos de Hacienda, 35.000 personas. “La medida es ridícula en cuanto a la gente que afecta y a la cuantía que van a recibir, que son 25 euros más de deducción al mes, que no llega ni a absorber el aumento que la renta de los alquileres ha tenido en Andalucía”, advertía la semana pasada la secretaria general de CC OO Andalucía, Nuria López.

Contra la “Andalucía subvencionada”

En todo caso, los cuestionamientos a la progresividad u oportunidad de las medidas, han quedado en un segundo plano tras las acusaciones de Junts apelando al manido prejuicio de una Andalucía subvencionada a costa de Cataluña. “Con el dinero de los catalanes, los andaluces te subvencionan el gimnasio”, dijo la semana pasada en una entrevista en La “Dentro de su autonomía fiscal, Moreno tiene todo el derecho a proponer sus paquetes fiscales aunque desde Junts se tire del populismo demagógico habitual del nacionalismo catalán”, indica Antonio Hernández Rodicio, periodista y responsable de la práctica de consultoría política y comunicación estratégica de Thinking Heads. La propia ministra de Hacienda y candidata del PSOE de Andalucía a la Junta, María Jesús Montero, también tuvo que salir al paso de las declaraciones del dirigente independentista este fin de semana: “No consentiré retratar a Andalucía como tierra subvencionada, ni a los partidos catalanes ni a la derecha”, dijo este fin de semana en un acto en la provincia de Granada.

Este último paquete de medidas se ha publicitado por la Junta de Andalucía como la séptima bajada de impuestos desde que Moreno preside el Gobierno regional. Sin margen para reducir los tributos de recaudación autonómica -ya ha reducido al máximo las bonificaciones del de sucesiones y donaciones, patrimonio -aunque lo restituyó para combatir el impuesto estatal a las grandes fortunas- y los tramos del IRPF-, las desgravaciones tienen como objeto deducciones fiscales, en la senda de las anunciadas en años anteriores, como las clases particulares de idiomas e informática en academias privadas. “Utilizar el IRPF como plataforma de la política económica parece el nuevo modelo de rebaja impositiva”, sostiene el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, José Ignacio Castillo. “Es una forma para gestionar ayudas que evita las trabas burocráticas y que a las administraciones les cuestiona gestionar, por eso el IRPF va ganando importancia para todo tipo de políticas, algunas más sociales, como la de los celiacos o la vivienda, y otras más cuestionables, como las mascotas, que no es una política social”, explica el economista. “Esto es una muestra más del momento de expansión económica en que vivimos, como cuando el cheque bebé de Zapatero. Cuando cambie el ciclo algunas de estas probablemente serán las primeras en caer”, advierte Castillo.

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