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El juez archiva la causa sobre la construcción de un tanatorio en la que estaba investigado el presidente del PP de Sevilla

El instructor concluye que no existen indicios de delitos de administración desleal, prevaricación y tráfico de influencias en el caso en el que estaban imputadas otras cinco personas

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El juez de Carmona que estaba investigando presuntas irregularidades en la instalación de un tanatorio en la localidad sevillana de Mairena del Alcor ha acordado el archivo de la causa tras constatar que “el resultado de las diligencias practicadas evidencia la ausencia de elementos indiciarios que puedan sustentar otro pronunciamiento que no sea el sobreseimiento y archivo”. La instrucción se centraba sobre las decisiones adoptadas por, entre otros, el anterior alcalde del municipio, y actual presidente del PP de Sevilla y delegado de la Junta en esta provincia, Ricardo Sánchez, al que se le atribuía un presunto delito de administración desleal, y otras cinco personas, entre ellas el actual regidor, Juan Manuel López Domínguez, y Francisco Rodríguez Roa, coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía de la ejecutiva popular y consejero de RTVA.

En su auto, profusamente detallado, el juez explica que la investigación ha tenido como objeto “el proyecto inicial del tanatorio público en Mairena del Alcor en el que resultaron invertidos 21.118,76 euros” y si tras el abandono de este proyecto “como consecuencia de la imposibilidad de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento general”, la construcción de otro tanatorio privado “ha sido llevada a cabo con arreglo a la normativa vigente de aplicación, obteniendo las correspondientes y preceptivas autorizaciones e informes favorables o, por el contrario, existieron presuntas irregularidades cometidas en el proceso constructivo”.

En el caso de Sánchez, que fue alcalde de Mairena entre 2015 y 2019, se investigaba si podía haber incurrido en un delito de administración desleal al haber “abandonado” el proyecto para la construcción de un tanatorio municipal que él aprobó en 2015. La iniciativa no llegó a ejecutarse porque no se modificaron las normas subsidiarias de Planeamiento General, porque los terrenos donde se pretendía edificar estaban calificados como ”suelo urbanizable”. El juez, que en el auto de procesamiento sostuvo que el actual presidente del PP en Sevilla con su actitud, al no impulsar la edificación del complejo funerario, había producido “un evidente perjuicio para los intereses públicos”. En este último fallo, el magistrado sin embargo, concluye que el decreto con el que se puso en marcha este tanatorio -que finalmente ha quedado en un limbo, a pesar de que fue uno de los ejes de la campaña del PP en las municipales de 2019- “no adolecía de ninguna objeción de naturaleza administrativa en el proceso seguido, no apreciándose ningún tipo de injerencia por su parte en el desarrollo de las funciones técnicas desarrolladas por los distintos profesionales intervinientes” en ese expediente.

El juez también ha acordado el archivo de las otras cinco personas investigadas en la causa a las que se le atribuían delitos de prevaricación administrativa, urbanística y tráfico de influencias. En la instrucción se ha buscado esclarecer si “cumplían o no con pleno conocimiento -en cualquiera de los casos- con la normativa urbanística”. En su caso se trataba de dilucidar si, tras el abandono del tanatorio municipal, incurrieron en alguno de los anteriores tipos penales durante la tramitación de la adjudicación, a partir de octubre de 2021, de un tanatorio privad en unos terrenos que en 2017 había adquirido un miembro del PP de otro municipio vecino a través de una empresa y que vendió , cuatro días antes de que se le otorgara la licencia de obras para ese complejo funerario particular, otra empresa perteneciente a la familia de Rodríguez Roa. El magistrado concluye que no incurrieron en una “actuación administrativa manifiestamente injusta y arbitraria, ni que fuese dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de los denunciados y con el conocimiento de que estuviesen actuando en contra del derecho”.

Durante este proceso, que se activó por una denuncia del PSOE -que consideraba la construcción del tanatorio privado y el abandono del municipal “un pelotazo urbanístico”-, Sánchez siempre se ha mostrado tranquilo, asegurando que había actuado “conforme a la ley”. El presidente del PP de Sevilla es una persona muy cercana al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que lo puso al frente de esa agrupación para tratar de apaciguar a todas sus familias políticas, en un momento de fortaleza de esa formación en un territorio tradicionalmente socialista.

La dirección del partido también ha mostrado siempre su confianza en él, hasta el punto de que, hace unos meses, cuando la el PP de Sevilla atravesó por una profunda crisis tras las filtraciones de supuestos sobresueldos en el Ayuntamiento de la capital andaluza, lo mantuvo en su cargo, pese a que sí sustituyó a su número dos, el secretario general, señalado como el responsable de esas filtraciones.

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