Las asociaciones advierten de la “inanición presupuestaria” del Gobierno andaluz en materia de memoria democrática

El proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de Andalucía de 2025 asigna para el desarrollo de políticas de Memoria Democrática 1.244.768 euros, apenas 7.000 euros más que la partida asignada en los actuales. Una cantidad que la Federación Andaluza de Memoria Democrática, que aglutina a la mayoría de asociaciones memorialistas de la comunidad, considera “insuficiente” y que ahonda en la “inanición presupuestaria” a la que el Gobierno de Juan Manuel Moreno lleva sometiendo la gestión de esta materia desde que llegó a la Junta hace seis años.

“El deterioro de las políticas de memoria democrática ha sido progresivo desde que el PP llegó a la Junta, lo que demuestra una falta de voluntad política y de interés”, ha señalado Antonio Manuel Mateos, portavoz de la Federación, este miércoles durante una convocatoria ante los medios de comunicación. “Este presupuesto sigue la misma senda”, ha abundado.

La partida prevista para 2025 supone una merma de casi medio millón de euros (479.948) respecto de lo presupuestado en 2018, en la senda de los recortes en esos fondos, continuos desde que Moreno asumió la presidencia de la Junta. En la memoria que acompaña las cuentas para 2025 se incluyen entre los objetivos el fomento del tejido asociativo memorialista, actuaciones para la reparación de las víctimas y para conseguir su reconocimiento e indemnización, el fomento de lugares de memoria o el estudio de la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra, pero, sin embargo, no figura ninguna dotación económica.

La única referencia explícita de los presupuestos andaluces para 2025 es para la localización, delimitación y exhumación de fosas del franquismo y para la identificación genética de restos. En este sentido, se destinan 115.721 euros para transferencias a corporaciones locales para actuaciones en fosas; 225.439 para estudios y trabajos técnicos que sean realizados por empresas y profesionales y 616.000 euros para la identificación genética y la recuperación de la memoria histórica. El resto (287.608 euros) son para gastos de personal.

Con estas partidas sería imposible acometer los trabajos en la fosa Monumento, en el cementerio de Sevilla, que alberga más cuerpos de represaliados que la vecina Pico Reja, donde se recuperaron 1.786 cuerpos. Se trata de uno de los proyectos de exhumación más ambiciosos a los que el pasado mes de marzo se comprometió el Gobierno, la Junta, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense, pero que con 115.721 euros para toda Andalucía “es imposible que se pueda acometer en 2025″, ha indicado Antonio Díaz Artero, responsable en Sevilla de la federación.

“No esperamos nada de estos presupuestos, no solo por la partida en sí, si no porque no las ejecutan”, ha insistido Mateos. Desde la federación no solo cuestionan los fondos asignados a Memoria Democrática en los próximos presupuestos, sino la escasa ejecución, no solo de las partidas destinadas en las cuentas actuales y en las anteriores, sino el hecho de que se hayan dejado de gastar casi cinco millones de los 9,4 con los que se dotó el I Plan de Memoria Democrática, que contemplaba el período de 2019 a 2022. “La verdadera sangría financiera no se produce en la elaboración teórica de los presupuestos anuales, sino en la ejecución de esos presupuestos. Por ejemplo, del destinado a exhumaciones en exhumaciones en 2022, se ejecutó solo en un 5,8%”, explica su portavoz.

En este tiempo tampoco se han ofrecido de manera regular, como estipula la ley de memoria democrática andaluza de 2017, informes sobre la ejecución por parte de la Junta de las políticas en materia memorialista, a excepción de un escueto informe sobre lo realizado en 2023. La mayoría de las partidas asignadas en ese año, 1,5 millones, se destinaron a actuaciones en fosas (712.328 euros) y en trabajos de identificación genética (788.000 euros), cantidades que, sin embargo, diferían de las estipuladas en los presupuestos de ese curso. De los 1,3 millones de euros, 404.119 euros iban a trabajos de fosas y 312.000 para identificaciones. Para 2024, esa partida se redujo en un 6,7%, quedándose en los 1,2 millones de euros que, con un incremento imperceptible, se siguen manteniendo en 2025.

Las asociaciones memorialistas llevan tiempo denunciando que, aunque en Andalucía, a diferencia de otras comunidades, no se ha abolido la ley de memoria autonómica, su falta de ejecución implica, una “derogación de facto”. En este punto, desde la federación, se llama la atención a la falta de aprobación del II Plan de Memoria Democrática, que debe abarcar desde 2023 a 2027, y del que solo se conoce un borrador que se presentó en marzo de este año, un año después de cuando debería haber entado en vigor.

En ese boceto la partida destinada a actuaciones para 2025 era de 1.324.000 euros, 79.232 menos que la asignada en los presupuestos para el próximo año. “Ni siquiera se han molestado en cuadrar las cifras que ellos mismos planteaban”.

La federación lleva tiempo denunciando el abandono de las actuaciones relacionadas con la designación de lugares de memoria, impulso de investigaciones y del movimiento memorialista. “Esto está recogido en la ley andaluza. Hasta 2019 se reconocieron 50, desde que está el PP se han declarado tres lugares de memoria de 17 solicitudes que siguen sin responder”, ha indicado Mateos. “No se ha invertido en proyectos de investigación, ni en acompañamiento a víctimas”, ha incidido.

Pero, sobre todo, llaman la atención sobre la parálisis en la identificación del ADN. Aunque sí se abren fosas, las exhumaciones están paralizadas, mientras las muestras de ADN aportadas por los familiares aguardan a ser cotejadas con la de los restos de represaliados que se han identificado, pero que siguen sepultados. “La falta de inversión de la Junta está ralentizando todo el proceso de exhumación, si se hubieran mantenido las partidas, se hubieran abierto las 704 fosas que hay en Andalucía”, ha asegurado Mateos.

El portavoz de la federación ha advertido de cómo el acuerdo para la identificación de ADN prorrogado en 2023 entre la Junta y el Instituto de Estudios Genéticos de la Universidad de Granada. “No está actualizado para las nuevas necesidades ni ha podido dar respuesta a las 2.085 familias que aguardan para el cotejo de 3.200 cuerpos exhumados en 64 fosas”, ha señalado Mateos.

La mayoría de los trabajos de localización y exhumaciones se están realizando en Andalucía gracias a las aportaciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. “Si no fuera así, este tipo de intervenciones hace tiempo que hubieran desaparecido en Andalucía”, advierten desde la federación, en alusión a la mínima implicación de la Junta en estas actividades. Entre 2020 y 2023 el Gobierno ha transferido a Ayuntamientos y Diputaciones 5.887.091 euros.