Dimite el director de la Oficina Antifraude andaluza para preservar su plaza en la Audiencia tras el acuerdo de renovación del CGPJ
Ricardo Puyol, que asumió su cargo en 2021, justifica su renuncia por la reforma de la Ley del Poder Judicial pactada entre PSOE y PP que impediría su regreso a la judicatura hasta dos años después de cesar en su actual función
El director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), Ricardo Puyol, ha presentado su renuncia a su cargo tres años después de su nombramiento. Puyol ha justificado su decisión en su inquietud por no poder reingresar a su plaza como magistrado de la Audiencia Provincial de Granda, tras el acuerdo alcanzado esta semana por el PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El pacto, tal y como se explica en el comunicado remitido por la OAAF, incluye la reforma por la vía de urgencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, con ella, la modificación de los criterios de reincorporación de los jueces en situación de servicios especiales que hayan sido nombrados para un cargo político de confianza, como es su caso, impidiendo su vuelta al servicio activo hasta que transcurran dos años desde su cese en su puesto.
Puyol asumió su cargo como director de la OAAF el 14 de octubre, una entidad creada por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos para depurar comportamientos impropios y con un canal confidencial de denuncias anónimas. El ya exdirector de esta entidad estaba familiarizado con los casos de corrupción puesto que durante su etapa como magistrado-juez titular de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Marbella (Málaga) dirigió la investigación de casos de la envergadura de Malaya o Goldfinger.
La renuncia de Puyol llega también dos semanas después de que el Parlamento andaluz convalidara el decreto ley que modifica la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía para regular el procedimiento que debe seguir un ex alto cargo durante los dos años posteriores a su cese en el caso de que vuelva a ejercer tras el mismo una actividad privada, una de las normas cuya correcta aplicación también vigila la OAAF. Su director, en una entrevista concedida a este diario el pasado 7 de mayo, reconocía que la ley de incompatibilidades debía mejorarse técnicamente y apelaba a los grupos políticos a que recabaran la colaboración de la oficina y que “los servicios jurídicos de la OAAF pudieran informar sobre esos aspectos”.
Precisamente, sobre el incumplimiento de esa norma por parte del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, cuando decidió incorporarse a la aseguradora Asisa menos de tres meses después de renunciar a su puesto y después de haberle concedido 44 millones en ayudas mientras ocupaba el cargo de gerente del Servicio Andaluz de Salud, debe pronunciarse la OAAF. Es uno de los últimos casos de incompatibilidades de altos cargos de la administración que se han denunciado ante la entidad, a petición de los partidos Adelante Andalucía, Por Andalucía y la asociación de consumidores Facua.
Tras un arranque de perfil bajo, la OAAF cobró trascendencia pública tras su resolución en la que pedía la sanción del director de Pesca de la Consejería de Agricultura por compaginar su condición de alto cargo de la Junta con el de apoderado de una empresa pesquera y no haberse inhibido en los procedimientos de ayudas a esa y a otra empresa familiar también vinculada con la pesca. La tibieza del fallo definitivo, que contrastaba con la contundencia de la propuesta de sanción de su resolución previa hizo que las formaciones políticas, en especial el PSOE que fue quien interpuso la denuncia, cuestionaran la independencia de la Oficina. En la entrevista con EL PAÍS, Puyol se mostró muy molesto porque esa primera resolución preliminar hubiera trascendido, pero se reafirmó en el papel de la OAAF. “El director de pesca fue sancionado. Se podrá estar más o menos de acuerdo con la sanción, pero el procedimiento funcionó”, explicaba.
Poco antes de ese encuentro, el PSOE había presentado otra petición para que la OAAF indagara si el audio del presidente del PP de Jaén en el que informaba sobre las bases de un concurso público a un exdiputado de Cs antes de que se hubieran hecho públicas incurría en tráfico de influencias. Puyol no escondió su inquietud entonces por la posibilidad de que la OAAF acabará teniendo un uso político y partidista.
El ya exdirector será relevado por Marta Blázquez Expósito, la titular de la Dirección Adjunta de la OAAF.