El director de la Oficina Andaluza Antifraude:“El número de denuncias debería crecer mucho más”

Los GPS de muchos taxis en Sevilla aún no localizan de manera inmediata la ubicación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), pese a que se creó en 2021. Sin embargo, en los últimos meses, esta entidad sí ha cobrado protagonismo en los medios de comunicación, no porque las denuncias se hayan incrementado en un 1.300% durante 2023, sino por la investigación ...

Los GPS de muchos taxis en Sevilla aún no localizan de manera inmediata la ubicación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), pese a que se creó en 2021. Sin embargo, en los últimos meses, esta entidad sí ha cobrado protagonismo en los medios de comunicación, no porque las denuncias se hayan incrementado en un 1.300% durante 2023, sino por la investigación sobre el supuesto conflicto de intereses del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, que aceptó un puesto en la aseguradora Asisa, a quien otorgó 14 contratos por 44 millones de euros, apenas tres meses después de dejar su cargo en la Junta.

“Estamos a la espera de que la aseguradora nos remita la información que le hemos pedido”, explica a este diario Ricardo Puyol, director de la OAAF, durante una entrevista que tuvo lugar el pasado 7 de mayo. La oficina recibió a principios de abril sendas denuncias de Por Andalucía, Adelante Andalucía y la organización de consumidores Facua para investigar el fichaje de Guzmán. Aunque la Junta de oficio dictaminó que el antiguo viceconsejero no podría incorporarse a su cargo en Asisa hasta principios de agosto —fecha en la que se cumplían los dos años desde que dejó su cargo como gerente del SAS, en virtud del cual suscribió los contratos con Asisa―, la OAAF tiene competencias para investigar por su cuenta si existe incompatibilidad y para sancionarla, en su caso.

Esta polémica abrió también el debate sobre la modificación de la ley de incompatibilidades de altos cargos de Andalucía, cuya reforma tiene prevista acometer el Gobierno andaluz a instancias de su propio presidente, Juan Manuel Moreno. El dirigente del PP cuestionó la falta de claridad de la redacción de su articulado y los dos años de barbecho para los cargos públicos, unas críticas que comparte hasta cierto punto el responsable de la OAAF, encargada de supervisar que los comportamientos denunciados se adecúan a esta norma.

“Hay algunos tipos de infracción de la ley en los que sería recomendable una mejora técnica en la redacción, por ejemplo, la que compete a este caso [del exviceconsejero] en donde se examina la prohibición de los períodos de carencia cuando se cesa en un cargo: cuánto tiempo, en qué condiciones y ante qué tipo de actividades debe ser uno incompatible”, indica Puyol. “Si extremamos los períodos de carencia, la pregunta es quién se termina viniendo a dar lo mejor de sí mismo al sector público, pero los dos años es el término común en toda la legislación española en materia de incompatibilidad”, abunda.

El director de la OAAF llama a todos los grupos políticos a “iniciar un debate” sobre este asunto, pero reclama que su oficina forme parte de esa reflexión. “Podemos hacerlo de manera discrecional, pero sería recomendable que nos preguntaran e incluso que pudiéramos informar sobre estos aspectos desde nuestros servicios jurídicos”, reclama Puyol.

La OAAF ha recibido recientemente una petición del PSOE para que indague si el audio en el que el presidente del PP de Jaén informaba sobre las bases de un concurso público a un exdiputado de Ciudadanos antes de que se hubieran hecho públicas incurre en tráfico de influencias. La oficina ya ha sancionado a otro alto cargo de la Junta por incompatibilidad. Se trata del director de Pesca de la Consejería de Agricultura, denunciado por el PSOE por compaginar su condición de alto cargo de la administración con la de apoderado de una empresa pesquera y no haberse inhibido en los procedimientos de ayudas a la misma. Sorprendió, sin embargo, la tibieza de la resolución final que contrastaba con la contundencia de su propuesta de resolución previa. “Ese informe no tenía en cuenta las alegaciones que se presentaron por el director de pesca, pero fue sancionado. Se podrá estar más o menos de acuerdo con la sanción, pero el procedimiento funcionó”, zanja Puyol, quien no esconde su malestar por la filtración de esa primera resolución preliminar. Un comportamiento que hace recelar al director de la OAAF del uso político que pueda hacerse de esta oficina.

“Los ciudadanos desconocen que pueden denunciar ante la OAAF”

Pero la mayoría de las 854 denuncias que ha recibido en este tiempo la OAAF no provienen de partidos políticos, sino que han sido presentadas bajo la condición de anonimato, uno de los elementos que “favorecen las denuncias ante esta entidad”, indica Puyol. Este órgano de extracción parlamentaria fue creado en 2021 por el Gobierno de PP y Ciudadanos para depurar comportamientos impropios en el manejo de fondos públicos y actuaciones corruptas, fraudulentas o conflictos de intereses en el seno de la administración autónoma, las locales andaluzas, las universidades y las empresas que contraten con esta. Pero también cuenta con un canal confidencial de denuncias anónimas y un reglamento que garantiza la protección del denunciante.

Sin embargo, esa protección decae en el momento en que en los casos que está investigando la OAAF hay indicios de delito y deben ser trasladado a la Fiscalía. “Nos hemos encontrado muchos escollos en materia de protección al denunciante. En el momento en que se abre un proceso penal, debe identificarse y someterse a los principios rectores del procedimiento. Eso no está resuelto en la ley”, advierte Puyol.

El 45% de las denuncias presentadas se han dirigido contra entes locales, el 30% contra la Junta, el 12% contra otros organismos, el 3% contra universidades y un 10% no tenía una entidad conocida. Puyol considera, que el número de denuncias, pese a haber crecido exponencialmente, es muy bajo, teniendo en cuenta las dimensiones del sistema administrativo andaluz, el segundo más importante de España después de la Administración general del Estado. “El ámbito del sector público sobre el que ejercemos la función de supervisión y control es muy amplio en extensión, por lo que la ratio de denuncias tiene que crecer más”, afirma.

Lo que sí se sujeta a lo previsto son los tipos de denuncias. El 34% tiene que ver con problemas de nombramiento de personal, el 14% con autorizaciones, licencias y urbanismo, el 9% con contratos y solo un 5% versan sobre incompatibilidades. “El mapa de riesgos empieza por la contratación pública, pasa por el régimen de selección de personal y en el caso de Andalucía tenemos un problema autóctono con el urbanismo, porque tenemos muchos kilómetros de costa”, indica Puyol. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos desconoce que puede iniciar un proceso a través de la OAAF. En afianzar su penetración en la sociedad es a lo que dedica buena parte de su actividad Puyol, que en este tiempo no ha parado de dar conferencias y suscribir convenios de colaboración con colegios profesionales y otras entidades.

“La clase gobernante debería hacer una reflexión sobre la corrupción”

Puyol es un buen conocedor de la corrupción, de lo que significa y de cómo combatirla. Instruyó casos de la envergadura de Malaya o Godfinger (donde investigó a Sean Connery) durante su época como juez en Marbella. La entidad que dirige fue creada, entre otras cosas, por el “rechazo de parte de la ciudadanía” de los “sucesos de fraude y corrupción empresarial, institucional y política” vividos en la comunidad en los últimos años, según el preámbulo de la ley que la regula. Una sensación que parece seguir, si nos atenemos al último barómetro del Centro de Estudios Andaluces que sitúa a la corrupción y la insatisfacción política como la principal preocupación de los ciudadanos (28,3%), muy por encima de la segunda: el paro (10,9%).

Sin embargo, el magistrado, en excedencia, rebaja el pesimismo. “La realidad estadística es que, según el Consejo General del Poder Judicial, en los años 2022 y 2023 el número de trámites penales por casos de corrupción no pasa de 172 a nivel nacional. La tasa de percepción de la corrupción es superior a la realidad estadística”, advierte. Puyol ofrece dos razones: “Hay bolsas de opacidad que no permiten que determinados asuntos leguen a juicio, porque no se denuncian, y para eso esta oficina cumple un papel relevante, pero también porque hay muchas noticias sobe las corrupciones de los partidos políticos”, sostiene Puyol. “La clase gobernante debería hacer una reflexión sobre lo que está pasando”, zanja.