Miles de docentes en huelga en Andalucía reclaman un aumento de la plantilla: “Me siento como una apagafuegos”

Impotencia, desbordamiento, agotamiento y frustración. Así definen su estado de ánimo algunos de los docentes que este martes han secundado la jornada de huelga educativa en Andalucía convocada por los sindicatos Anpe, Ustea y CC OO. Las organizaciones convocantes reclaman un incremento de la plantilla en todos los ciclos y especialidades —que cifran en hasta 12.000 profesores más―, una bajada de la ratio, l...

Impotencia, desbordamiento, agotamiento y frustración. Así definen su estado de ánimo algunos de los docentes que este martes han secundado la jornada de huelga educativa en Andalucía convocada por los sindicatos Anpe, Ustea y CC OO. Las organizaciones convocantes reclaman un incremento de la plantilla en todos los ciclos y especialidades —que cifran en hasta 12.000 profesores más―, una bajada de la ratio, la mejora en la atención a la diversidad y una reducción de la carga burocrática y administrativa de los profesionales que tienen que sumar a la labor de enseñanza. Con el paro, las tres formaciones buscan forzar a la Junta a que retome el diálogo sobre estas demandas que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP rompió unilateralmente el 1 de abril, alegando que con la prórroga de los Presupuestos Generales de Estado había menos margen de maniobra.

“Reclamamos un incremento de la plantilla docente para bajar la ratio, atender a alumnos con necesidades especiales y bajar la carga burocrática, porque necesitamos tiempo para preparar las clases. Son medidas que refuerzan la escuela pública andaluza y dignifican la labor del profesorado”, ha señalado Carmen Yuste de Ustea en el arranque de la manifestación que los sindicatos han convocado en Sevilla a las 12 de la mañana. A la misma hora también comenzaban las marchas en el resto de capitales andaluzas, en las que han participado alrededor de 7.000 personas, según las cifras facilitadas por Delegación de Gobierno (1.500 en Córdoba y Málaga; 1.400 en Sevilla; 900 en Almería; 850 en Cádiz; 600 en Granada, 400 en Huelva y 250 en Jaén). “La excusa no puede ser que no se han aprobado los presupuestos, porque esta negociación era a medio plazo”, ha abundado Francisco Padilla, de Anpe.

Los datos de participación difieren sustancialmente. Mientras que los convocantes cifran el seguimiento del paro en un 60%, desde la Junta se ha informado de que, a las ocho de la tarde , solo lo había secundado el 5,8% de una plantilla de 108.000 docentes. “Esto avala que no había motivos de peso para la huelga”, ha asegurado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

Mientras la administración alega que en el sistema hay 7.000 profesores, más que hace cinco años, y que este curso empezó con un incremento neto de 41 aulas y un descenso de 19.000 alumnos, o que el 92,8% de las unidades de Infantil y Primaria tienen menos de 25 alumnos de ratio (el tope máximo) y el 92% de las de Secundaria, menos de 30 (el límite permitido), desde los sindicatos acusan a la Consejería de Desarrollo Educativo de “manipular” unos datos que “no están contrastados” —y que, además evidencia que hay un 8% de clases con ratios ilegales―, e insisten en que en este año se han recortado 600 clases, que se suman a las casi 2.000 suprimidas desde la llegada de Juan Manuel Moreno al Gobierno autónomo. “Esta huelga es la consecuencia de que la consejera no entiende nada, que usa la escuela pública como propaganda, que deje de retorcer los datos”, ha abundado Yuste.

Precisamente una ratio por encima de los 35 alumnos que se admiten en Bachillerato y la carga burocrática que no le permite “preparar las clases”, son los motivos por los que Ana Bastida, profesora de Inglés de un Instituto de Aguilar de la Frontera (Córdoba), ha decidido sumarse a la huelga. “Con la matriculación sobrevenida nos plantamos en clases de 37 alumnos. A las dificultades de enseñar a tantos, se suma tener que corregir los exámenes, más las horas de tutoría y las guardias, lo que me obliga a alargar la jornada laboral para preparar las clases”, explica. A esto añade la carga burocrática que implica subir informes a la plataforma digital de los centros públicos de la Junta. “Cada paso genera muchísima documentación”. Tiene 30 años y se sacó la plaza en 2021. Pese a que sufre la impotencia de sentirse incapaz de poder hacerle llegar a sus 37 alumnos los conocimientos con la misma intensidad que si tuviera 25 —”los que pueden pagarse clases particulares salen adelante, pero los que no, acaban desmotivados”, advierte―, sigue teniendo ilusión por la docencia. “Es necesario llamar la atención y dar un impulso para que todos nos impliquemos y nos preocupemos por mejorar la calidad de la enseñanza”, defiende.

Águeda Sánchez es profesora interina de Secundaria de Geografía e Historia. Este curso aún no ha trabajado, aunque espera poderse trasladar de Sevilla, donde vive, a Almería, la semana que viene. “La bolsa avanza muy lentamente y luego me encuentro muchas veces con que voy a centros donde los profesores de Lengua están dando mi especialidad, cuando yo estoy a la espera, porque los centros tienen que administrar los recursos que tienen”, señala. “Ese es mi motivo de la huelga. Ofreciendo más plazas se evitaría este problema, porque hay muchos profesores que están impartiendo materias que no son su especialidad en cursos donde son importantes, y en clases con el máximo de alumnos”, añade. “Este problema se podría resolver con más profesores, pero para eso hay que invertir dinero de verdad”, alega.

La situación no es mejor en la FP, una enseñanza prioritaria para la Junta. “Hay saturación en la FP pública y eso favorece a las privadas que ofrecen los mismos ciclos, que captan a los alumnos ante el miedo de quedarse sin plaza”, advierte Pilar González, profesora de la especialidad de Informática en un centro de Málaga. Uno de los motivos por los que ella secunda la huelga es para reclamar que la administración amplíe los ciclos y especialidades para ampliar la oferta frente a los centros privados. “Se está moviendo mucho dinero allí”, advierte. Sabe de lo que habla porque con 36 años de experiencia, ha conocido todos los altibajos de esta formación. “Nuestra burocracia se ha ampliado, porque con la FP dual, tenemos que encargarnos de buscar empresas, de tramitar las altas de la Seguridad Social a los alumnos…”, añade. No habla de la falta de dotación o los equipos obsoletos, “porque ese no es el objeto de la huelga”, pero sí comparte la preocupación por la ratio. “Entre mis 30 alumnos hay varios con necesidades especiales, yo soy informática, no pedagoga y necesito un apoyo especializado del que carecemos”, señala, compartiendo la misma preocupación que Bastida y Sánchez.

“No hay tiempo físico”

El refuerzo a la atención a la diversidad, con un mayor número de especialistas —pedagogos terapéuticos (PT), de audición y lenguaje (AL) y orientadores― es otro de los motivos por los que se ha convocado la huelga. “Estamos bajo mínimos. En la mayoría de casos compartimos centro, esto la Junta lo llama optimizar recursos”, ironiza Carlos Gutiérrez, PT en un colegio de Sevilla sobre la situación de estos profesionales. “Mi compañera AL viene al centro cada dos días, por lo que la atención a los niños es de 30 minutos por semana y eso si el chaval ese día ha ido al colegio. No estar la jornada completa en el centro, provoca problemas de coordinación con los tutores y las familias”, señala. Aprobar una normativa que limite la ratio por especialista por ley es una de las demandas principales de este colectivo. “Yo tengo 27 alumnos, más 10 o 12 a la espera de evaluación, y es complicadísimo poder coordinarme con la tutora, con la AL o la orientadora. No hay tiempo físico”, zanja.

Paula Martínez es orientadora en un Equipo de Orientación Educativa de Granada. Al atender a Primaria y Secundaria van rotando por centros, a diferencia de Secundaria, donde los orientadores están fijos en los institutos. “Realizamos las mismas funciones, pero con este sistema solo nos da tiempo a hacer evaluaciones psicopedagógicas, cuando también tenemos otras obligaciones como las de observar, atender casos de acoso..”, explica. “Me siento como una apagafuegos, estoy desbordada”, añade. Su colectivo demanda que haya un orientador cada 250 alumnos y que la ampliación de la plantilla gracias a los fondos covid se convierta en estructural.

Desde la Junta también se hace hincapié en que desde 2018 se han incrementado los recursos materiales y humanos destinados a la educación especial. Pero Martínez no lo ha notado. “La sensación es de que nunca termino de hacer nada de lo que quiero y debo hacer. No se puede normalizar esta situación”, dice. Aún recuerda cuando a final del curso 2020-2021 tuvo que ser hospitalizada por un ataque de ansiedad “por la sensación de impotencia” que tenía.

Todas estas reivindicaciones son compartidas por buena parte de la comunidad educativa, como recalca Rocío Vegines, representante de la Federación de Ampas de la provincia de Sevilla. “Debemos apoyar la huelga. En Andalucía se ha utilizado la bajada de la natalidad para cerrar aulas y, mientras, tenemos 25 niños por clase en Primaria, varios con necesidades específicas y sin recursos para atender esa diversidad en igualdad de condiciones”, señala la madre. “Esto no acaba aquí”, advierte Yuste. “Si no encontramos respuesta, continuarán las movilizaciones”.

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