Más de año y medio y tres intentos para una eutanasia bloqueada: “Todo es una traba. Estamos en un limbo”

José Díaz, de 33 años, aún puede mover con dificultad el brazo y la cabeza. Eso le sirve para asentir o denegar y para trazar letras sobre la mesa cuando quiere decirles a su hermana y a su madre algo más complejo que un sí o un no. Ese brazo dio un respingo de alegría (alzándose con la mano apretada en forma de puño) cuando a finales del año pasado su nueva médico de cabecera accedió a ser su médico responsable, el primer paso para conseguir una eutanasia que se le había denegado a lo largo del año anterior.

Un signo de triunfo que se ha tornado, de nuevo, en frustración. Desde ese mom...

José Díaz, de 33 años, aún puede mover con dificultad el brazo y la cabeza. Eso le sirve para asentir o denegar y para trazar letras sobre la mesa cuando quiere decirles a su hermana y a su madre algo más complejo que un sí o un no. Ese brazo dio un respingo de alegría (alzándose con la mano apretada en forma de puño) cuando a finales del año pasado su nueva médico de cabecera accedió a ser su médico responsable, el primer paso para conseguir una eutanasia que se le había denegado a lo largo del año anterior.

Un signo de triunfo que se ha tornado, de nuevo, en frustración. Desde ese momento, los problemas burocráticos y de gestión administrativa, sumados a la negligencia en su centro de salud a la hora de cumplir con los plazos reconocidos en la ley, han convertido su esperanza en una desesperación que se ha recrudecido en estos últimos 15 días. El martes le confirmaron en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva que el centro no dispone de médicos —los que supervisan el proceso— porque todos son objetores de conciencia. La noticia llega una semana después de que le comunicaran que tendría que pasar un año para poder contar con ese profesional, porque hasta entonces no disponían del neurólogo que debía asumir esa tarea. “Estamos en un limbo. No sé qué vamos a hacer”, cuenta Sandra, que no encuentra la manera de darle la mala noticia a su hermano, a quien la espera ha sumido en una agonía que hace más insufribles los dolores constantes e insoportables con los que convive desde que el 26 de marzo de 2021 sufriera un accidente doméstico.

“Todo es una traba, todo es un impedimento y estoy ya muy cansada”, cuenta Sandra. Eva Camps, portavoz en Andalucía de la ONG Derecho a Morir Dignamente [DMD], se pregunta: “¿De verdad en toda Huelva no hay un profesional que pueda hacer de médico consultor? Solo tiene que corroborar que cumple los requisitos que exige la ley”, señala. “Esto es una falta de respeto intolerable, ¡qué manera de ningunear el dolor y el sufrimiento ajeno!, además de ser un incumplimiento total de la legislación vigente”, denuncia.

“Cualquiera que vea a mi hermano a simple vista se va a dar cuenta de que no es digno vivir así”, subraya Sandra, envuelta en desesperación. Su hermano ha perdido la vista, ya no puede tragar la comida y hay que limpiarle la boca constantemente porque se ahoga con su propia saliva. Tiene los miembros agarrotados y los parches de fentanilo para soportar el dolor no se lo alivian. Su sufrimiento es cada vez más intolerable y el hecho de que sea completamente consciente de su degradación física lo hace insoportable. “Le dan ataques de ansiedad ante su padecimiento, él no quiere vivir artificialmente y no hay solución para sus dolores”, subraya su hermana.

El 22 de enero cumplía el plazo legal para que se le asignara un médico consultor, un facultativo al que lleva esperando desde el 12 de ese mismo mes, después de iniciar por tercera vez los trámites para cumplir con su derecho a una muerte digna. Es el último intervalo de tiempo establecido en la ley que se ha incumplido en un proceso lleno de obstáculos desde que solicitara la eutanasia por primera vez el 26 de junio de 2022, después de que José tratara de quitarse la vida en dos ocasiones.

Entonces, su médico de cabecera se declaró objetor y tuvieron que irse hasta Manzanilla, a más de una hora en coche desde Huelva para conseguir que otro facultativo accediera a hacerle las revisiones médicas. “Todo se hizo mal desde el primer momento, porque, aunque ese médico no estaba en el registro de objetores, a mi madre le dijo que si había visto la película Mar adentro [sobre la muerte de Ramón Sampedro, el primer español en pedir la eutanasia] y que eso era un asesinato”. Todos los informes que redactó el sanitario fueron desfavorables. “Hubo muchas irregularidades, faltó mucha documentación”, indica Sandra.

“Para nosotros, cada pasito que damos en el cumplimiento de unos derechos que tenemos reconocidos es como una victoria, y el último freno de mano que nos han echado está siendo un tormento”, resume Sandra. Ese último obstáculo se ha convertido para ella en un muro que ahora mismo considera infranqueable. Hasta el martes, creía que podía salvar la decisión del Juan Ramón Jiménez de que fuera un neurólogo quien asumiera la tarea de médico consultor, porque la ley que regula la eutanasia no exige que tenga que ser un especialista determinado quien ejerza esa función. Puede hacerlo cualquier médico, pese a que en el centro de salud se haya insistido en que sea un neurólogo. Pero la confirmación de que todos los facultativos capacitados del centro son objetores se ha convertido en una losa que ha acabado de hundir sus menguadas esperanzas de culminar el proceso con éxito.

La familia recurrió ante el contencioso-administrativo la decisión de la comisión de garantías de no declararlo apto y perdió. Ante la posibilidad de gastar más tiempo —que José no quiere vivir— en recursos, decidieron iniciar de nuevo los trámites de la eutanasia. Partían de cero, pero con la experiencia de todo lo que había fallado en el primer intento. Por eso, en esta segunda ocasión, Sandra acudió a DMD para asesorarse, cambió de centro de salud a su hermano para conseguir un médico responsable que no fuera objetor y ella misma, de madrugada, cuando salía de trabajar de su turno de noche, se ponía a aprenderse la ley.

“Hay que tener una vida digna, pero también una muerte digna”. Cuando Sandra escuchó estas palabras de boca de la nueva médica de cabecera de su hermano, se emocionó. “Se nos volvía a abrir un hueco de esperanza”, explica, porque había dado con una profesional responsable que no era objetora. Puso en marcha el proceso el 18 de diciembre de 2023. Sin embargo, en esa segunda ocasión se topó con dos problemas: la falta de cita para diseñar el testamento vital, por carencias de personal en la Junta de Andalucía y las dudas sobre la nacionalidad española de su hermano, que, al parecer, no estaba bien acreditada. Aunque se adjuntó una copia del DNI, se les indicó que había que volver a poner en marcha el proceso.

El tercer intento de José para conseguir la eutanasia se inició el 28 de diciembre. Sandra ha estado detrás del centro de salud para advertirles de que los plazos estaban expirando y de que había que seguir avanzando en la tramitación. “No he parado de ir a la consulta para explicarles que tenían que emitir los distintos informes”, recuerda. En este tiempo, y tras llamar la atención a través de los medios de comunicación, entre ellos este diario, también consiguieron registrar su voluntad vital anticipada hace solo unas semanas. El 12 de enero se elevó la petición del médico consultor, indicando que tenía que ser un neurólogo, cuando puede ser cualquier facultativo. Más de un mes después, le dicen que todos, incluido ese neurólogo, son objetores.

34 eutanasias en Andalucía en 2023

“José lleva solicitando la eutanasia desde el verano de 2022, ha pasado por objetores bloqueadores, falta de profesionalidad, de respeto, ha ido a la justicia y sigue luchando, pero es intolerable lo que le están haciendo pasar”, resume Camps. A lo largo de 2023, en Andalucía se presentaron 56 solicitudes de eutanasia, según los datos facilitados por la Consejería de Salud, de las que 40 han dado lugar a la apertura de expediente por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación. En 34 de ellas, el proceso llegó hasta el final. En el resto, los solicitantes fallecieron antes.

“Durante estos dos años y medio de vigencia de la ley, el obstáculo más generalizado ha sido el alargamiento excesivo e injustificado de los plazos del proceso. De los 25 días que podría durar desde la primera solicitud hasta que se autoriza la eutanasia, lo más habitual es que dure más de 50″, señala Eva Camps. “En el contexto de extrema debilidad y sufrimiento en el que se producen la mayoría de estas peticiones, un porcentaje significativo terminan en que la persona fallece antes de concluirlo”, subraya. Sandra se resiste a que su hermano forme parte de esa última estadística y sigue esforzándose en obtener victorias en el camino para que consiga la paz, lo que se ha convertido en una batalla constante por cumplir los derechos que le reconoce la ley. Y no está dispuesta a esperar más.