Huelva guarda en un cajón los estudios científicos que señalan el riesgo de sepultar residuos tóxicos junto a la ciudad

Los científicos estudian desde 1998 las balsas de fosfoyesos de Huelva -con 120 millones de toneladas de residuos tóxicos junto a la ciudad- y sus conclusiones son claras: el plan previsto por la empresa Fertiberia para enterrarlos bajo un metro de tierra y arcilla implica un serio riesgo de colapso, un accidente que traería consecuencias catastróficas para la ciudad andaluza, con 150.000 habitantes y situada a solo 500 metros de estos desechos industriales. Sin...

Los científicos estudian desde 1998 las balsas de fosfoyesos de Huelva -con 120 millones de toneladas de residuos tóxicos junto a la ciudad- y sus conclusiones son claras: el plan previsto por la empresa Fertiberia para enterrarlos bajo un metro de tierra y arcilla implica un serio riesgo de colapso, un accidente que traería consecuencias catastróficas para la ciudad andaluza, con 150.000 habitantes y situada a solo 500 metros de estos desechos industriales. Sin embargo, el dictamen unánime de la ciencia no ha gustado al Ayuntamiento (PSOE), que en 2015 encargó a los expertos sus análisis y desde hace un año y medio los oculta en un cajón.

“Enterremos a la ciencia porque no nos gusta lo que dice, y olvidémonos de los fosfoyesos a pesar del problema demostrado de estabilidad estructural. ¿Hasta cuándo? No sabemos cuándo se producirá la tormenta perfecta, pero estamos en un sitio único en el mundo porque no hay apilamientos de fosfoyesos sobre una marisma”, denuncia uno de los investigadores de la Universidad de Huelva. El científico exige anonimato porque fue obligado a firmar una cláusula de confidencialidad que le prohíbe difundir información sin la autorización del Consistorio.

Las conclusiones contrarias al plan de Fertiberia no han trascendido al Ministerio para la Transición Ecológica, que dio su visto bueno al proyecto de restauración en 2020, ni tampoco a la Junta de Andalucía, que ultima su permiso medioambiental para que antes de finales de año empiecen las obras. De este modo, las Administraciones prevén autorizar un plan tasado en 66 millones y que durará una década, en contra de las investigaciones científicas desarrolladas entre 2015 y 2020.

El Ayuntamiento, que emitió un estudio de compatibilidad urbanística del proyecto, rechaza explicar por qué ha evitado divulgar las alertas de los 20 científicos de las universidades de Huelva y Granada, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Geológico y Minero (IGME) y el ISGlobal. El alcalde socialista, Gabriel Cruz, encomendó los estudios en 2015, pero tras la declaración de impacto favorable del ministerio en septiembre de 2020, convocó la última reunión del órgano de participación -al que informan los científicos- el 29 de diciembre de ese año. Ese día, dos científicos advirtieron del peligro de derrumbamiento y contaminación que entraña el plan de Fertiberia ante partidos políticos, sindicatos y colectivos vecinales y ecologistas. Desde entonces, silencio.

“Me siento ninguneado por el Ayuntamiento, pensaba que la ciencia iba a influir para la restauración y no sé qué papel hemos jugado. Fuimos creados por cuestiones políticas, pero la decisión ya estaba tomada”, se lamenta otro investigador universitario, que también reclama anonimato para evitar una posible demanda judicial. El vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad onubense y presidente del grupo de expertos, José Rodríguez, asegura que el Consistorio -que ha incumplido su compromiso público de informar a la ciudadanía cada seis meses- prevé convocar a los científicos antes de final de verano: “Redactaremos un informe y a partir de ahí la cuestión delicada es hasta qué punto lo haremos público por el compromiso de confidencialidad”.

Después de la declaración de impacto ambiental positiva del ministerio, hace un mes el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio su visto bueno al enterramiento de los fosfoyesos porque ofrece seguridad radiológica, y ahora la pelota está en el tejado de la Junta. Su autorización ambiental integrada visará si hay emisión contaminante a la atmósfera, el vertido de aguas y el posible impacto en la salud de las personas. “Ya tenemos el plato servido desde el ministerio y no podemos rebatirlo”, comentan fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible, cuya delegación en Huelva, sin expertos en geotecnia, geodinámica e hidrología, dará previsiblemente su visto bueno al plan de restauración este verano.

Tras cinco décadas de acumulación de residuos procedentes de la fabricación de fertilizantes que acabaron en 2010, los científicos han estudiado la estabilidad estructural de las balsas, su hundimiento progresivo debido a las pirámides de hasta 25 metros que acumula, la contaminación que provocan las mareas en el estuario del río Tinto y cómo reaccionaría el apilamiento ante un posible terremoto o tsunami. Las conclusiones sobre el plan de restauración previsto son inquietantes.

“La deformación del sustrato de soporte es continua en el tiempo, al igual que el hundimiento de la zona frontal del apilamiento de la zona 2. Confirmándose claramente el grave riesgo de colapso del apilamiento”, avisa el último estudio del grupo de Geología del Subsuelo y Geotecnia de la Universidad onubense.

La principal amenaza proviene de la estabilidad de las balsas, que se hunden a gran velocidad debido a que están asentadas bajo fango de forma heterogénea, en ciertas zonas con hasta 25 metros de lodos y otras solo cinco. El hundimiento del apilamiento es “vertiginoso”, en palabras de un tercer investigador que también firmó la cláusula de confidencialidad, del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada, que ha comprobado cómo al mismo tiempo que las balsas se deprimen, el fondo del canal se eleva. “Las deformaciones verticales llegan a 21.5 cm/año y acumulan movimientos de hasta 80 centímetros en el periodo monitorizado”, refleja el estudio de esa universidad. Copérnico, el programa de observación de la Tierra de la Comisión Europea, permite consultar en línea este hundimiento desde hace escasas semanas.

“Al hundirse, o la estructura se moverá o colapsará en dirección al canal [la desembocadura del Tinto], creando un bloque desplazado que actuaría como una presa en el estuario. Esto provocaría una onda de choque y que las aguas del Tinto [de color cobrizo y con metales pesados de las minas] se esparcieran a la derecha hacia Huelva y a la izquierda, hacia Palos y Moguer”, añade el primero de los expertos de la Universidad de Huelva mencionados.

Los científicos han constatado gracias a la sísmica de alta resolución que hay migración de fluidos desde la base del apilamiento hacia la zona de menor presión, que es el canal del estuario. “La base del proyecto [de Fertiberia] es que no hay migración de fluidos. Las pruebas de tensión con muestra encapsulada se las tragó el Miteco [Ministerio para la Transición Ecológica] porque el ingeniero entendió que en materiales impermeables como los fangos no hay migración de fluidos laterales. El problema es que aquí el sustrato está inclinado, hay pendiente”, avisa este último científico. El mejor ejemplo de la inestabilidad que implica la marisma es la antigua plaza de toros, cercana a las balsas, y que se declaró en ruina y se derrumbó en los años ochenta.

La actividad sísmica de la marisma, de magnitud baja a moderada, incluye fallas cercanas que son activas: “No se deben descartar terremotos de elevada magnitud, aunque no hayan sido registrados aún”, alerta un estudio con datos de la actividad sísmica de la zona entre 1900 y 2019, incluido un sismo de 4,2 a solo 18 kilómetros de las balsas, ocurrido en 1956. Sobre el riesgo de tsunamis, el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva identificó 14 terremotos marinos los últimos 9.000 años en el Golfo de Cádiz gracias a los sondeos y el análisis de depósitos marinos. El último catastrófico fue el de Lisboa en 1755, pero también avalan fondos documentales los de 1531, 1013 y 881. “Entre 400 y 500 años llega un tsunami, el problema es que no hay una periodicidad exacta y permanente. Cuando llega a la costa, el gran volumen de agua se comporta como una marea con una corriente de ida y vuelta de hasta cinco metros por segundo, dispersando los elementos”, explica Juan Antonio Morales, experto de dicho departamento.

En paralelo, los científicos han estudiado la contaminación de la ría y han constatado que se produce por el agua que entra por el estuario y vuelve por los canales mareales mucho más ácida y cargada de metales. Solo el 9% de los lixiviados procede de la infiltración del embalse superior. “El aporte de arsénico o cadmio es bastante significativo”, resume un cuarto experto, del Departamento de Minerología y Geoquímica de la universidad onubense, que ha estudiado la geoquímica ambiental de las balsas. “Cubrir la superficie de las balsas con un suelo natural no garantiza el cese de las salidas de borde que llegan al estuario”, alerta el informe de este departamento, que recomienda monitorizar, recoger y canalizar todas las aguas hacia un sistema de tratamiento pasivo antes de su descarga en el estuario de la ría de Huelva. Además, los investigadores proponen la construcción de una barrera profunda que impida el acceso del agua intermareal al interior de la balsa para evitar la generación de las salidas de borde perimetrales.

Los expertos se reunieron en 2020 con Fertiberia para estudiar el modelo hidrogeológico con los datos recabados durante las últimas décadas, pero dos años después, la empresa aún no los ha facilitado. Preguntada al respecto, la firma ha rechazado explicar su negativa a colaborar con los expertos. “Está clarísimo que una vez que el Miteco se pronunció, todo cambió para el Ayuntamiento”, censura Francisco García, portavoz de Ecologistas en Acción.

La paradoja de los informes científicos es que fueron pagados gracias a la Junta andaluza, que traspasó fondos por 200.000 euros en “dos acciones especiales” recibidas por la Universidad de Huelva. Es decir, el Gobierno autonómico subvencionó un conocimiento que finalmente no podrá influir en la decisión de su propia Consejería de Desarrollo Sostenible por culpa del Consistorio onubense. El Ayuntamiento, pese a su compromiso inicial para aportar a los científicos 100.000 euros al año, nunca transfirió ese dinero a dicha institución.

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