La “prioridad nacional” pactada con Vox divide al PP: “Nos han colado un gol”

Los detalles de la negociación entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón permanecen bajo siete llaves porque todavía pervive el pacto de silencio entre ambos partidos, enfrascados aún en sacar adelante un tercer acuerdo, el de Castilla y León. Pero durante semanas Génova insistió en que las conversaciones no estaban atascadas en ningún escollo programático, sino que el retraso obedecía solo a una estrategia de dilación de Vox. Así que la controvertida “prioridad nacional” que ha aparecido en los acuerdos no supuso un gran tira y afloja, aunque en el PP aseguran que Vox sí pretendía una “redacc...

Los detalles de la negociación entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón permanecen bajo siete llaves porque todavía pervive el pacto de silencio entre ambos partidos, enfrascados aún en sacar adelante un tercer acuerdo, el de Castilla y León. Pero durante semanas Génova insistió en que las conversaciones no estaban atascadas en ningún escollo programático, sino que el retraso obedecía solo a una estrategia de dilación de Vox. Así que la controvertida “prioridad nacional” que ha aparecido en los acuerdos no supuso un gran tira y afloja, aunque en el PP aseguran que Vox sí pretendía una “redacción diferente” de la que se plasmó en el texto. La dirección del PP aceptó incorporar un marco conceptual identitario que procede de la extrema derecha francesa, convencida de que “es una cesión barata” a Vox, insisten en Génova. Fuera del núcleo duro, sin embargo, se utilizan otros calificativos, como “sapo” o “trampa” de Vox. “Nos han colado un gol”, se escucha también en el PP sobre el último límite que los conservadores han desdibujado con la extrema derecha.

La derecha española ha incorporado a su ideario un nuevo sintagma que amenaza con resultar tóxico para el PP. La “prioridad nacional”, que hace referencia a la preferencia de los españoles por delante de los inmigrantes en el acceso al Estado del Bienestar ―aunque las direcciones de PP y Vox discuten sobre su alcance―, figura ya en sus acuerdos de Gobierno de Extremadura y Aragón, pero lo hará también en el próximo pacto de Castilla y León, avisan en Vox. Y esta vez, a diferencia de acuerdos anteriores, los pactos han estado supervisados y autorizados por la dirección de Feijóo, con el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela, sentados a la mesa con los negociadores de Abascal. Las modificaciones legislativas de normas nacionales a las que alude el acuerdo también han contado con el aval de Génova.

En los últimos días, el nuevo principio ha concitado el rechazo no solo de la izquierda o de Amnistía Internacional ―que lo ha calificado como “una discriminación contraria a los derechos humanos”―, sino también de otras voces que se esperaban menos en ese debate. La Conferencia Episcopal ha cargado contra esta política con el argumento de que “la Iglesia no estará nunca de acuerdo con medidas que traten de excluir o anular al otro”. “A algunos habría que meterles cinco días en un cayuco, mañana y tarde, sin comer, antes de hablar de lo que hay que hacer con los migrantes”, ha llegado a decir el obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez. En la misma semana se han publicado editoriales de diarios conservadores calificando de “error” esta iniciativa, y la presidenta de la capital, Isabel Díaz Ayuso, se ha descolgado argumentando que priorizar a los españoles sobre los inmigrantes “no es legal ni se ajusta a derecho”. “Yo creo en la ley. No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”, ha zanjado la presidenta de Madrid, donde viven un millón de inmigrantes latinoamericanos a los que lleva tiempo seduciendo con una política de mano tendida hacia “un Madrid en el que caben todos los acentos”.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, el más afectado por el ruido a falta de solo tres semanas para las elecciones en Andalucía, también se ha desmarcado y promete en su campaña no gobernar con Vox a la vez que sus compañeros pactan con ese partido.

El PP intenta cuadrar su discurso, pero las grietas son múltiples. “Esto de la prioridad nacional no tiene ni pies ni cabeza, va a ser una fuente de controversia y de frustración. Es un marrón que se han tenido que comer, un sapo y una trampa de Vox”, se queja una fuente del PP extremeño.

El principio de “prioridad nacional” aparece negro sobre blanco en los pactos del PP y Vox en Extremadura y Aragón, pero se desarrolla para que tenga encaje legal a través del “arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. ¿Cómo se calcula ese arraigo? Cuando un ciudadano con residencia legal solicite una ayuda o una prestación pública, se valorarán distintos baremos para puntuar su solicitud, como el número de años de “empadronamiento”, “vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa”, “trayectoria de cotización” y de “contribución al sistema”.

El andamiaje ideado para que la medida sortee el problema de legalidad ―porque la ley de extranjería prohíbe discriminar a los inmigrantes por su origen, y el acuerdo no ha podido incluir como uno de los baremos el lugar de nacimiento o la nacionalidad― también plantea otros problemas, a juicio de las críticas internas. “Primero, lo que hace es romper la igualdad entre españoles, porque un español de Zaragoza que se mude a Cáceres, ¿no va a poder acceder a ayudas públicas?“, se queja esta fuente del PP. ”Y luego, porque va a generar frustración a quienes crean que de verdad irán los españoles primero. Cuando se haga un sorteo de pisos públicos y le toque a un apellido musulmán, los tuyos te dirán, ¿pero no habíais dicho que los españoles primero?“.

De puertas adentro en el PP, donde la posición sobre la inmigración no para de endurecerse, la letra del acuerdo no suena tan mal, pero sí se discute la estrategia. “Una cosa es lo que está escrito en el pacto y otra el debate que se ha suscitado”, reflexiona por su parte un dirigente de peso del PP, que advierte de que el PSOE se frota las manos con esta controversia. “Si nos tiramos cinco días explicando algo es que no lo hemos explicado bien, Vox nos ha colado un gol”, se queja. “En el electorado de derecha esta medida no sienta especialmente mal, pero sí que hemos permitido al PSOE, en una semana delicada, hablarnos de tú a tú, recuperando la iniciativa en el debate. Y entre el no a la guerra y la gilipollez patriótica llevan todo el mes de abril con foco”, alerta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra los acuerdos de PP y Vox porque “hablan de ciudadanos de primera y segunda clase”.

Génova ha respondido internamente a quienes han presentado sus dudas que “cualquier votante del PP entiende esta medida”. La dirección nacional insiste en privado y en público en que lo firmado no excluirá a los inmigrantes de las ayudas, sino que solo se premiará a quienes tengan un mayor arraigo en el territorio. Pero Vox lo explica de otra manera muy diferente. “Con el esfuerzo de los extremeños y los españoles no da para que coma todo el mundo. Elegimos a los españoles primero”, dijo con claridad meridiana el nuevo vicepresidente extremeño, Óscar Fernández Calle, en la investidura de María Guardiola.

“Otra vez nos han atrapado en el medio, entre Vox y la izquierda. Los de Vox son blanco o negro, y a nosotros nos incomoda. Al final, con nuestros titubeos, la gente no entiende nada. Y unos nos acusan de racistas y los otros de socialdemócratas”, analiza un tercer dirigente del PP, que advierte de que el riesgo es “no solo perder voto a Vox, sino también de los votantes moderados que no entienden nada”.

“No perdemos ni un solo voto por esto”, contrapone Génova a las discrepancias internas. “La prioridad nacional es un principio inspirador, genérico, y no es el único. Encontramos una literalidad que nos valía, Vox tenía una ambición mayor, como se vio en la propuesta que presentaron esta semana en el Congreso. Hemos demostrado que no vamos a ir más allá con nuestro voto en el Congreso. Las interpretaciones semánticas y la batalla del relato son secundarias; lo que importa son las políticas. Y esto se traduce en el arraigo para conseguir ayudas”, argumenta un estrecho colaborador de Alberto Núñez Feijóo.

En la cúpula del PP defienden que, pese al impacto comunicativo que ha logrado Vox, lo importante es que “durante 48 meses la izquierda no va a gobernar en Extremadura y Aragón. Tenemos la presidencia de las cámaras y han firmado cuatro presupuestos”. Para Génova, la cesión no es tan onerosa: “No es la amnistía inconstitucional del PSOE. El coche no es gratis, pero es barato”.

Sin embargo, Vox resalta que el PP se ha comprometido en los acuerdos de Extremadura y Aragón no solo al principio de que “los españoles deben estar primero”, sino a “cambiar todas las reglas que sea preciso para lograrlo”, advierte un dirigente de la máxima confianza de Santiago Abascal. El texto del pacto dice que el Gobierno autonómico “instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva” de la prioridad nacional, esto es, la ley de extranjería, que prohíbe de forma expresa la discriminación de los extranjeros por razón de origen. “No es solo retórica, porque los Gobiernos de Extremadura y Aragón se han comprometido a ir al Parlamento a pedir la derogación de la ley de extranjería”, insisten en el núcleo duro de Vox.

La cuestión que plantea la enorme controversia es si pondrá en aprietos a Juan Manuel Moreno en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que aspira a revalidar la mayoría absoluta. En el PP andaluz se palpa el malestar. A la pregunta de cómo caen los acuerdos en la campaña, un dirigente muy próximo al presidente andaluz responde lacónico que “caen”. Y señala que “Génova sabe lo que piensa el PP andaluz” y que Moreno va a desmarcarse. El candidato popular insistirá hasta el final en su campaña en que él no quiere gobernar con Vox, y en el PP andaluz creen que su ventaja para salir de este atolladero es que “resulta creíble” cuando lo manifiesta.

Pero lo importante viene a partir de ahora, cuando los acuerdos se conviertan en gestión pública. Un dirigente de peso del PP que asistió este viernes a la toma de posesión de María Guardiola como presidenta de Extremadura iba con la intención de darle la enhorabuena, “pero también el pésame”, confesaba. La presidenta extremeña prometió en el anfiteatro romano de Mérida que “los derechos de la ciudadanía no van a estar sometidos a ningún vaivén político”, pero algunos de los que asistieron a su acto estaban pensando en lo que le espera. “La cuestión de fondo de todo esto de la prioridad nacional”, advierte este dirigente popular, “es los problemas que vamos a tener para gobernar con Vox”.