La Audiencia Nacional asume el ‘caso Plus Ultra’ y mantiene la investigación bajo secreto

La Audiencia Nacional ha aceptado asumir la causa en la que se investiga el rescate a la aerolínea Plus Ultra. Y ha avisado de que mantendrá bajo secreto la investigación que hasta ahora estaba en manos de un juzgado de Madrid que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola; del consejero delegado, Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez.

La investigación inicial nació en el juzgado madrileño a raíz de las denuncias presentadas por el pseudosindicato Manos Limpias, PP y Vox para que se analizara si el rescate autorizado por el Gobierno se fraguó con todos los requisitos en regla. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) rescató también a otras compañías aéreas como Air Europa o Volotea, pero el caso de Plus Ultra alcanzó titulares porque la oposición apuntaba que no era una compañía estratégica (tenía solo un avión en propiedad), no tenía sus cuentas saneadas antes de la pandemia y no era una empresa española (puesto que parte del capital provenía de Venezuela).

La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, la jueza Esperanza Collazos, aceptó investigar el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra. No obstante, tuvo que archivar el asunto en enero de 2023 —sin llegar a concluir si la ayuda aprobada por el Consejo de Ministros en 2021 se ajustó o no a la legalidad— porque se le olvidó prorrogar el plazo de la instrucción en tiempo y forma.

Después de más de un año del archivo, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción recibió varias solicitudes de cooperación internacional por parte de Francia y Suiza, que pedían que se realizaran registros en varios domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tenerife y Mallorca. Las autoridades de dichos países indagaban en una presunta red de blanqueo vinculada a Venezuela que operaría también en territorio español. Tras hacer sus propias averiguaciones, el ministerio público vio indicios de que Plus Ultra había hecho un presunto “uso indebido” de las ayudas públicas del Gobierno y de que existía detrás una supuesta trama de lavado de fondos. Así las cosas, Anticorrupción pidió a la Audiencia Nacional que investigara el asunto.

En ese momento, el magistrado José Luis Calama —en nombre de su compañero Ismael Moreno, a quien le había recaído este asunto y decidió abstenerse— rechazó la denuncia al entender que no era competente y la derivó al juzgado de Madrid que ya había investigado el rescate. Fue entonces cuando la jueza Collazos reabrió el procedimiento a raíz de aquella denuncia de Anticorrupción. Y, en diciembre de 2025, tras más de un año de investigación, ordenó detener al presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola; al consejero delegado, Roberto Roselli, y al empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con quien suele salir a correr. Tras tomarles declaración, les dejó el libertad.

En el marco de la operación en la que se produjeron esas detenciones, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea en busca de información fiscal. Finalmente, la jueza consideró que este asunto supera su competencia y envió el caso a la Audiencia Nacional al entender que es la que debe llevar a cabo las pesquisas. Este martes, el órgano ha informado de que ya ha asumido el procedimiento y de que investigará bajo secreto.