Vox sigue en más de 70 gobiernos con el PP mientras Abascal hace campaña llamándolo “estafa”

Si para Vox el PSOE es “la mafia”, el PP es “la estafa”. Así lo repiten Santiago Abascal y los suyos, que suben en las encuestas y las urnas con un discurso rupturista que presenta al partido de Alberto Núñez Feijóo como pilar de un ...

Si para Vox el PSOE es “la mafia”, el PP es “la estafa”. Así lo repiten Santiago Abascal y los suyos, que suben en las encuestas y las urnas con un discurso rupturista que presenta al partido de Alberto Núñez Feijóo como pilar de un “bipartidismo corrupto” que deja a Vox como única “alternativa”. Pero algo no encaja en este relato en el que Vox luce como un partido sin ataduras. No encaja Valencia, ni Valladolid, ni Castellón, ni Guadalajara, ni Toledo. En total, más de 70 gobiernos no encajan.

Ajenos a la quiebra en los ejecutivos autonómicos de 2024, Vox y el PP gobiernan en coalición en al menos 72 ayuntamientos, a los que se suman las diputaciones de Toledo y Ciudad Real y el Consell de Mallorca. La gran mayoría tienen alcaldes del PP, aunque Vox dispone de algún bastón de mando, como en Caudete, en Albacete, de 10.439 habitantes, el mayor en manos de la ultraderecha. Las coaliciones se extienden por las dos Castillas, Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Aragón, Extremadura, Cantabria y Canarias, donde el partido de Abascal forma parte de un Ejecutivo junto a los populares liderado por un alcalde de Coalición Canaria en Granadilla de Abona (58.752 habitantes).

De Algemesí (Valencia) a El Casar (Guadalajara), de Colmenar Viejo (Madrid) a Talavera de la Reina (Toledo), de Utebo (Zaragoza) a Navalmoral de la Mata (Cáceres), los pactos del PP y Vox conforman una red de gobiernos con responsabilidades ante 3,8 millones de habitantes. Considerando las dos diputaciones y el Consell, son más de 5,6 millones. En el listado hay cinco capitales: Valencia (840.792 habitantes, la tercera ciudad de España), Valladolid (302.614), Castellón (183.711), Guadalajara, (92.834) y Toledo (87.216). No es poca responsabilidad en el sistema para un partido, Vox, en pleno despliegue de un discurso antisistema.

Lejos del ruido de la política nacional, lo que ocurre en esos ayuntamientos es lo contrario de la combustión que cabría imaginar cuando toca poder un partido cuyo líder va por España prometiendo borrón y cuenta nueva, cambio radical, una batería de medidas tan contundente que obligará al PP a un giro de 180 grados. Mientras las direcciones de Abascal y Feijóo chocan casi a diario, ninguno de los sobresaltos propios de cualquier gobierno compartido han impedido aprobar los presupuestos de 2026 en esos cinco consistorios. Y ha sido gracias a pactos entre Vox y el partido que, según dice Abascal campaña tras campaña, representa la “traición” y la “estafa”. También disfrutan de cuentas nuevas las dos diputaciones y el Consell, así como otros grandes municipios con gobiernos de coalición derechista como Elche (Alicante, 245.557 habitantes) o Cartagena (Murcia, 220.704).

Aunque las rupturas de gobiernos locales han sido sonadas, sobre todo las de Burgos, Ciudad Real y Móstoles (Madrid), también han sido minoritarias. Y donde las dos fuerzas se mantienen unidas gobernando, la tónica general, pese a las inevitables tensiones de toda coalición, son las relaciones normalizadas. Nada que ver con la embravecida actualidad de la derecha nacional.

A diferencia de lo que ocurre en las autonomías, Vox no ha utilizado las cuentas municipales para imponer al PP requisitos que le permitan anotarse victorias con repercusión nacional sobre su competidor. No es solo que los presupuestos han ido saliendo adelante uno tras otro sin grandes conflictos, es que además la forma de presentarlos ha puesto el énfasis en la gestión, las ayudas a colectivos —hosteleros, autónomos— y las bajadas de impuestos. La grandilocuencia queda para la esfera nacional.

“Es lógico que los gobiernos locales del PP y Vox hagan poco ruido y sean, en comparación con las relaciones generales entre los dos partidos, mucho más estables. Y es lógico que Vox no los utilice, o no tanto como las autonomías, para remarcar sus diferencias con el PP”, resume la politóloga Ana Salazar, directora de la consultora Idus3. ¿Por qué? “El escenario de pactos entre el PP y Vox tiene tres capas. La primera es la nacional. Está por ver qué pasará ahí, pero de momento a Abascal le va bien apretando al máximo al PP. La segunda es la autonómica, donde Vox rompió con el PP en 2024, decisión que hasta ahora le ha funcionado. Y la tercera es la local, donde hay muchos pactos de los que Vox no quiere que se hable para no arriesgarse a perder el aura de partido nuevo, ajeno al poder, que lo va a cambiar todo”, desarrolla Salazar.

La rutina tras el ruido

Las poblaciones gobernadas por Vox suelen ser objeto de atención nacional por gestos de fuerte carga ideológica. Orihuela (Alicante, 84.560 habitantes), una de la docena de ciudades entre 50.000 y 100.000 habitantes donde gobiernan el PP y Vox, fue noticia en 2024 cuando se opuso a la anulación de los juicios contra el poeta Miguel Hernández, hijo de la localidad. Níjar (Almería, 33.319) acaba de prohibir el burka y el niqab en el ayuntamiento. Es el tipo de decisión polémica que muestra la cara más conocida de estos acuerdos, como la tomada en Elche de mantener una cruz franquista tras la modernización de una plaza, o la adoptada en Nàquera (Valencia, 8.556) de no colocar banderas arcoíris por los derechos LTBIQ+.

Pero, tras esta vistosa fachada, la nota dominante es una rutina que no llama la atención de los medios nacionales. Con Vox metido en la dinámica de la gestión, algunas decisiones casi desapercibidas de los gobiernos de coalición parecen incluso contradictorias con la beligerancia ideológica del partido. ¿Un ejemplo? La adhesión en 2025 de Toledo al “sistema Viogén para luchar contra la violencia de género”, firmada por la vicealcaldesa Inés Cañizares, que asumía así desde dentro del partido una retórica de la que su dirección abomina.

La disparidad entre el discurso de la dirección de Vox y su acción municipal cotidiana es más notoria en los pueblos pequeños, los menos pendientes de los rigores del argumentario. En octubre pasado, Óscar Robles, alcalde de Rascafría (Madrid, 1.704 habitantes), elogió al delegado del Gobierno, Francisco Martín, con el que dijo que había pasado un día “fantástico”. Destacó cómo, durante una visita, Martín se había pateado el pueblo pese a la lluvia y afirmó que le pareció un hombre “preocupado” por los problemas, todo mientras aseguraba que se había leído “tres veces” una norma del Gobierno y no le ponía “ni un pero”. Robles hablaba así del mismo Martín al que la cúpula de su partido se refiere —desde antes de su visita a Rascafría— como un “esbirro” de la “mafia” socialista y al que ha dirigido un largo listado de acusaciones, entre ellas la de “comportarse como un terrorista”.

La diferencia de actitudes entre el pequeño alcalde y la dirección de su partido es una muestra de un contraste general, derivado de una doble condición de Vox. Por un lado, es un partido que insiste en presentarse como impugnador del statu quo; por otro, forma parte de más de cien gobiernos locales, sumando aquellos que encabeza —según el listado oficial del Ministerio de Política Territorial, tiene 39 alcaldías, la mayoría en solitario, que totalizan algo más de 38.000 habitantes— y aquellos en los que es socio júnior, un papel que abandonó en cinco comunidades en julio de 2024 pero que sigue aceptando en instituciones por debajo del nivel autonómico. “El acuerdo del PP y Vox aquí es inmutable. La ruptura es en las autonomías”, declaró tras la salida de la ultraderecha de los gobiernos de las comunidades en 2024 Eugenio Blanco, hombre fuerte de Vox en el Gobierno de Benavente (Zamora, 17.309 habitantes), una frase que podrían suscribir concejales de Vox por toda España.

Vox no respondió a las preguntas de EL PAÍS para este artículo.

Perfil bajo

Salazar, presidenta de la Asociación de Comunicación Política, cree que Abascal y los suyos lo tienen “fácil” para lograr su doble propósito: mantener los gobiernos locales y que a la vez no tengan gran protagonismo nacional. “El perfil bajo y la discreción son un win-win para todos. Nadie tiene incentivos para hacer ruido. No los tienen los gobiernos locales, que quieren mantener los cargos, ni las direcciones nacionales. El PP, que es el que más poder acumula, busca estabilidad para sus alcaldes. Y Vox necesita a los ayuntamientos para crear estructura, coger experiencia de gobierno y colocar con sueldo a gente del partido como concejales y asesores”, expone.

De esta parte, de los sueldos, los partidos hablan poco, pero es otro factor relevante. En muchas ocasiones —y más cuanto mayor es el municipio—, gobernar es cobrar, algo que también vale para ese Vox que dice despreciar los “sillones”. José Gosálbez, teniente de alcalde de Valencia, tiene asignada una retribución de cerca de 85.000 euros anuales. A Ignacio Menéndez, con similar cargo en Galapagar (Madrid, 36.758 habitantes), le tocan 55.000. A Ana Belén Barrón, concejal de Bienestar Social en Barbastro (Huesca, 17.807), le corresponden 26.250.

A pesar de que puede pensarse que gobernar es fuente de contradicciones para un partido que crece apoyado en un discurso antisistema, el especialista en estrategia y comunicación política Xavier Tomàs cree que su coste es bajo. “Vox es un partido franquicia. Lo que Abascal quiere en ayuntamientos y autonomías son perfiles bajos, que se limiten a beneficiarse del tirón de la marca estatal. Este perfil bajo se puede mantener gobernando, porque la prensa local rara vez pregunta por asuntos nacionales, y viceversa. Eso facilita las cosas a Vox, que está interesado en separar marcos mentales. En los ayuntamientos, áreas con poco riesgo y gestión discreta. En la política estatal, discurso ideológico”, explica.

Con áreas con “poco riesgo”, Tomàs se refiere a las que ostenta José Gosálbez, el principal referente de Vox en Valencia, que es titular de Ocupación, Formación y Emprendimiento, de Parques, Jardines y Espacios Naturales y de Familia y Tradiciones, y también a las que lleva Irene Carvajal en Valladolid, donde es primera teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura. En otras ocasiones, la cartera del partido es más variopinta. Como en Santa Fe (Granada, 15.494 habitantes), donde Vox obtuvo solo un acta de 17 pero logró convertir a su candidata, Silvia Enríquez, en concejal de Agricultura, Comercio, Familia, Bienestar Animal e Impulso Cinegético. Bienestar animal y caza, a cargo de la misma consejera. Vox está en auge y parece que puede con todo a la vez.