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Ábalos pide al Congreso recuperar sus derechos como diputado

El exministro encarcelado pide a la cámara baja recuperar sus funciones hasta la vista en el Supremo el próximo 15 de enero

El exministro y ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos, en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de noviembre, ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que “reconsidere” su decisión, adoptada el pasado 10 de diciembre, de suspender sus derechos y deberes parlamentarios. Su defensa ha solicitado a la cámara baja esta medida hasta la vista en el Tribunal Supremo el próximo 15 de enero en la que se revisará su recurso de prisión.

Ábalos afirma que se trata de una decisión “precipitada, indebida y arriesgada” en tanto que no se resuelva dicho recurso de apelación que presentó ante el alto tribunal el pasado 4 de diciembre contra el auto de prisión provisional y que se resolverá después de una vista la próxima semana.

Así lo ha señalado a través de su cuenta de X, donde publica el escrito dirigido al órgano de gobierno de la cámara baja, fechado el 31 de diciembre y en el que pide ser restituido “al menos” hasta que se celebre la mencionada vista. La Sala de lo Penal va a analizar los argumentos que la defensa del exministro ha puesto sobre la mesa porque considera que existen ausencia de indicios de corrupción contra él, ausencia de riesgo de fuga, vulneración del derecho de representación política y uso de prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal.

La suspensión de sus funciones, señala Ábalos, “vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato” y “daña la confianza institucional y la imparcialidad necesaria para la democracia parlamentaria y representativa“.

La Mesa del Congreso aprobó su suspensión el pasado 10 de diciembre después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho o malversación. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de prisión y multa de más de 3,9 millones de euros por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y otros 19,5 años y 3,9 millones de multa para quien fuera su asesor, Koldo García, quien también está en prisión provisional por los mismos hechos.

La decisión, en aplicación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, conllevala pérdida del derecho al voto, de la remuneración económica y baja en la cobertura de protección social, entre otros aspectos.

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