La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
La investigación apunta a que la exmilitante del PSOE falseó la venta de un coche para quedarse con 21.500 euros
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil precipitó las detenciones el pasado miércoles de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del dueño de la empresa Servinabar Joseba Antxon Alonso y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández al detectar este último un dispositivo de vigilancia cuando planeaba reunirse con Díez. La...
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil precipitó las detenciones el pasado miércoles de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del dueño de la empresa Servinabar Joseba Antxon Alonso y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández al detectar este último un dispositivo de vigilancia cuando planeaba reunirse con Díez. La investigación que ahonda en una presunta trama de comisiones ilegales a través de amaños de contratos y ayudas públicas apunta a que Fernández se hizo con “al menos” 49.350 euros en comisiones, mientras que Leire Díez falseó supuestamente la venta de un coche para quedarse con 21.500 euros.
La Fiscalía Anticorrupción llevaba tiempo investigando bajo secreto cinco operativas sospechosas que suman 132,9 millones de euros y que podían afectar a la actividad de Leire Díez y del exdirector de la SEPI. Las diligencias no estaban judicializadas, pero todo se precipitó el miércoles 10 de diciembre cuando Vicente Fernández se percató de que lo estaban siguiendo, según explican a EL PAÍS fuentes de la investigación.
Los agentes estaban tras él después de que viajara desde Portugal a Madrid. El ex alto cargo de la entidad pública se iba a encontrar con la exmilitante socialista después de un tiempo sin haber contactado con ella. Habían quedado en la cafetería de un Centro Comercial, según confirman citadas fuentes. Al saberse vigilado emprendió un recorrido temerario y se saltó algunos semáforos por lo que la Guardia Civil temió que huyera y utilizó la potestad que tiene para proceder con las detenciones. Sobrevolaba el temor de que los investigados se alertaran unos a otros y destruyeran pruebas.
Por ello, el recorrido judicial se aceleró, la Fiscalía Anticorrupción interpuso la querella y las diligencias se tramitaron de urgencia en la Audiencia Nacional. Recayeron ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, que tuteló el resto del operativo que se tuvo que desplegar y que se prolongó hasta el viernes cuando la UCO acudió a Correos, a Hacienda y a Transición Ecológica a incautar documentos.
Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el sábado y quedaron en libertad porque el ministerio público —que ejerce la única acusación hasta el momento— no pidió prisión provisional para ninguno de ellos. Una vez resuelto este capítulo, el juez Piña envió el asunto a reparto, puesto que al estar de guardia consideraba que no le correspondía quedarse con el tema. Fuentes jurídicas confirman que este lunes el asunto ha recaído ya en el juzgado vecino. El juez Santiago Pedraz, titular del órgano de instrucción número 5, se ha hecho con las riendas de la investigación.
Distintas voces coinciden en que no está previsto que se alce el secreto que pesa sobre la causa en las próximas semanas. Precisamente, por las prisas con las que todo se judicializó, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción pretenden seguir investigando y analizando la “cantidad de material ingente” que se ha incautado en 19 entradas y registros por todo el territorio nacional.
La aplicación Threema
El grupo autodenominado Hirurok (que significaría “nosotros tres”, en euskera) formado por Díez, Fernández y Antxon Alonso no se alojaba en la cuenta de WhatsApp de los implicados, sino en la aplicación encriptada Threema para garantizar una mayor privacidad y anonimato. “Los investigados habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones”, indica el escrito que el juzgado facilitó a los detenidos con un resumen de los hechos.
Precisamente, esta es la misma aplicación que empleaba Antxon Alonso con los directivos de Acciona que están bajo la lupa en el Tribunal Supremo por amaños de obra pública, según expuso el último informe de la UCO incorporado en ese sumario. De hecho, fuentes de la investigación relatan que los primeros hilos para empezar a tejer esta causa que afecta a la utilización de la SEPI se encontraron en los registros al dueño de Servinabar el pasado mes de junio.
Las pesquisas pretenden arrojar luz sobre cinco operaciones por un valor total de 132,9 millones de euros: el rescate de la SEPI a la empresa Tubos Reunidos, la adjudicación de un contrato de Mercasa a Servinabar, el contrato del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) a dos empresas de Construcciones —una UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medioambiente— y un contrato de la pública Enusa a un despacho de abogados sevillano.
Las comisiones que cobraron, en su mayoría, a través de una empresa llamada Mediaciones Martínez S.L. se calculan en un total de 750.614 euros por labores de intermediación. La mayor parte de esos fondos fueron canalizados por Díez, Antxon Alonso y Fernández para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca. Pero los investigadores, además, apuntan a que una parte del dinero se dirigió de forma individual.
En el caso de Leire Díez la instrucción arroja “hasta este momento la asignación de al menos 21.500 euros, con ocasión de la venta de un vehículo” que a la postre ella siguió utilizando. La UCO considera que pudo ser una venta simulada. “Se presume una operativa para integrar fondos en su patrimonio encubriendo el origen de los mismos”.