La investigación de la nueva trama corrupta extiende las sospechas sobre Cerdán
Los tres detenidos tienen conexiones con el exdirigente socialista, que por ahora no figura como investigado
La desarticulación el pasado martes de una trama de corrupción que supuestamente había anidado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y otras entidades públicas extiende una nueva sombra de sospecha sobre el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque por ahora no figura entre los investigados. Los tres presuntos cabecillas de la trama detenidos ―...
La desarticulación el pasado martes de una trama de corrupción que supuestamente había anidado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y otras entidades públicas extiende una nueva sombra de sospecha sobre el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque por ahora no figura entre los investigados. Los tres presuntos cabecillas de la trama detenidos ―el empresario vasco Joseba Antxon Alonso, la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Garrido― tienen algún tipo de vínculo con el exdirigente del PSOE. Además, en las pesquisas se vuelve a poner el foco en la empresa Servinabar 2000, de la que supuestamente Cerdán tiene el 45% de las participaciones y que ya aparecía en el epicentro de la causa que instruye el Tribunal Supremo y en la que, junto al político navarro, está imputado el exministro socialista José Luis Ábalos. Los agentes volvieron a registrar este jueves la sede en Pamplona de esta mercantil, como ya habían hecho en junio por la causa del Supremo.
Fuentes cercanas a la investigación detallan que, aunque diferentes, tanto la trama ahora desmantelada como la que había enraizado en el Ministerio de Transportes en la etapa del hoy encarcelado Ábalos se solapaban. Según detallan estas mismas fuentes, la trama presuntamente encabezada por Alonso, Díez y Fernández Garrido comenzó presuntamente a operar al poco de llegar el PSOE al Gobierno, a mediados de 2018. Hasta ahora, la operación se salda, además de con los tres arrestos, con 19 registros o requerimientos de información en diferentes provincias que han llevado a agentes de la UCO a personarse ―además de Servinabar, un despacho de abogados de Sevilla y en las sedes en Madrid y Zaragoza de Forestalia, una empresa vinculada a las energías renovables― en las oficinas de la SEPI y de tres empresas públicas participadas por ella: Mercasa, ENUSA Industrias Avanzadas y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Está previsto que los tres detenidos pasen a disposición judicial el próximo sábado acusados de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
La principal conexión de Cerdán con la nueva trama es Antxon Alonso. Según reconoció el propio exdirigente socialista cuando declaró en el Supremo, ambos se conocieron en 2012 o 2013 en Pamplona y, pese a las diferencias ideológicas ―aseguró que el empresario es “simpatizante del PNV”―, entablaron una fuerte amistad. Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil apunta que esta no se quedó ahí y que la relación se extendió al ámbito económico. De hecho, la UCO encontró en el domicilio del empresario un contrato privado donde este cedía el 45% de las participaciones de su sociedad Servinabar a Cerdán. Cuando el juez preguntó a ambos por dicho documento, se escudaron en que era un “borrador” que se redactó cuando el exdirigente socialista se planteó dejar la política tras el mal resultado obtenido por su partido en Navarra en las elecciones generales de 2015.
El magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa del Supremo, no le creyó y, de hecho, envió a Cerdán a prisión durante cinco meses. Además, las pesquisas revelaron un flujo de dinero de Servinabar hacia el ex secretario de Organización del PSOE en forma de alquiler de pisos en Madrid, contratación de familiares, compra de muebles o uso de una tarjeta de crédito para viajes familiares y comidas. En las nuevas pesquisas, han aparecido vínculos de Servinabar con otra sociedad investigada, Forestalia. Alonso asesoró a esta empresa en un proyecto de línea de alta tensión que atravesaba Navarra, además de haber participado con otra de sus sociedades en parques fotovoltaicos en los que participó esta compañía.
La segunda pieza que conecta a Cerdán con la nueva trama es Díez. La exmilitante y exconcejala socialista está en el ojo del huracán desde que el pasado mayo se hizo público un vídeo donde se le escuchaba tratando a un empresario procesado por un millonario fraude de hidrocarburos para que le facilitara supuestos trapos sucios de la Guardia Civil a cambio de favores de la Fiscalía. Aquellas imágenes, a las que posteriormente se sumaron sendos audios grabados por fiscales a los que supuestamente también trató de sobornar, terminaron con su imputación en un juzgado de Madrid por la presunta comisión de un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias. En esa causa, la Fiscalía le atribuye el “liderazgo” de un “plan delictivo” para “desacreditar” a la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. El 3 de junio, Díez, a la que ya entonces se le vinculaba como Cerdán, acudió a la sede del PSOE para entregar a este un pendrive con la información que aseguraba haber recabado en los que aseguraba que eran investigaciones periodísticas.
La investigación que desembocó el pasado miércoles en la detención de la exmilitante socialista no tiene nada que ver con esta causa, sino con su paso por una de las empresas ahora bajo sospecha, ENUSA Industrias Avanzadas, encargada de garantizar el abastecimiento de uranio enriquecido a las empresas eléctricas propietarias de las cinco centrales nucleares que hay en activo en España. Díez fue nombrada responsable de prensa de esta compañía participada por la SEPI en 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, y se mantuvo en la misma hasta 2021. Otro de los investigados en la causa (aunque no ha sido detenido) es José Vicente Berlanga, quien fue el presidente de ENUSA en el mismo periodo, aunque en este caso no se le considera cercano a Cerdán, sino a Ábalos, con quien compartió militancia en el PSOE en Valencia. La UCO también ha registrado un piso en la calle Diego de León, en Madrid, en el que Díez mantenía reuniones con empresarios.
El tercer vínculo es Fernández Guerrero, un alto funcionario que fue interventor general de la Junta de Andalucía y que, en 2018, tras la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno, recaló en la presidencia de la SEPI, sociedad sobre la que Cerdán tenía amplia capacidad de influencia, según destacan fuentes políticas. Fernández Guerrero se mantuvo en ese cargo un año y cinco meses. Años más tarde, pidió permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar como asesor externo de Servinabar, la empresa supuestamente participada por el político navarro. En la investigación del Supremo consta documentación que detalla que esta mercantil pagó a Fernández Guerrero un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra remitió información de que la constructora le retuvo en impuestos 40.800 euros en 2022, aunque la documentación no concreta lo que percibió en aquel ejercicio que justificase esta elevada retención.
Las pesquisas sobre el expresidente de la SEPI van más allá de su paso por esta empresa pública o sus vínculos con Servinabar. Otra línea de investigación se dirige a Sevilla y, en concreto, a un local de hostelería situado en un polígono de la isla de La Cartuja, el bar restaurante La Bola. Este establecimiento pertenece a La Bola Innovación SL, una sociedad creada a finales de 2014 por la pareja de Fernández Guerrero. Este pasó a ser en junio de 2023 el administrador único del negocio. El año del desembarco del expresidente de la SEPI, el bar tuvo una facturación récord de 386.997 euros, casi un 30% superior al periodo anterior. La UCO investiga si el local pudo ser utilizado para blanquear el dinero presuntamente obtenido de manera irregular por la trama.
La Guardia Civil también ha puesto el foco en el patrimonio de Fernández Guerrero, sobre todo el acumulado a partir de su llegada a la SEPI. Según apuntan las pesquisas, este tiene registrados a su nombre un piso de más de 300 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro, de Madrid; dos chalets en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella en primera y segunda línea de playa; garajes y trasteros. Las estimaciones de los investigadores sitúan el valor de todo ello por encima de los cuatro millones de euros.