Sumar eleva la presión al PSOE para que prorrogue tres años 300.000 contratos de alquiler a punto de vencer
La formación multiplica su ofensiva con la vivienda y lleva al Congreso una ley para impedir la compra a SOCIMIS y fondos buitre. El Gobierno asume que Junts tumbará la norma para regular los alquileres de temporada
La vivienda se ha convertido desde hace tiempo en el principal quebradero de cabeza de los españoles, que mes tras mes ve cómo buena parte de sus salarios se esfuma a través de la hipoteca o los alquileres. En un movimiento de presión a su socio de Gobierno, los ministros de Sumar han exigido este lunes al PSOE la ...
La vivienda se ha convertido desde hace tiempo en el principal quebradero de cabeza de los españoles, que mes tras mes ve cómo buena parte de sus salarios se esfuma a través de la hipoteca o los alquileres. En un movimiento de presión a su socio de Gobierno, los ministros de Sumar han exigido este lunes al PSOE la aprobación inmediata de un real decreto que prorrogue los contratos de alquiler que están a punto de vencer, aquellos que se firmaron durante la pandemia, con precios muchos más bajos de los que se ofrecen en 2025. El objetivo es mantener la renta congelada durante tres años y evitar así que unas 300.000 familias, según cálculos de la formación izquierdista, se vean en una situación de vulnerabilidad por las subidas abusivas del mercado. En el caso de las zonas declaradas tensionadas, aquellas en las que la vivienda tiene un coste muy elevado en relación con los ingresos de los residentes, la moratoria sería de cinco años.
La formación ya incluyó esta medida dentro del real decreto que presentó en una rueda de prensa en la que reunió a casi todos sus ministros a mediados de octubre. Desde entonces, no se ha hecho público ningún avance, pero en privado, fuentes de Sumar aseguran que está habiendo negociación con los socialistas. “Instamos al PSOE a que desbloquee esta norma (…) No hay futuro en España si no abordamos el problema de la vivienda”, ha incidido esta mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz, urgiendo a su socio a avanzar en las conversaciones. El PSOE, a través de la ministra Isabel Rodríguez, es el responsable de la política de vivienda del Ejecutivo, y las iniciativas de este ministerio han provocado varios desencuentros entre ambos partidos.
Desde hace meses, los sucesivos barómetros del CIS sitúan esta cuestión como el principal problema de los españoles (lo es para un 20% de la población, según el último estudio de noviembre, y hasta un 40% lo sitúa entre sus tres primeras preocupaciones). En Sumar tienen muy claro que para revalidar el Gobierno es necesario actuar sobre el mercado inmobiliario y opinan que esta es la medida más urgente, porque tendría un impacto inmediato sobre cientos de miles de familias. Entre otras iniciativas, el decreto defiende la aplicación de la regulación de precios con carácter general, inmediato y transitorio hasta que se declaren las zonas tensionadas, algo que están impidiendo la mayoría de comunidades, gobernadas por el PP, que se niega a aplicar la Ley de Vivienda aprobada en 2023.
En el contexto de la condena y renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha conmocionado desde la semana pasada al Ejecutivo, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, uno de los más implicados en el diseño del decreto, ha justificado la necesidad de su aprobación: “La mejor manera de fortalecer y reforzar el papel del Gobierno frente a los ataques [de la judicatura] es profundizar en su agenda de transformación y de justicia social y eso hoy en España pasa por intervenir el mercado de la vivienda, empezando por la prórroga de los 300.000 contratos de alquiler que están a punto de vencer”, ha subrayado.
“La situación es urgente”, ha apremiado a primera hora del lunes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. “Esta prórroga es una medida de protección real, inmediata, que da estabilidad a las familias y evita una subida generalizada de los alquileres. Es una herramienta imprescindible en un contexto de emergencia habitacional, donde demasiadas familias están viviendo con miedo a no poder renovar su contrato”, ha defendido el portavoz de Movimiento Sumar. Urtasun ha recordado que esta iniciativa se complementa con otras dos: una proposición de ley de su grupo cuya toma en consideración se debate este martes en el Congreso para prohibir la compra de vivienda por parte de fondos buitre, SOCIMIS y grandes empresas especulativas; y la ley que regula los alquileres de temporada y por habitaciones.
En el primer caso, fuentes de Compromís (que impulsa la reforma) justifican que en el último año el 45% de las casas fueron compradas por propietarios con más de ocho viviendas, la inmensa mayoría personas jurídicas, y señalan que más de un millón de inmuebles están en manos de sociedades. Este lunes, el PSOE todavía no tenía claro su apoyo a la norma en el pleno, que únicamente permitiría que el texto comenzara su andadura parlamentaria, y Junts ya anunció un bloqueo a todas las leyes del Ejecutivo, por lo que las posibilidades de que prospere son remotas.
En el caso de los alquileres de temporada, la norma está condenada al fracaso. Aunque el PSOE, los partidos a su izquierda y el PNV sellaron un acuerdo la semana pasada para que vea la luz en comisión esta o la que viene, el Gobierno ha decidido ya que pasará por el pleno —tal y como reclama el PP—, donde previsiblemente Junts unirá su voto a populares y Vox para tumbarla. En un principio, la intención era que la comisión del Congreso la aprobara con competencia legislativa plena para enviarla directamente al Senado y poder vender así una primera victoria. Sin embargo, la estrategia ha cambiado, porque en cualquier caso la Cámara alta la enmendaría, y el Ejecutivo no quiere otro susto, como ocurrió con varias de las modificaciones introducidas por el PP a la ley de movilidad sostenible —incluyendo una que afectaba al calendario de cierre de las nucleares—. Prefieren, por tanto, dejarla morir en el Congreso y evitar que los conservadores legislen en un sentido que podría desvirtuar la norma y contradecir sus intereses, poniendo en aprietos al Ejecutivo en su regreso a la Cámara baja. Si los grupos no deciden posponerla, la ley podría verse en el único pleno de diciembre, previsto para la semana del 9, casi un año después de que iniciara su tramitación.