El PP pide 30 años de cárcel para Ábalos por la trama de las mascarillas

Las acusaciones populares, dirigidas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García, por la trama de las mascarilas. Para el tercer implicado en la trama, el comisionista Víctor de Aldama, quien supuestamente ha colaborado con la justicia, reclaman siete años de cárcel tras aplicarle la atenuante de confesión. Las siete acusaciones populares (PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Adade y Iustitia Europa) atribuyen a Ábalos y García seis delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación. Reclaman también que el exministro y su antiguo asesor ingresen ya en prisión preventiva.

El escrito presentado por las acusaciones responde a la decisión que adoptó el pasado 3 de noviembre el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso, quien propuso enviar a juicio al exministro, a Koldo García y a Aldama en la parte de la causa centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia. El juez considera acreditado que el comisionista tuvo “información previa y privilegiada” sobre la necesidad de la urgencia sanitaria, lo que le permitió “articular una oferta” para “asegurar” que su empresa, Soluciones de Gestión, se hiciera con los contratos de Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y de ADIF (5 millones) tras una orden que firmó el ministro en marzo de 2020. Además, según el juez, Aldama entregó a Ábalos y Koldo distinto tipo de contraprestaciones (desde dinero en efectivo a alquiler de viviendas) para garantizarse un trato privilegiado en diversas operaciones y gestiones administrativas.

La petición de pena que llevarán al juicio las acusaciones populares, unificadas en torno al PP, es superior a la formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que solicita 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. Ambos sí coinciden en pedirle al juez Leopoldo Puente, instructor del caso, que convoque una vista para decidir si se modifican las medidas cautelares que pesan desde hace meses sobre ambos (comparecencias quincenales ante un juez, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España), pero mientras que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no adelanta si reclamará el ingreso en prisión preventiva del exministro y el que fuera su asesor, las acusaciones populares sí avanzan ya en su escrito que lo harán.

Las acusaciones populares señalan que Ábalos, Koldo García y Aldama “encontraron en su relación personal una gran oportunidad para obtener suculentos beneficios económicos”. El cargo del primero en el Gobierno y como secretario de Organización del PSOE “le procuraba una extraordinaria capacidad de influencia” y los acusados “no dudaron en servirse de esa privilegiada situación para obtener ventajas recíprocas en todas aquellas oportunidades de negocio que se presentaran”, describe el escrito presentado este jueves en el Supremo.

Había, según las acusaciones, dos tipos de retribuciones. Por una parte, “Pagos mensuales en metálico” u “otras contraprestaciones periódicas” y, por otra, “contribuciones especiales”. Citan, por ejemplo, el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana, en Madrid, acordado entre Aldama y Ábalos —que nunca lo ocupó ni pagó mensualidad— o los pagos mensuales en efectivo de 10.000 euros de Aldama a Koldo García, que el asesor se “repartía” con Ábalos entre 2019 y 2022; o el abono por parte del empresario del alquiler donde vivió dos años una expareja de Ábalos.

Sobre la adjudicación de contratos de mascarillas por parte de dos empresas dependientes del Ministerio de Transportes a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama, sostiene que Ábalos no solo predeterminó las condiciones del contrato y la identidad del adjudicatario, sino que también intervino “personalmente” para resolver problemas surgidos en la ejecución. Controló así, sostienen, “todos los resortes del lucrativo proyecto que se traían los tres acusados entre manos”. Además, se refieren a otras gestiones atribuidas a la presunta trama, como el encuentro del entonces jefe de gabinete de la ministra de Industria con la empresa Villafuel, la reunión entre Aldama y Hacienda para aplazar una deuda tributaria o la colocación de mujeres relacionadas con Ábalos en varias empresas públicas.

Al margen de las peticiones de penas, las acusaciones transmiten al tribunal la lista de testigos que quieren que declaren en el marco del juicio. Entre ellos, destaca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra María Jesús Montero, la exministra de Industria Reyes Maroto, la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el exconsejero delegado de Air Europa Javier Hidalgo. Asimismo, plantean las testificales del entorno familiar de Koldo y de Ábalos, así como las dos mujeres que habrían sido contratadas en las empresas públicas Ineco, Tragsatec y Logirail.