Visto para sentencia el juicio al fiscal: el Supremo, ante su gran decisión

Las primeras palabras del alegato final de la defensa del fiscal general del Estado encerraban un claro mensaje camuflado en una lisonja al tribunal. “Este ha sido un juicio marcado por un contexto mediático excepcional, que en ocasiones ha desbordado el marco jurídico”, comenzó su i...

Las primeras palabras del alegato final de la defensa del fiscal general del Estado encerraban un claro mensaje camuflado en una lisonja al tribunal. “Este ha sido un juicio marcado por un contexto mediático excepcional, que en ocasiones ha desbordado el marco jurídico”, comenzó su intervención el abogado del Estado José Ignacio Ocio, en nombre de Álvaro García Ortiz. “Un juicio paralelo basado en conjeturas”, prosiguió Ocio, antes de culminar con el recado envuelto en terciopelo diplomático: “Todo eso no influirá ni en la seriedad ni en la independencia de este tribunal”.

Cuando, al filo de las 17.30 horas de este jueves, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pronunció el “visto para sentencia”, se ponía en marcha el reloj para una de las decisiones más comprometidas que haya afrontado en décadas el Tribunal Supremo. El juicio concluye sin aportar nuevos indicios a los que llevaron a sentar en el banquillo por primera vez en la historia a la sexta autoridad del Estado, acusado de revelación de secretos. Y en medio de un alboroto político y mediático sobre el que deberán deslizarse siete magistrados: cuatro considerados conservadores (Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela), dos progresistas (Ana Ferrer y Susana Polo) y otro sin adscripción tan definida (Martínez Arrieta).

La política acompaña al caso desde su origen: la actuación de García Ortiz frente a las maniobras del entorno de Isabel Díaz Ayuso para presentar como una persecución política la denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos contra la pareja de la presidenta madrileña por un fraude a Hacienda de 350.000 euros. Desde que se abrió la causa, el PP ha dado por hecha la culpabilidad del acusado. El Gobierno, su inocencia. La última vez, ya en pleno juicio, el propio presidente, la pasada semana en este periódico. En los medios y tertulias de la capital vuelan los cuchillos. Entre otras cosas, porque los periodistas han tenido un gran protagonismo en el juicio. Porque lo que se dirime es una filtración, la del “documento litigioso”, como lo llama la jerga jurídica: un correo a la Fiscalía del abogado de Alberto González Amador, novio de Ayuso, para ofrecer un pacto, previo reconocimiento de dos delitos fiscales. Hasta se han hecho encuestas, también en medio del juicio, como si el veredicto correspondiese a un tribunal del pueblo.

Durante las seis jornadas del juicio, no ha aparecido la prueba de cargo que tampoco halló la instrucción. La UCO ha señalado directamente a García Ortiz, pero, como admitió en el juicio su jefe, el teniente coronel Antonio Balas, tal conclusión se basa en “inferencias”, básicamente ciertas coincidencias temporales. “No hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla”, afirmó el abogado del Estado en su alegato de inocencia. Enfrente, las acusaciones ―la particular y otras cuatro acciones populares― invocan una “pluralidad de indicios que permiten alcanzar una convicción plena”, como expuso el abogado de Manos Limpias ―y asesor del PP en el Senado― Víctor Soriano.

El informe final de la defensa se afanó en rebatir esos “indicios manoseados constantemente por las acusaciones”, en palabras de José Ignacio Ocio. Entre ellos, el más repetido: el borrado del historial de comunicaciones del fiscal general, que tanto él como sus representantes legales aseguran que era una práctica mensual por razones de seguridad desde antes de que se abriese la investigación contra él.

Tanto Ocio como la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, negaron que pueda hablarse de revelación de secretos. Lo filtrado, señalaron, ya había dejado de ser secreto. Apelaron para ello a los testimonios de seis periodistas de cuatro medios distintos que declararon que conocían la confesión de González Amador antes de que la Cadena SER detallase por vez primera entrecomillados del “documento litigioso”. Aun en el caso de que el tribunal rechazase ese argumento, agregó Ocio, tampoco se puede señalar a García Ortiz como único posible filtrador. El “célebre correo” —en denominación de la fiscal Conde— estaba accesible desde días atrás para cientos de personas en direcciones genéricas de correos y aplicaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, enfatizó la defensa. La actuación del fiscal general, resumió Ocio, solo perseguía rebatir al entorno de Ayuso después de que atribuyese una “conducta prevaricadora” al Ministerio Público.

En el año y medio transcurrido desde la apertura de diligencias, ha habido un elemento guadiana. Esa pieza que aparece y desaparece según el momento es la nota publicada por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 que, entre otras cosas, daba cuenta de la admisión de los delitos por parte de González Amador. El comunicado adquirió la consideración de cuerpo del delito cuando el Tribunal Superior de Madrid elevó el asunto al Supremo. Este, en cambio, rechazó que ahí hubiese materia penal y dio una cambiada: ordenó investigar a García Ortiz por la filtración del correo.

La nota, sin embargo, ha sido parte esencial de la argumentación de las acusaciones, aunque conectada al resto de hechos. A Gabriel Rodríguez-Ramos, abogado de González Amador, le sirvió para sostener que García Ortiz filtró el correo con el propósito de despejar el camino al comunicado e incluir en él la referencia a la confesión de los delitos. El objetivo último, según el letrado, era elaborar “un relato institucional de culpabilidad”.

Una parte sustancial de los informes de las acusaciones se dirigió a restar credibilidad a los periodistas de la SER, Eldiario.es y EL PAÍS que, sin revelar sus fuentes, declararon que sus informaciones no provenían de García Ortiz. Rodríguez-Ramos admitió el derecho de los periodistas a acogerse al secreto profesional —no así otro de los acusadores, Juan Antonio Fargo, pintoresco abogado de la muy minoritaria Asociación Profesional Independiente de Fiscales—, pero subrayó que eso mismo resta valor a sus declaraciones.

Entre citas a códigos legales y literatura jurídica, los acusadores entraron de lleno en consideraciones políticas para acusar a García Ortiz de actuar “alineado con el Gobierno”. Leyes, política y periodismo: el cóctel sobre el que tendrá que decidir el Supremo.