El hermano de Pedro Sánchez será juzgado del 9 al 14 de febrero

El juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, se celebrará del 9 al 14 de febrero del próximo año. La Audiencia de Badajoz ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en la citada causa, en la que también figura como procesado el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta en los comicios adelantados en esta comunidad autónoma para el 21 de diciembre.

El juicio tendrá lugar en sesiones de mañana y, de ser necesario, se ampliarán en horario de tarde, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras la Fiscalía y las defensas de los 11 procesados reclaman la libre absolución.

Sánchez presentó el pasado lunes su escrito de defensa ante la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa que lo ha sentado en el banquillo por su supuesta contratación a dedo en la Diputación de Badajoz, en el que cuestiona la legalidad de una de las diligencias de investigación: la intervención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de miles de correos electrónicos que enviaron y recibieron los procesados mientras se gestó la creación y adjudicación del puesto de trabajo que terminó ocupando.

En su escrito, de apenas dos folios de extensión, el familiar de Pedro Sánchez insistía en que los hechos de los que se le acusan no constituyen ningún delito y que, por tanto, debe ser absuelto. Junto a él, también serán juzgadas otras 10 personas ―entre ellas Gallardo― acusadas de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la contratación de David Sánchez en la diputación pacense en 2017 y de un extrabajador del Palacio de La Moncloa años después.

El hermano del presidente ha solicitado que se excluyan de la vista los correos intervenidos por la UCO durante la investigación “por entender que la pretendida autorización judicial que ordena las incautaciones lesiona derechos fundamentales de los investigados”. Esos correos electrónicos han sido, de hecho, pieza fundamental en la investigación que llevó a la jueza Biedma a concluir en abril que existían “claros indicios de criminalidad” en la actuación de los 11 encausados. En aquella resolución, que fue avalada en septiembre por la Audiencia Provincial, la magistrada concluía que el proceso por el que el hermano del presidente consiguió el puesto en la Diputación de Badajoz no fue fruto “de un proceso selectivo justo y trasparente”, sino que se realizó supuestamente “sin cumplir los requisitos constitucionales”. También atribuía al familiar de Pedro Sánchez haber utilizado posteriormente su “influencia” en la Diputación “para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera” y para que un amigo suyo que trabajaba en el Palacio de la Moncloa, Luis Carrero (también procesado), “fuera contratado por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho”.