El caso contra el Fiscal General del Estado español

Desde finales del siglo XX, en Europa, debido a una acción más autónoma del poder judicial y a una mayor conciencia cívica sobre la necesidad de fortalecer la independencia de jueces y fiscales, el escrutinio del funcionamiento del Estado, sus funcionarios y sus instituciones se ha vuelto más eficiente.

Esto ha llevado a una creciente intervención del poder judicial y de los ministerios públicos en la investigación y enjuiciamiento de todo tipo de delitos, así como de todos los actos ilegales que permiten a quienes los cometen ocultar su responsabilidad política y cívica.

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Desde finales del siglo XX, en Europa, debido a una acción más autónoma del poder judicial y a una mayor conciencia cívica sobre la necesidad de fortalecer la independencia de jueces y fiscales, el escrutinio del funcionamiento del Estado, sus funcionarios y sus instituciones se ha vuelto más eficiente.

Esto ha llevado a una creciente intervención del poder judicial y de los ministerios públicos en la investigación y enjuiciamiento de todo tipo de delitos, así como de todos los actos ilegales que permiten a quienes los cometen ocultar su responsabilidad política y cívica.

Se han realizado muchos esfuerzos a nivel nacional y europeo para encontrar soluciones adecuadas que fortalezcan los poderes judiciales y jurisdiccionales, capaces de detener y castigar a quienes han cometido delitos, sin erosionar gravemente los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

Este enfoque implicó necesariamente la despolitización de los órganos de gobierno autónomos del poder judicial, con el fin de evitar que quienes abusan del poder influyan directa o indirectamente en las iniciativas procesales y decisiones específicas de jueces y fiscales. En ese esfuerzo común se encuentran la mayoría de los países de nuestro entorno.

Fortalecer las instituciones democráticas y evitar las interferencias externas e internas es clave en el funcionamiento regular del Estado de derecho Democrático. Este camino es el que recorremos quienes creemos en la absoluta independencia de los llamados al espacio de la justicia en democracia.

Ello no significa defender una justicia corporativa en la que la crítica o la participación de la ciudadanía sean excluidas. Somos parte de una sociedad, libre y abierta, atenta a los peligros de la desinformación y del populismo.

En muchos países aún existe interferencia o riesgo de interferencia externa e interna, directa o indirecta, en las acciones del poder judicial y en la actuación de los ministerios públicos.

Dicha interferencia puede provenir de fuera del sistema judicial o, mediante los medios e influencias que el poder político mantiene dentro del poder judicial, a través de otros jueces y fiscales que, internamente, están dispuestos a alinearse con intereses que son ajenos al recto ejercicio de la justicia.

Algunas acciones emprendidas por estos intereses particulares, si progresan injustamente, no solo socavan la credibilidad de los casos pendientes contra los delincuentes, sino que también buscan coaccionar y deslegitimar a quienes tienen la obligación legal de llevar dichas investigaciones, acusaciones y juicios hasta su conclusión.

El legítimo control de los actos realizados por cualquier autoridad del Estado que realizan los tribunales no debe conducir, si su mal uso no es corregido por los mecanismos internos de los respectivos sistemas judiciales, a debilitar significativamente el Estado de derecho Democrático y a fortalecer propuestas autoritarias y populistas contrarias a la democracia.

Fieles a los principios proclamados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, no podemos, por tanto, dejar de ver con gran inquietud y preocupación lo que está ocurriendo hoy en España, y advertimos también sobre el objetivo de algunos procedimientos disciplinarios y penales muy oportunistas contra los responsables de las investigaciones o contra figuras clave del sistema judicial, que pueden tener como único propósito judicializar la confrontación política y partidista, y socavar la credibilidad y la imagen pública de la justicia, de los tribunales o del ministerio público.

Confiamos en que los tribunales, en su misión legal y constitucional de salvaguarda del Estado de derecho Democrático, garanticen la aplicación de la ley a los hechos, y preserven el buen funcionamiento de las instituciones. No puede ser de otra manera en una democracia y en un sistema como el español, que comparte con los países de su entorno los más altos estándares de profesionalidad e independencia del poder judicial. Si no fuera así, serían el país y la sociedad en su conjunto los que, en última instancia, saldrán perdiendo.

Firman

• Hans-Ernst Böttcher, Magistrado Honorario (Alemania)
• António Cluny, Fiscal General Adjunto, ex-miembro nacional en EUROJUST (Portugal)
• Simone Gaboriau, Magistrada Honoraria (Francia)
• Mariarosaria Guglielmi, Fiscal (Italia)
• Filipe César Marques, Juez (Portugal)
• Gualtiero Michelini, Juez del Supremo Tribunal (Italia)