La Fiscalía de Castilla y León inicia una investigación sobre los incendios y pide información al Seprona
Una asociación había denunciado al presidente Mañueco y al consejero de Medio Ambiente Suárez-Quiñones por la gestión de los fuegos de agosto
La Fiscalía de Castilla y León ha iniciado una investigación tras la denuncia de la Asociación Bierzo Aire Limpio contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ambos del PP, por su gestión de los incendios que arrasaron 140.000 hectáreas este verano en su territorio. En aquellos fuegos de agosto murieron tres personas, una de ellas un bombero, además de los miles de hectáreas arrasadas, particularmente en León, Zamora y Palencia.
Bierzo Aire Limpio recriminaba legalmente la ausencia de prevención, coordinación y transparencia institucional en cómo operó la Junta ese periodo. La Administración autonómica esgrimió que su dispositivo se vio superado por las condiciones climatológicas, pero defendió que contaba con los recursos apropiados de no haberse rebasado esos límites.
Las diligencias iniciadas por la Fiscalía el pasado 23 de octubre incluyen la petición al SEPRONA (Servicio de la Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de los atestados que hubieran elaborado sobre los incendios de agosto en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería, Valduerna, etc. Además, según fuentes de la investigación, se ha solicitado un informe “respecto de las labores de prevención y extinción de los incendios forestales” así como “de las posibles omisiones que puedan haberse producido”.
La denuncia se suma a otras similares presentadas por los partidos Podemos y Vox respecto a los fallecimientos y si la Junta pudo tener algo que ver en estas defunciones. En cambio, PP y Vox votaron en contra de iniciar una comisión de investigación en las Cortes, formando una mayoría que negó esta vía parlamentaria. La denuncia del colectivo reivindicativo berciano se presentó en agosto y el pasado 24 de octubre, según la respuesta del TSJCyL a la que ha accedido EL PAÍS, se informó de que la Fiscalía del Alto Tribunal autonómico la aceptaba y procedía a estudiar qué responsabilidades legales pudo tener la Junta en aquellas semanas de incendios críticos.
El comunicado remitido por Bierzo Aire Limpio apunta que en su reclamación “se señalaban posibles delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos conexos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica”. “Los incendios causaron la destrucción de miles de hectáreas de monte, graves daños en espacios protegidos de la Red Natura 2000, emisiones masivas de humos tóxicos y, lamentablemente, la pérdida de tres vidas humanas, además de graves afecciones a la salud de la población expuesta al humo durante días”, profundiza el colectivo respecto a lo sufrido por Castilla y León en aquellas semanas fatídicas, de modo que entienden que “existen indicios fundados de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno”.
Mañueco y Quiñones aseguraron al principio de los incendios que su Ejecutivo contaba con los recursos apropiados para acometerlos, si bien cuando estos se expandieron más todavía esgrimieron que eran “inextinguibles y fuera de control”, aunque Medio Ambiente tenía informes de varios días antes de los primeros focos alertando del gravísimo riesgo y de la alta capacidad de ignición y propagación. “El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, señala la plataforma, pues se repitieron situaciones parejas a la crisis forestal de 2022 en la sierra de la Culebra (Zamora), con cuatro muertos, 60.000 hectáreas devastadas y los bomberos forestales lamentando precariedad laboral, escasa formación y operativos ineficientes.
“Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye —a nuestro juicio— una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre”, esgrime Bierzo Aire Limpio, afeando la “falta de coordinación” con los contingentes locales de los Ayuntamientos o del Estado. Mañueco reprochó que el Gobierno central no le mandaba suficiente soporte, pero hubo momentos en que mantuvo parados recursos estatales. También solicitó medios que Castilla y León dispone pero no acciona por falta de personal. La comunidad, asimismo, copa la gran mayoría de intervenciones de refuerzo contra incendios del ministerio de Transición Ecológica en los últimos años.
El colectivo añade que tras los incendios llegan cuestiones como la gestión de los territorios afectados de cara a controlar la erosión o escorrentías por las lluvias, además de los daños materiales y económicos sobre los habitantes. “Es un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales”, observan los denunciantes, a expensas de que la Fiscalía aprecie o no responsabilidades en Mañueco y Quiñones como principales responsables de la gestión forestal, competencia estrictamente autonómica.