La amenaza de prisión sobrevuela la próxima cita de Ábalos y Koldo García en el Supremo

El exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, afrontan esta semana una cita crítica en el Tribunal Supremo. Será la cuarta ocasión en que ambos comparezcan ante el magistrado Leopoldo Puente, pero los investigadores cuentan por primera vez con pruebas que apuntan a que Ábalos y García tuvieron, en palabras del juez, “ingresos irregulares y opacos”, una pieza fundamental en el puzle que intentan armar el instructor y la Fiscalía Anticorrupción para acreditar el supuesto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos (de 2018 a 2021). Fuentes jurídicas señalan que el ministerio público decidirá si reclama el ingreso en prisión preventiva del exdirigente socialista y su antiguo asesor en función del resultado de los interrogatorios.

El llamado caso Koldo dejó hace meses de ser una investigación sobre un supuesto negocio irregular y puntual en la compra de mascarillas aprovechando la falta de controles durante la pandemia de covid-19 para convertirse en la mayor causa de corrupción instruida en los últimos años en el Supremo. Un sumario que ha puesto en serios aprietos al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE. Los contratos de material sanitario concedidos al comisionista Víctor de Aldama siguen bajo la lupa, pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que fue una “fuente de ingresos” adicional que se buscaron presuntamente Ábalos y su asesor y que el gran negocio sucio estaba en las comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

Hasta hace unas semanas, el juez y Anticorrupción, que investigan la comisión de posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación, habían apuntalado los indicios contra el exministro en, al menos, tres viviendas adquiridas o alquiladas por los empresarios vinculados a la presunta trama corrupta y en los contratos de los que se beneficiaron su expareja y otra mujer vinculada a él.

El informe entregado en junio pasado por la UCO que destapó una trama en torno al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, arrojó fuertes sospechas de que este, Ábalos y García se beneficiaron de la concesión “a gran escala” de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas. En las conversaciones incluidas en ese informe, grabadas entre abril de 2019 y diciembre de 2023 por Koldo García con Ábalos y Cerdán, los implicados detallaban supuestos repartos de dinero, cálculos de cantidades adeudadas y referencias a adjudicaciones concretas, elementos que apuntaban al cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones amañadas. Pero a los investigadores le faltaban indicios sobre el cobro de esas cantidades. Esto es lo que, según el juez, aporta el informe patrimonial de Ábalos entregado por la UCO el pasado 3 de octubre, según el cual, Koldo García y su esposa, Patricia Uriz, custodiaban grandes sumas de dinero de su jefe y pagaron todo tipo de gastos de él (viajes y regalos para sus parejas o gastos cotidianos de sus hijos) sin que haya rastro de que el entonces ministro se los reembolsara.

Aunque la cantidad (95.000 euros) acreditada por la Guardia Civil de estos gastos sospechosos es muy inferior a la que el juez estima que pudieron derivarse de las supuestas comisiones por obras públicas (alrededor de cinco millones), esta es la primera prueba sólida que tienen los investigadores sobre los ingresos económicos supuestamente irregulares del exministro y su antiguo asesor, y es lo que centrará los interrogatorios de ambos, previstos para este miércoles (Ábalos) y jueves (García). El juez y la Fiscalía indagarán sobre por qué sufragó el asesor esos gastos de su jefe, por qué dejó Ábalos de sacar dinero del banco o el cajero entre 2018 y 2023 o por qué en las conversaciones entre García y su entonces esposa se hablaba de una contabilidad en A y otra en B de sus propios gastos y los del entonces ministro, actual diputado del Grupo Mixto.

El instructor y las acusaciones tratarán de despejar también las dudas que siembra el informe de la Guardia Civil sobre el cobro en efectivo mediante sobres en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, una circunstancia a la que se ha agarrado el PP en la última semana para acusar a los socialistas de pagar sobresueldos irregulares, pese a que esos sobres, según el PSOE, corresponden a abonos entregados al exministro y a su antiguo asesor “en concepto de gastos justificados” que están aprobados por el Tribunal de Cuentas. Ni en el informe de la UCO ni en el auto del juez se habla de financiación irregular del partido ni de sobresueldos, pero fuentes fiscales señalan que Anticorrupción decidirá tras las comparecencias de esta semana si reclama más información o alguna otra medida sobre el PSOE.

Pros y contras de dejar el escaño

En intervenciones públicas y mensajes en X, Ábalos ha quitado hierro a los últimos hallazgos de la UCO, aunque personas que han tratado con él en los últimos días admiten que está inquieto y que se ha planteado dejar el escaño para forzar la suspensión de la declaración del miércoles y el riesgo a corto plazo de ser enviado a prisión. Estas fuentes señalan que el exministro ha consultado con varios abogados, incluida la de Koldo García, si le conviene dimitir y ha recabado opiniones variadas y alguna recomendación de hacer una lista de pros y contras.

Si renuncia al escaño perderá el sueldo de diputado, pero su caso pasaría automáticamente del Supremo a la Audiencia Nacional, lo que le retrasaría varios años una posible condena en firme. Si decide mantener el acta, conservará de momento la nómina del Congreso, pero puede que no logre acabar la legislatura. La intención del Supremo es cerrar cuanto antes la instrucción de la pieza en la que se investigan los contratos de mascarillas para que el juicio se celebre en los próximos meses. Y una eventual condena en el alto tribunal implicaría una posible pena de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargo público.

Antes del verano, la defensa de Ábalos había llegado a comunicarle al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, su disposición a colaborar con la justicia a cambio de una rebaja en las penas que pueda tener que afrontar en un futuro, pero esa opción no llegó a cristalizar. Koldo García, por su parte, no se ha planteado por ahora esta posibilidad, según fuentes de su entorno que señalan que, más allá de conversaciones sobre supuestos amaños e ingresos en efectivo, los investigadores no han encontrado pruebas de las supuestas mordidas millonarias.

Los próximos informes de la UCO pueden arrojar información definitiva para la instrucción. El más inminente, según fuentes de la investigación, se centrará en las comunicaciones de Aldama, Koldo García y Ábalos con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, quien, según el empresario, reclamó una comisión de 50.000 euros por adjudicar contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Al margen de las consecuencias jurídicas, el documento policial, sea cual sea su conclusión, tendrá un impacto directo en la agenda política.