¿Qué es el conflicto de atribuciones? El PP ha usado esta herramienta siete veces en dos años
Los populares plantearon por primera vez en democracia un recurso ante el Constitucional que enfrenta al Senado y al Congreso
Nunca había ocurrido en democracia entre el Congreso y el Senado. Nunca, hasta esta legislatura, cuando el Partido Popular ha planteado distintos conflictos de atribuciones que enfrentan al Senado con el Congreso hasta en siete ocasiones en dos años. La última, este miércoles, cuando ...
Nunca había ocurrido en democracia entre el Congreso y el Senado. Nunca, hasta esta legislatura, cuando el Partido Popular ha planteado distintos conflictos de atribuciones que enfrentan al Senado con el Congreso hasta en siete ocasiones en dos años. La última, este miércoles, cuando el PP ha promovido en la Cámara alta un nuevo choque. En esta ocasión, a cuenta de la tramitación de la Ley de Navegación Aérea y Seguridad Aérea. El conflicto de atribución se ha aprobado por 147 síes, 91 noes y 20 abstenciones.
¿De qué se trata esta figura que ahora ha normalizado la formación de Alberto Núñez Feijóo? La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece en su artículo 59 que es competente para conocer de aquellos conflictos que se “susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas y que opongan: al Estado con una o más Comunidades Autónomas; a dos o más Comunidades Autónomas entre sí; al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial, o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí”.
En resumen, el conflicto de atribuciones se produce cuando un órgano del Estado considera que otro ha adoptado decisiones asumiendo poderes que no le corresponden. Para ponerlo en práctica, el órgano que se considera invadido en sus competencias se lo hace saber al órgano supuestamente invasor y le solicita que este revoque su decisión. Si este no responde en el plazo de un mes, o responde negando la acusación, el órgano que ha planteado el conflicto puede elevar la cuestión al Tribunal Constitucional para que este resuelva el choque.
Pero hasta esta legislatura nunca se había dado la circunstancia de que el Senado considerase que se había producido dicho supuesto al respecto del Congreso. Y hasta el momento, ya van siete veces en dos años. El distinto reparto de fuerzas entre las dos Cámaras, algo inusual hasta la fecha, facilita al PP impulsarlo, ya que ostentan la mayoría absoluta en el Senado frente al bloque de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso.
El primer paso para plantear el conflicto es registrar su solicitud ante la Mesa de la Cámara, en este caso el Senado, luego se debate en pleno la petición. Como los populares tienen mayoría absoluta, todos los conflictos de atribuciones registrados han salido adelante tras el correspondiente debate. Los conflictos planteados hasta ahora, normalmente, han tenido que ver con leyes en las que el PP sostiene que no se ha seguido el camino parlamentario acorde a las reglas establecidas en las normas, cercenando, según consideran, parte de las atribuciones del Senado, que la Constitución sitúa en un segundo plano respecto del Congreso.
Los distintos recursos planteados en dos años han sido los siguientes: por la tramitación de la ley de amnistía al considerar que debía de haberse formulado como una “reforma constitucional” y no como una ley; por la enmienda que beneficia a presos de ETA; contra la ley de eficiencia jurídica y contra la de cadena alimentaria.
Eso sí, respecto a ley de amnistía, el PP decidió que aunque lo aprobó en pleno, no llevaría el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. El resto de conflictos sí han sido admitidos a trámite, un paso que suele dar el órgano de garantías en la mayoría de recursos. Este miércoles, el conflicto de atribuciones versaba sobre otras enmiendas a la Ley de Navegación Aérea y Seguridad Aérea. “La realidad es que estamos ante un Gobierno que censura leyes, mutila los textos aprobados y anula el papel legislativo del Senado”, ha censurado durante el debate la senadora del PP Cristina Díaz.