Galicia, Asturias y Castilla y León se alían para exigir a Sánchez que elimine peajes “ilegales”

Desde hace unos años, la eliminación de peajes se extiende por las autopistas españolas gracias a que las concesiones que las pusieron en manos de empresas privadas han ido llegando a su fin. La gratuidad se ha implantado en vías de Andalucía, ...

Desde hace unos años, la eliminación de peajes se extiende por las autopistas españolas gracias a que las concesiones que las pusieron en manos de empresas privadas han ido llegando a su fin. La gratuidad se ha implantado en vías de Andalucía, Cataluña o Comunidad Valenciana y, en los dos próximos años, arribará a Euskadi y Madrid. A la esquina noroeste de la península, sin embargo, le quedan sobre el papel más de 20 años de espera. Es el plazo fijado en los contratos del Estado con las empresas Audasa y Aucalsa, las compañías que hacen caja respectivamente en la gallega AP-9, que va de Ferrol a Tui, y en la AP-66, también conocida como autopista del Huerna porque une Asturias y León a través de este valle. Desde el pasado julio, la indignación ha ido creciendo en Galicia, Asturias y Castilla y León porque un dictamen jurídico de la Comisión Europea concluye que esas dos concesiones son ilegales.

Después de seis años de trámites y alegaciones, Bruselas comunicó en firme este verano al Gobierno central que la prórroga de la concesión en estas dos autopistas, que aprobó el Gobierno de José María Aznar (PP) hasta 2048 en el caso gallego y hasta 2050 en el de Huerna, vulneró la normativa europea. Basándose en esta resolución, los gobiernos de Galicia (PP), Asturias (PSOE) y Castilla y León (PP) han iniciado contactos para crear un “frente común” y exigirle al Ejecutivo de Pedro Sánchez que anule esos contratos y elimine el cobro de peajes en estas vías. Fuentes de la Xunta de Alfonso Rueda confirman que ya se ha celebrado una reunión entre los tres consejeros del ramo y explican que se está “avanzando” en un documento que exigirá la liberalización de ambas autopistas.

La razón por la que la Comisión Europea considera ilegal la prórroga de estas dos concesiones es que se aprobó sin convocar un concurso público y se otorgó directamente a las mismas empresas que gestionaban las infraestructuras. En vez de acatar la resolución de Bruselas y abrir un expediente para anular los contratos, el Ministerio de Transportes ha decidido plantear una negociación a las autoridades comunitarias, un paso que dilata el proceso y que se ha recibido con indignación en las tres comunidades afectadas.

“Es increíble que el Gobierno sea conocedor de que lo que pagamos de autopista los gallegos, los asturianos y los castellanoyleoneses se hace en base a concesiones ilegales y no las anule”, critica Diego Maraña, el portavoz de la asociación gallega de consumidores En Colectivo, la entidad que en 2019 denunció en Bruselas la prórroga de la concesión de la AP-9. En 2021, a raíz de aquella denuncia, la Comisión Europea envió una carta de emplazamiento al Gobierno de España indicándole que efectivamente la decisión del Ejecutivo de Aznar vulneró la normativa europea. El Ministerio de Transportes presentó alegaciones que acabaron siendo rechazadas y el entonces diputado de Podemos Daniel Ripa avisó a Bruselas de que la AP-66 estaba en la misma situación que la infraestructura gallega. Finalmente, el pasado julio, las autoridades comunitarias emitieron un dictamen jurídico motivado que declara ilegales ambos contratos y que advierte a España de que será llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE si no corrige la situación.

Maraña recuerda que los peajes de la AP-9 son “una mina” para su concesionaria Audasa “a cuenta de los gallegos”. Asegura que para esta empresa, controlada por el fondo de pensiones holandés APG, “de cada 100 euros, 40 son beneficio neto”. “Llevamos 53 años de concesión y solo se ha amortizado el 30% de la infraestructura” porque sus gestores privados han priorizado “el reparto de dividendos”, critica el portavoz de En Colectivo. El Ministerio de Transportes no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre las demandas para que se liberalicen ambas autopistas.

Portavoces del área de Movilidad de la Junta de Castilla y León (PP) explican que “se han intensificado esta semana pasada los contactos con consejeros de las otras comunidades involucradas, los gobiernos de Asturias y de Galicia, con el objetivo de consolidar ese frente común, habiendo muchos puntos en común para solicitar la eliminación del peaje de la AP-66 y también de la AP-9”. El propósito de este acercamiento es “trabajar en una declaración o un documento conjunto que extienda la solicitud a las autoridades competentes”.

La Junta recuerda que en mayo de 2024 ya solicitó al Gobierno central que se acabara con ese peaje tras un acuerdo unánime de las Cortes de Castilla y León. “Las autopistas constituyen ejes vertebradores del desarrollo para Castilla y León y los peajes suponen un elevado impacto en los costes del transporte por los itinerarios en los que se aplica esta medida”, apuntan estos portavoces. La cuestión lleva circulando por la comunidad y su escenario político largo tiempo y el movimiento más reciente, aparte de este potencial frente común entre las tres comunidades afectadas, es que la Unión del Pueblo Leonés ha solicitado a la Junta “el máximo esfuerzo”, comparándola con Asturias, para acabar con el pago.

El Gobierno de Asturias, en manos socialistas, está decidido a liderar el trabajo para eliminar el peaje del Huerna, incluso contra el criterio del Ministerio de Transportes. Durante el debate sobre el estado de la región de la semana pasada, el presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró que respaldará las iniciativas políticas, judiciales y sociales que impulse la Alianza por las Infraestructuras. Se trata de un grupo que surgió hace ocho años y en el que están representados agentes sociales y económicos además de partidos políticos. El pasado lunes acordó una estrategia unánime para solicitar la bonificación total del peaje mientras se resuelven las medidas administrativas o jurídicas necesarias para eliminar la tasa. En un manifiesto se establece que el Gobierno asturiano asume el liderazgo de la alianza para promover la movilización política y social, coordinarse con Galicia y Castilla y León, y exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aplique sin demora el dictamen europeo. La entidad volverá a reunirse el 17 de octubre, jornada en la que habrá una concentración pública en la plaza de La Escandalera de Oviedo.

La postura de Barbón no ha gustado al ministerio del también socialista Óscar Puente. En declaraciones recogidas por diversos medios locales, Transportes acusa al Gobierno asturiano de hacer el juego y favorecer el discurso “ventajista, cínico y mentiroso del PP”, y de desviar la atención sobre la responsabilidad que tuvo Aznar en la prórroga del peaje, una decisión ejecutada por un asturiano, el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.