La Audiencia Nacional obliga a Interior a indemnizar a la familia de un guardia civil asesinado en 2018 en acto de servicio

Este próximo 15 de octubre se cumplen siete años del asesinato en 2018 del guardia civil José Manuel Arcos Sánchez por los disparos de un delincuente a quien dio el alto aquella madrugada. El asesino, Juan Antonio Moyano, alias Kiki, fue detenido y juzgado dos años después. Se declaró culpable de homicidio y cumple 22 años de prisión. Aquella sentencia penal incluía una indemnización a la esposa y dos hijos del agente por valor de 335.000 euros que debía pagar Kiki, pero solo pudieron encontrarle 120 euros y se declaró insolvente. Tras la negativa del Ministerio del Interior a asumir ese pago y por sentencia judicial, la familia ha conseguido que el Estado tenga que abonarle la indemnización que el asesino no puede.

Lo novedoso de esta sentencia es que no se trata de la habitual responsabilidad subsidiaria del Estado, obligada cuando este tiene alguna relación con el daño causado. Es el caso de policías, por ejemplo, que estuvieran patrullando sin el equipamiento adecuado o que formaran parte de un despliegue estuviera mal organizado. Pero en este caso, el Estado no hizo nada mal; todo fue culpa del asesino.

La letra de la ley obliga a la Administración a indemnizar, supliendo posibles insolvencias, a los agentes heridos o de algún modo afectados en situaciones similares. En cambio, si el agente fallece, y hay varios casos en España en este momento, la Administración no tenía hasta ahora la obligación de indemnizar a los parientes. Es lo que ocurría con la familia de Arcos Sánchez, que tenía 48 años cuando murió.

Al terminar el juicio de 2020 por el que Kiki era enviado a la cárcel y obligado a pagar la indemnización a la ahora viuda ―160.000 euros―, a la hija ―85.000 euros―, y al hijo ―90.000 euros―, Javier López García de la Serrana, abogado de la familia, comenzó a escuchar a su alrededor que ahí acababa todo. El reo no tenía un euro y la idea era que no cobrarían “jamás”, comenta. Pero él interpuso una reclamación ante el Ministerio del Interior, que se desentendió del asunto. Primero, evitó contestar y se amparó en el silencio administrativo. En 2022, obligado, emitió una resolución en la que desestimaban el resarcimiento a la familia.

López García de la Serrana trasladó su petición a la vía judicial, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El Estado insistió en mostrar su cara más fría: la Abogacía del Estado seguía negando el derecho de la familia a la indemnización pero, como si le molestara la petición, solicitó “expresa imposición de costas a la parte recurrente”. No solo no debían ser indemnizados, sino que los hacía pagar por su osada petición.

En 2018, la mañana del asesinato, Pedro Sánchez escribió en el entonces Twitter: “Mi cariño y apoyo a la mujer, a los dos hijos y a toda la familia de José Manuel, agente de la Guardia Civil asesinado esta madrugada en Huétor Vega. Mi solidaridad con todos sus compañeros y compañeras que cada día arriesgan su vida para velar por nuestra seguridad”. El propio ministro Marlaska acudió al entierro de Arcos Sánchez y declaró a la salida: “José Manuel Arcos ha dado la vida por nosotros. Es un día triste para la Guardia Civil y todos los ciudadanos que nos sentimos respaldados por ellos”.

Este diario ha intentado hablar con la viuda del agente, que no ha querido hacer declaraciones por encontrarse mal estos días en los que, con la sentencia, ha vuelto a revivir aquellos días de octubre. El abogado recuerda, con dolor, lo que aducía Interior para no ayudar a la familia: “Los daños ―personales y patrimoniales― de los familiares son totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan al guardia civil con la Administración". Ahora la Audiencia Nacional emite una sentencia novedosa en la que amplía el llamado “principio de indemnidad” a las familias. Este principio establece que el Estado debe resarcir a sus funcionarios si sufren daños en su puesto de trabajo, siempre que no haya culpa del funcionario y el responsable directo del daño sea insolvente. El propio fallo, en su parte final, reconoce que no impone costas al ministerio dada “la novedad y las serias dudas de derecho que se aprecian en este caso”.

La sentencia de la Audiencia Nacional tiene fecha de 24 de septiembre y es recurrible durante un mes por el Ministerio del Interior. Fuentes de esa institución explican que no pueden avanzar nada sobre qué harán porque primero deben examinar la resolución. “En los próximos días sabremos algo”, concluyen. El abogado de la familia tiene dudas de que haya recurso. Por otro lado, explica, está contento porque de esta “novedosísima sentencia se beneficiarán otras cinco viudas de guardia civiles cuyas reclamaciones están pendientes de resolución”.

Se refiere, entre ellas, a las familias de los dos guardias civiles asesinados en la provincia de Teruel en diciembre de 2017 por Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso. Sus familiares también han tenido que recurrir a la vía judicial ante la negativa de Interior de hacerse caso de la indemnización establecida por sentencia y que Igor el Ruso no puede pagar, en este caso, 560.000 euros. También pueden beneficiarse de esta sentencia las familias de los dos guardias civiles asesinados al ser arrollados por una lancha en el puerto de Barbate en febrero de 2024.

Qué ocurrió aquella madrugada

En la madrugada de aquel 15 de octubre de 2018 hubo un robo en Las Gabias (23.318 habitantes), en el área metropolitana de la capital. El delito puso en marcha un dispositivo policial, con controles en numerosas carreteras. Sobre las cuatro de la mañana y a 15 kilómetros del lugar del robo, en Huétor Vega, el agente Arcos Sánchez dio el alto a un vehículo que no paró. Lo siguieron y pudieron detenerlo. Kiki, autor del robo, bajó de su coche con un fusil. Hubo un forcejeo entre agente y delincuente y este le cogió el arma reglamentaria al guardia. Le disparó en la arteria femoral y lo mató. A las nueve de la mañana, Moyano fue detenido e ingresó en la cárcel, donde sigue.