Un fontanero es la única persona que vigila un embalse en Sevilla con 850 millones de litros: “Si mañana se rompiera, arrasaría aguas abajo”

El fontanero municipal de Cazalla de la Sierra, Juan Rodríguez, es el único vigilante del embalse del Sotillo, situado a pocos kilómetros del municipio sevillano (4.600 habitantes) y preñado de irregularidades. Con 850 millones de litros de agua (0,85 hectómetros cúbicos) de capacidad, la ...

El fontanero municipal de Cazalla de la Sierra, Juan Rodríguez, es el único vigilante del embalse del Sotillo, situado a pocos kilómetros del municipio sevillano (4.600 habitantes) y preñado de irregularidades. Con 850 millones de litros de agua (0,85 hectómetros cúbicos) de capacidad, la presa se creó en 1991 y desde entonces incumple las normas técnicas de seguridad vigentes. El rosario de infracciones es extenso: carece de plan de emergencia e inspección, de equipo de explotación, de sistema de vigilancia y comunicaciones, de caudal ecológico porque sus desagües de fondo están bloqueados y está sin clasificar.

Para colmo, la documentación que atestigua su titularidad se perdió en los archivos del Ayuntamiento, su propietario. Considerada “gran presa” al superar los 15 metros de altura, hoy está al 82% de su capacidad y si mañana se rompiera, arrasaría aguas abajo con un par de cortijos, el cementerio del pueblo y anegaría una vía de tren. Al borde del dique y mientras grandes lisas nadaban en el agua verdosa, Rodríguez ensalzaba hace dos semanas las recientes mejoras tras décadas de abandono por el Consistorio: “Ahora tiene alumbrado, está vallado, se han desbrozado los accesos, tiene puertas, dos nuevos motores de impulsión y está todo informatizado (…) Supuestamente tenemos 10 ó 12 metros de cieno en el fondo del embalse, pero Medio Ambiente nos dijo que tenía que echarse dentro del pantano porque era tóxico, así que nunca se sacó”.

A Rodríguez, que está de vacaciones, le sustituye estos días el operario municipal Alberto Torrejón, que vigila la instalación y cada dos semanas reporta al Ayuntamiento su nivel de llenado. La presa, con una capacidad equivalente a 340 piscinas olímpicas, está ahora al 82%. El pantano solo proporciona una tercera parte de los 1,2 millones de litros que Cazalla consume al día, disparado en verano por el llenado de piscinas. El Ayuntamiento extrae las otras dos de los pozos que pinchan el acuífero y que ha provocado que se hunda el suelo en la barriada del Moro por sobreexplotación del agua subterránea.

Una treintena de viviendas se han visto afectadas con enormes grietas que atemorizan a los vecinos. Hace un año y medio una familia tuvo que ser desalojada de su casa por el riesgo de derrumbe inminente. El proceso que impulsó la reforma del pantano se inició hace cuatro años, cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), advirtió al Consistorio de que era ilegal mantener un embalse con esa enorme masa de agua y sin medidas de seguridad.

La jefa del servicio de inspección y gestión ambiental de presas de la Confederación, Sonia Garrido, visitó el embalse y advirtió en su informe de que el Ayuntamiento podía ser sancionado, pero la Comisaría de Aguas del organismo aún no ha movido ficha cuatro años después. “El informe indicaba posibles infracciones, no sanciones directas. Se ha mantenido contacto con el Ayuntamiento, que ha mostrado disposición en algunos aspectos”, alega por escrito la Confederación.

El informe crítico de la jefa de servicio ponía una lista de deberes al Ayuntamiento que están a medio hacer: “Deberá implantarse un sistema de auscultación en la presa para el control del comportamiento y un informe de revisión general de la seguridad (…) No se tiene constancia de estudios hidrológicos, de caracterización geológico-geotécnica, de comprobación estructural, de sistemas de comunicaciones propios, director ni equipo de explotación (…) comprobar la operatividad del desagüe de fondo, incluyendo la reconexión con la línea eléctrica”.

Tras este demoledor informe recibido en 2021, el Ayuntamiento (entonces PSOE) pidió una subvención a la Diputación de Sevilla por 1,3 millones para regularizar la presa y sobre todo para arreglar sus compuertas de desagües de fondo. Sin embargo, a mitad de obra y en plena sequía, a principios de 2024, los técnicos alegaron que debía modificarse el proyecto y que los desagües de fondo no serían reparados porque Cazalla no tenía fuentes alternativas al Sotillo y no podía inutilizarse el agua del pantano, aunque estuviera al 14% de su capacidad.

Enrique Cornello, teniente alcalde de Cazalla de la Sierra (PP), alega que se opusieron a la modificación del proyecto, pero la Diputación tenía la sartén por el mango. “Nos dijeron ‘esto es lo que hay’. Tuvimos que desistir entonces”, aduce. Sobre la amenaza de sanción de Confederación, ironiza: “Te aprietan, pero no te ahogan”. Cornello admite que la presa necesita como medidas urgentes un plan director, un sistema de auscultación y renovar las válvulas de fondo para poder desaguar.

La clasificación de la presa, después de más de dos años de propuestas tumbadas por el Miteco, parece cerca de culminarse y será previsiblemente de categoría A, ya que el agua arrasaría con una vía del tren en caso de rotura, según fuentes del caso. A pesar de que la obra pública en el pantano finalizó hace un año y mejoró el proceso para potabilizar el agua y automatizar el mecanismo de control, el embalse está lejos de su legalización. Para rematarla, el Ayuntamiento, con un escaso presupuesto, deberá pedir ayuda de nuevo a la Diputación sevillana (PSOE), pero esta les exige que se sumen a una red de abastecimiento que abarque a varios pueblos.

“El culebrón acabará cuando se integren. La Diputación está para hacer la infraestructura, pero con nuestras condiciones. Se tiene que integrar en un sistema supramunicipal porque si no, ya hemos comprobado que cualquier obra acaba abandonada”, aclaran fuentes del organismo provincial.

Y las discrepancias y los problemas parece que continuarán, ya que ciertos municipios del PP, como el de Cazalla de la Sierra, rechazan integrarse en el Consorcio de Aguas del Huesna, tal y como les pide la Diputación. Este organismo tiene previsto un sistema de gestión supramunicipal para repartir el agua del embalse del Pintado (214 hectómetros cúbicos) hasta los pueblos de la Sierra norte por tuberías.

Las obras costarían 80 millones, pero están aún pendientes del acuerdo económico con la Junta. Y en paralelo, un plan de presas ayudará a regularizar otros embalses sin medidas de seguridad adecuadas en localidades como Castilblanco, Real de la Jara o Puebla de los Infantes. Porque junto a las 1.225 presas regularizadas que salpican todo el país, hay cientos de pequeños embalses que el Miteco y las diferentes cuencas intentan legalizar con 2033 como fecha límite.

La cifra total es incierta, pero el Miteco prevé elaborar hasta 300 “revisiones generales de la seguridad” por todo el país en los próximos ocho años. En la cuenca del Ebro, por ejemplo, de sus 280 embalses, unos 56 carecen de resolución de clasificación para evaluar su riesgo potencial si se rompen, según informa su Confederación Hidrográfica.

El Comité Nacional Español de Grandes Presas subrayó en un informe la necesidad de actualizar la gobernanza de los embalses: “La edad de las presas de España en las distintas cuencas hidrográficas es bastante elevada, pudiendo estar en torno a los 50 años de media. Esto hace que sea necesario un mantenimiento adecuado, para garantizar su seguridad”.

30 viviendas agrietadas

La delicada gestión del agua en Cazalla tiene como primeras víctimas a los vecinos de 30 viviendas, agrietadas desde 2009, pero cuya situación empeora año tras año porque el suelo se hunde debido a los pozos del Ayuntamiento en el acuífero. “No hay piezómetros ni datos. No hay gestión del acuífero, ni saben su localización ni el estado exacto”, lamenta Antonia Alcalá. Esta vecina censura que Diputación modificara de manera radical el proyecto para la presa del Sotillo y evitara la limpieza de los desagües de fondo, ya que su excusa fue que debía extraerse el agua para la población.

Alcalá recuerda que el pantano estaba entonces al 16% y no permitía su aprovechamiento por la altura de los lodos. El deseo de estos vecinos angustiados por las grietas crecientes que les acechan es que la extracción del agua del Sotillo crezca, para así disminuir las extracciones de los pozos que hunden sus casas.

En paralelo, el Instituto Geológico y Minero ha localizado un punto para abrir otro pozo y extraer agua del subsuelo, pero de momento el Ayuntamiento carece de fondos y la Diputación sevillana avanza que no invertirá para esta infraestructura si el Consistorio evita integrarse en el sistema supramunicipal. La desesperación vecinal va para largo.