España veta el paso por Rota y Morón de armamento de Estados Unidos para Israel

España ha vetado el tránsito por las bases de Rota (Cadiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) de aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares para Israel. Tanto los que se dirigen directamente a dicho país como los que lo tienen como destino final tras una escala intermedia. Así lo aseguran fuentes conocedoras del funcionamiento del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, que gestiona el día a día del uso de las bases. “Rota y ...

España ha vetado el tránsito por las bases de Rota (Cadiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) de aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares para Israel. Tanto los que se dirigen directamente a dicho país como los que lo tienen como destino final tras una escala intermedia. Así lo aseguran fuentes conocedoras del funcionamiento del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, que gestiona el día a día del uso de las bases. “Rota y Morón no son un coladero”, aseguran las mismas fuentes, saliendo al paso de quienes sostienen que la prohibición del tránsito por España de material militar para Israel queda en papel mojado por el uso sin control de las instalaciones militares estadounidenses en España.

“Rota y Morón son bases de soberanía española, bajo mando de un militar español, y todo lo que allí sucede debe ser autorizado por las autoridades españolas”, agregan. ¿Quiere eso decir que ningún armamento para Israel ha pasado por Rota o Morón? Ante esta pregunta, las fuentes consultadas se muestran más cautas: puede darse el caso, alegan, de que España autorice un vuelo de EE UU a una base alemana o italiana y, desde allí, haga un nuevo viaje a Israel, sin que figurase en su plan de vuelo original. También es cierto, admiten, que España no inspecciona los aviones de transporte o los buques estadounidenses que hacen escala en las bases españolas y que el Pentágono podría ocultar su carga, pero esto, alegan, resultaría contraproducente, pues la relación entre aliados se basa en una confianza que se vería gravemente dañada si se descubriese el engaño.

Finalmente, el volumen de armamento transferido por EE UU a Israel es tan ingente que no puede pasar desapercibido y hay abundantes ejemplos de que Washington conoce y respeta las posiciones del Gobierno español. Uno de los casos más recientes es el de los seis aviones F-35 entregados en marzo y abril a Israel, que evitaron pasar por Rota o Morón. Estos cazas, que venían con los distintivos de la Fuerza Aérea israelí ya pintados en el fuselaje, hicieron escala en las islas Azores, según distintas fuentes, antes de cruzar en vuelo el Estrecho de Gibraltar.

Probablemente, para ahorrarse roces con Washington, el Gobierno se ha mostrado ambiguo sobre la aplicación a Rota y Morón de la prohibición de que transite por España material militar con destino a Israel. Dado que la Península se encuentra a mitad de camino entre EE UU y Oriente Próximo y de que el Pentágono suministra el grueso del armamento utilizado por el Ejército hebreo en su ofensiva sobre Gaza, se trata de una cuestión fundamental. Sin embargo, los portavoces gubernamentales se han limitado a responder que España está obligada a cumplir el convenio bilateral con EE UU y no va a modificarlo. Tampoco hay necesidad de hacerlo, según fuentes que conocen su aplicación práctica.

El convenio de defensa con EE UU de 1988, enmendado posteriormente en numerosas ocasiones, permite que entren y salgan libremente del país, sin más requisito que cumplir la reglamentación española de circulación aérea, los aviones estadounidenses desplegados temporal o permanentemente en España; entre ellos, hasta 15 aeronaves KC-135 cisterna, que en junio pasado repostaron sobre el Atlántico a los bombarderos estadounidenses que atacaron las instalaciones nucleares de Irán. Los demás aviones de la Fuerza Aérea de EE UU deben pedir autorización expresa al menos con 48 horas de antelación a su llegada.

El artículo 25 del convenio prevé, no obstante, la concesión de autorizaciones generales, de carácter trimestral, para aquellas aeronaves, civiles o militares, que realicen misiones de apoyo logístico para las Fuerzas Armadas de EE UU desplegadas por el mundo. Esta autorización tiene, sin embargo, una importante salvedad: se excluye a las que transporten “personalidades, mercancías peligrosas, pasajeros o carga que pudieran ser controvertidos para España”. En estos supuestos requieren una autorización específica. Lo habitual, admiten las fuentes consultadas, es que no se solicite formalmente si se sabe que no se va a conceder.

El procedimiento operativo de 2011 que rige la autorización de escalas y sobrevuelos de las aeronaves militares estadounidenses en España es aún más estricto: obliga a declarar, como “datos imprescindibles e inalterables”, la procedencia y destino de cada vuelo y el objeto de su misión. En el caso de los “vuelos especiales” (aviones de combate y los que transportan mercancías peligrosas) hay que adjuntar “un memorándum explicando detalladamente las circunstancias que motivan el vuelo”, así como “el tipo y cantidad de carga que transporta” y se recomienda solicitar el permiso con hasta siete días de antelación. En todo caso, prohíbe el transporte de mercancías o carga “que pudiera ser controvertida para España [...] salvo caso de autorización expresa”.

Washington conoce de sobra que el suministro de armamento a Israel constituye un asunto “controvertido” para España y en particular para algunos de los socios de izquierdas habituales del Ejecutivo. Por eso, el portavoz del Departamento de Estado que el pasado día 9 calificó de “profundamente preocupantes” las nueve medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez para presionar al Gobierno de Netanyahu se quejó de que estas “limitan potencialmente las operaciones [militares] estadounidenses”. Una de esas medidas consistía en la “denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado [incluidas las fletadas por el Pentágono] que transporten material de defensa destinado a Israel”.

El artículo que obliga a pedir autorización para los vuelos con “carga o pasaje controvertidos” se ha aplicado ya en numerosas ocasiones. Una de las más polémicas fue en junio de 2002, cuando Washington pidió permiso para que hicieran escala en las bases españolas los aviones que transportaban prisioneros afganos a la cárcel ilegal de Guantánamo. La petición fue autorizada por el Gobierno de José María Aznar a través de una orden secreta que desveló años después EL PAÍS. Lo cierto es que el Pentágono no pretendió en ningún caso ocultar a las autoridades españolas el controvertido pasaje de aquellos vuelos. Pidió autorización y se le dio.

Este mismo año, seis cazabombarderos furtivos F-35 han llegado a la base israelí de Beerseva, al sur del país. Las nuevas aeronaves, de la versión Adir (poderoso en hebreo) del avión de combate más avanzado del mundo, cruzaron el Atlántico en vuelo e hicieron escala en Las Azores, antes de pasar por el estrecho de Gibraltar. España había dejado claro que no quería que sobrevolaran su territorio ni aterrizaran en Rota o Morón, salvo en caso de emergencia. Tres en marzo y otras tres en abril, atravesaron el Estrecho haciendo uso del derecho de libre tránsito reconocido por la legislación internacional, que impide a los estados ribereños cerrar el paso a un buque o aeronave y les obliga a prestarles servicios de control aéreo por razones de seguridad. Es el mismo derecho al que la semana pasada se acogió el avión oficial del primer ministro Benjamin Netanyahu para viajar a Nueva York, donde intervino ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Su vuelo dio un rodeo de 600 kilómetros para evitar los espacios aéreos de Francia o España, dos países donde está vigente la orden de detención dictada contra él por el Tribunal Penal internacional. Tras la llegada de los nuevos aviones a Beerseva, Israel ya tiene 45 de los 50 aviones F-35 que compró inicialmente al gigante estadounidense Lockheed Martin, aunque ahora ha ampliado el pedido con 25 más. Estos aviones han jugado un papel destacado en la destrucción de Gaza, cuyo balance supera ya los 66.000 muertos.

En el caso de los buques, el mecanismo es similar al de los aviones, aunque la autorización de escalas debe hacerse con mayor antelación; un mínimo de cinco días. Rige en este caso una cláusula particular: España se ha comprometido a no preguntar qué tipo de armas llevan. Las fuentes consultadas aseguran que este compromiso no se refiere a la carga sino al armamento de dotación y responde al contexto de Guerra Fría en que se firmó el convenio: se trataba de evitar que la Unión Soviética supiera qué buques de EE UU llevaban armas nucleares a bordo. La paradoja radica en que, desde el referéndum de la OTAN de 1986, está prohibido “introducir armas nucleares en territorio español”. De nuevo prima la confianza entre aliados: España no pregunta, pero Washington sabe que no lo puede hacer.