Díaz apela al diálogo pero prepara el terreno para una derrota en la reducción de jornada

Yolanda Díaz se resiste a tirar la toalla con la reducción de la jornada laboral, pero a seis días de su primera votación en el Congreso, el Gobierno carece de apoyos para salvar la ley. El rechazo de Junts, que como PP y Vox ha presentado una enmienda a la totalidad de la norma, amenaza con hacer caer el proyecto estrella del Ministerio de Trabajo nada más comenzar su tramitación parlamentaria. Un revés para el Ejecutivo en un inicio de curso en el que intenta rearmar la mayoría de investidura para presentar el proyecto de Presupuestos, pero especialmente para Sumar, el socio minoritario de l...

Yolanda Díaz se resiste a tirar la toalla con la reducción de la jornada laboral, pero a seis días de su primera votación en el Congreso, el Gobierno carece de apoyos para salvar la ley. El rechazo de Junts, que como PP y Vox ha presentado una enmienda a la totalidad de la norma, amenaza con hacer caer el proyecto estrella del Ministerio de Trabajo nada más comenzar su tramitación parlamentaria. Un revés para el Ejecutivo en un inicio de curso en el que intenta rearmar la mayoría de investidura para presentar el proyecto de Presupuestos, pero especialmente para Sumar, el socio minoritario de la coalición, que ha hecho de la modificación de la jornada a 37,5 horas semanales después de más de 40 años congelada, una bandera central de la legislatura.

Un día después de que la Cámara baja fijase la fecha de la votación, la vicepresidenta Díaz ha admitido este miércoles de manera implícita las dificultades de sacarla adelante, pero se ha sacudido la presión al asegurar que el Gobierno ha cumplido con su labor y que son otros partidos los que boicotean la norma. “No es el Gobierno el que está fallando, es la oposición, que está dañando a los trabajadores, hablo del PP”, ha especificado en rueda de prensa para poner el foco en la formación de Alberto Núñez Feijóo, que con 137 diputados en el Congreso rechazó una reunión con Trabajo para abordar la reforma, y evitar, de paso, críticas públicas al grupo de Carles Puigdemont, al que han intentado convencer durante meses.

“Vamos a trabajar, no me levanto de una mesa jamás. Como no lo hice en la reforma laboral. Fui a la votación sabiendo que la perdíamos”, ha afirmado preparando el terreno para una posible derrota, pero a la vez, apelando al diálogo hasta el último minuto. “Os tempos son chegados”, ha resumido en gallego para referirse a un debate que no podía retrasarse ya mucho más. “Quien vaya a votar a favor, votará a favor y quien lo haga en contra, por una semana más o una menos, no va a cambiar”, ha concluido antes de anunciar que si el proyecto decae, volverá a llevarlo al Consejo de Ministros y desmentir que vaya a retirarlo a última hora para evitar el varapalo en el Congreso.

A pesar de que Junts esgrime razones de fondo ideológico para rechazar la reducción de la jornada laboral, en Trabajo trasladan que después de todo este tiempo, la parte técnica de la negociación con Junts está ya muy avanzada y expresan que son reclamaciones ajenas a las competencias del departamento —más relacionadas con la política de la legislatura, como pueden ser la amnistía o el catalán en Europa— las que podrían dar al traste con el proyecto. Las mismas fuentes deslizan que el hecho de que la votación en el Congreso vaya a producirse un día antes de la Diada puede condicionar el resultado.

Fuentes parlamentarias de Junts confirmaron el martes a este periódico que mantienen la enmienda a la totalidad y achacaron a “una serie de errores de los partidos de gobierno” la fecha fijada para el debate. El propio Ejecutivo pidió en la Junta de Portavoces retirar del orden del día este punto, pero los votos de PP, Vox y UPN (que representa temporalmente al Grupo Mixto y hace que la izquierda no tenga mayoría en ese órgano) lo impidió. Por plazos, en realidad, debía llevarse a pleno en esa fecha, porque la Mesa de la Comisión de Trabajo (que preside la diputada de Sumar Aina Vidal) ya había calificado las enmiendas.

Con todo, los de Díaz se habían mostrado partidarios de no dilatar más los plazos. El ministerio quería llevar la norma a votación el 22 de julio, en la última sesión antes del parón del verano, pero finalmente Sumar decidió no debatirla ese día porque el contexto no era propicio —todo giraba en torno a los casos de corrupción que salpicaban a dos ex secretarios de Organización socialistas— y para dar más tiempo a la negociación con el partido de Carles Puigdemont.

La modificación de la jornada laboral se convirtió en una reclamación fundamental de Sumar en las generales del 23-J. El grupo peleó muy duro en las negociaciones para incluir la reducción en el pacto de coalición con el PSOE y ya no pudo cumplir con el primer hito, que era el de rebajar hasta las 38,5 horas semanales la jornada antes de final de 2024. Para los de Díaz, el aprobar las 37,5 horas este 2025 era ya un imperativo y por eso mismo no querían retrasar mucho más el paso de la norma por el pleno, aunque se inclinaban por llevar la ley un poco más adelante en septiembre, según reconocieron el martes.

El proyecto es rechazado por las patronales, uno de los principales argumentos de Junts para criticar la norma. Sí tiene el respaldo de los dos sindicatos más representativos del país, CC OO y UGT. El jefe ugetista, Pepe Álvarez, ha reconocido este miércoles que la fecha de la votación de enmiendas es “prematura”. “Francamente, llegar de vacaciones y encontrarnos que con menos de una semana esto se va a pasar a pleno y se va a votar, no puedo decir que sea oportuno”, ha señalado el sindicalista. “Creo que esta batalla la vamos a ganar. No sé si en la votación del próximo miércoles, espero que sí”, ha añadido líder de UGT, dejando claras sus dudas sobre la suerte que correrá la ley en el Congreso.

Si no encalla y supera el resto de trámites parlamentarios, la norma no se limitaría a reducir la jornada ordinaria máxima semanal de 40 a 37,5 horas. El proyecto acordado por los sindicatos y el ministerio mantiene el salario de aquellas personas a las que se les rebaje la jornada, incluyendo a las que tengan jornadas parciales. Además, apuntala el derecho a la desconexión digital e impulsa el registro horario: obliga a que sea digital, se impiden los apuntes en papel, y las sanciones a empresas incumplidoras se enfrentarán a sanciones por cada trabajador, en vez de una general como empresa, como sucede actualmente.

Esta última parte, la del registro horario, saldrá adelante pase lo que pase con la reducción de la jornada, según viene advirtiendo el departamento de Díaz. Es decir, como el registro horario se puede modificar sin necesidad de convalidación en el Congreso, Trabajo avisa de que aprobará el cambio aunque la mayoría de derechas tumbe el recorte de jornada. Una baza del ministerio que sirve a su vez para ejercer presión sobre las patronales en la negociación.