Las asociaciones profesionales cargan contra la imputación de cuatro periodistas por informar sobre el caso del fiscal general
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información cree que “vulnera la libertad de prensa” y el comité de redacción de EL PAÍS afirma que la decisión “resulta alarmante en una sociedad democrática”
La decisión de un juzgado de Madrid de citar como investigados a cuatro periodistas (de EL PAÍS, El Mundo y 20 minutos) por informar sobre el caso del fiscal general ya ha obtenido respuesta de colectivos y profesionales de los medios de comunicación. “Imputar periodistas por informar vulnera gravemente la libertad de prensa”, ha denunciado, por ejemplo, la Plataforma en Defensa de la Li...
La decisión de un juzgado de Madrid de citar como investigados a cuatro periodistas (de EL PAÍS, El Mundo y 20 minutos) por informar sobre el caso del fiscal general ya ha obtenido respuesta de colectivos y profesionales de los medios de comunicación. “Imputar periodistas por informar vulnera gravemente la libertad de prensa”, ha denunciado, por ejemplo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, que se suma así a las protestas de numerosos reporteros, de la Asociación de Periodistas de Investigación, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y del propio comité de redacción de EL PAÍS.
Una parte del sector se lanza así contra el Juzgado de Instrucción 20 de Madrid, que ha acordado imputar por revelación de secretos a cuatro periodistas por publicar el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la causa abierta en el Tribunal Supremo por ese mismo delito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ese documento del instituto armado analizaba las comunicaciones encontradas en el móvil y el correo electrónico de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en el alto tribunal, elaborado tras el registro de su despacho el pasado 30 de octubre.
“La labor periodística de publicar hechos noticiables tras una contrastación diligente está amparada por la Constitución. No puede ser criminalizada por el hecho de que la fuente pudiera ser una hipotética filtración procedente de una instrucción penal. La garantía constitucional de la libertad de prensa protege claramente al periodista, y el hecho de que la fuente haya cometido alguna posible conducta ilícita no altera esta conclusión”, ha insistido Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III y jurista de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. El comité de redacción de EL PAÍS ha añadido en un comunicado: “Los cuatro [periodistas] investigados no hicieron más que cumplir con su obligación al publicar una información veraz y relevante sobre un caso de interés público, con el que aparecen relacionados desde el fiscal general a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Pilar Rodríguez presentó una queja por la filtración del informe de la UCO, pero sin apuntar a los periodistas. Entonces, el Supremo decidió enviar el caso a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para que se investigase. Y el Juzgado de Instrucción número 20 de la capital, que recibió las pesquisas, ha acordado dirigirlas contra cuatro reporteros. “[Es un] grave ataque a la libertad de prensa”, ha arremetido la Asociación de Periodistas de Investigación, que ha añadido: “Cuatro periodistas investigados por hacer su trabajo. El derecho a informar y el secreto de las fuentes están protegidos por la Constitución y son pilares de la democracia”.
El secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes están especialmente protegidos en la Constitución, además de considerarse uno de los derechos fundamentales en un Estado democrático. En esta línea, el catedrático Jacobo Dopico recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ampara especialmente la labor de los reporteros: “El TEDH ha establecido de manera constante que las garantías de la libertad de prensa no ceden aunque la fuente del periodista haya violado algún deber de secreto. De hecho, son numerosos los casos en los que este tribunal ha condenado a distintos Estados por actuaciones similares, como investigar a periodistas o registrar sus despachos por publicar información derivada de filtraciones supuestamente ilegales”.
La APM y la FAPE han hecho un “llamamiento” al juzgado para que “reconsidere su decisión”: “En cualquier caso, la APM y la FAPE respaldarán a los periodistas citados como investigados en su derecho a no dar a conocer las fuentes por las que pudieron acceder a un informe que resulta de interés para sus lectores. El mencionado informe está considerado como una pieza clave en la instrucción abierta en el Supremo”.
“La juez puede, si así lo considera, investigar la filtración de una determinada diligencia, pero imputar a los periodistas carece de sentido”, prosigue el comité de redacción de EL PAÍS: “Precisamente por su inutilidad para la investigación, la imputación de periodistas no puede tener otro efecto que el de presionarlos o intimidarlos para que no cumplan su obligación profesional, lo que resulta alarmante en una sociedad democrática y debería hacer reconsiderar esta decisión a quienes la han acordado y promovido”.