Interior revisa la vigilancia en torno al fiscal general del Estado después de que se filtren sus datos personales

El Ministerio del Interior va a revisar la seguridad en torno al fiscal general del Estado después de que se hayan filtrado documentos que recogen información personal de Álvaro García Ortiz, como la dirección de su domicilio y su DNI. Estos datos figuran en uno de los anexos enviados al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ...

El Ministerio del Interior va a revisar la seguridad en torno al fiscal general del Estado después de que se hayan filtrado documentos que recogen información personal de Álvaro García Ortiz, como la dirección de su domicilio y su DNI. Estos datos figuran en uno de los anexos enviados al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el último informe sobre el contenido del teléfono móvil de García Ortiz, al que el alto tribunal investiga por revelación de secretos. La documentación enviada por la UCO, que se ha notificado a todas las partes personadas en la causa, recoge también la dirección postal y los DNI de todas las personas con las que García Ortiz habló por teléfono entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el periodo en el que se centra la investigación, lo que incluye datos de particulares, miembros de la Fiscalía e incluso uno de los escoltas del fiscal general. García Ortiz ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que expone que en los documentos enviados a las partes se ha incorporado información que, a su juicio, resulta innecesaria para la causa.

Los datos enviados por la UCO responden a la petición que le hizo hace unas semanas el juez Hurtado a los agentes para que identificasen a todas las personas a las que hubiera llamado o hubieran llamado a García Ortiz durante el periodo investigado. Tras recabar esa información de las compañías de teléfono, la Guardia Civil ha enviado al instructor un informe en el que se constata que el fiscal general no habló con ningún periodista ni con nadie ajeno a la Fiscalía la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se produjo la supuesta filtración del correo electrónico enviado el 2 de febrero a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. Junto a ese informe, los agentes han enviado también varios anexos en los que se recogen los números que recibieron llamadas o llamaron a García Ortiz en esos días de marzo, y los datos personales de estas personas.

Fuentes consultadas señalan que el fiscal general se ha dirigido por escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad para advertir del riesgo que puede suponerle la filtración de estos datos, tras lo cual el Ministerio del Interior ha decidido revisar las medidas de seguridad del fiscal general. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska señalan que, en efecto, “se está revisando la seguridad” de García Ortiz, pero aún no se ha tomado una decisión sobre si es necesario reforzarla.

El fiscal general se ha dirigido también por escrito al CGPJ, al que ha informado de que la información notificada este lunes a las partes por el instructor del Supremo incorpora, “de modo manifiestamente injustificado”, los datos del domicilio particular “de todos y cada uno de los titulares de las líneas telefónicas”, incluidos fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. En su escrito, García Ortiz considera que la inclusión de estos datos supone “una infracción muy grave” y pide al CGPJ que acuerde “las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos” y, en especial, las previstas en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos, referidas al “bloqueo cautelar de los datos y a la obligación inmediata a atender al derecho solicitado”.

García Ortiz recuerda en su escrito que la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena que las actuaciones procesales contengan solo los datos personales que sean “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, en especial para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. El órgano de gobierno de los jueces ha confirmado la recepción de ese escrito, que ha sido a la dirección de surpervisión y control de protección de datos “para su tramitación”.

Queja de Dolores Delgado

Entre los teléfonos que recoge el último informe de la UCO se encuentra el de Dolores Delgado, fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y predecesora de García Ortiz en la Fiscalía General. Delgado se ha dirigido por carta al presidente en funciones de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, para explicar que se ha enterado por la llamada de una periodista de que su teléfono figura en el informe porque habló con García Ortiz los días 12 y 13 de marzo. La ex fiscal general reprocha que esa información se haya notificado a las partes “sin adoptar cautela alguna” para evitar “la más que previsible filtración”.

Tras la difusión de estos datos, Delgado asegura que está recibiendo “reiteradas llamadas anónimas” a las que no está respondiendo, “con la consiguiente zozobra e intranquilidad, a la vez que inseguridad” para su persona y su trabajo, “por no haberse adoptado aquellas medidas mínimas de prevención”. La situación le ha llevado, afirma, a solicitar el cambio de terminal para “preservar” su seguridad personal y profesional. En los escritos enviados al Supremo y el CGPJ, Delgado explica que la llamada que mantuvo con García Ortiz el 12 de marzo fue para darle cuenta del curso de formación de la 62 promoción de fiscales; y la del día 13, para informarle de un acto al que había acudido en representación de la Fiscalía en Alcalá de Henares presidido por el Rey.

A lo largo de la instrucción, la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, ha pedido al juez que ponga coto a las filtraciones que se estaban produciendo en una causa en la que, precisamente, se investiga una supuesta filtración. La Abogacía considera que esta difusión de datos supone “una brecha de seguridad” y vulnera su derecho a la intimidad. Pero el juez no ha adoptado ninguna de las diligencias solicitadas por la defensa. “Impedir tal difusión supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta”, señaló el instructor en un auto del pasado 3 de febrero. Si la defensa de García Ortiz considera que se están vulnerando sus derechos, añadía el juez, “siempre le queda abierta la posibilidad de hacer valer su pretensión, acudiendo a la vía que estime oportuna”.

Durante su declaración como investigado ante el juez de Supremo, García Ortiz desvinculó de la investigación abierta contra él el cambio de móvil que hizo el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo lo encausara. García Ortiz argumentó que su teléfono alberga información “ultrasensible” y su borrado es una “imposición legal”, por lo que ha cambiado de terminal seis veces desde que llegó a la Fiscalía y elimina habitualmente el contenido de su dispositivo. El último informe de la UCO acredita que Álvaro García Ortiz borró hasta en dos ocasiones todos los mensajes de su cuenta de WhatsApp el pasado 16 de octubre, el día en el que el alto tribunal abrió la causa. Los agentes concluyen asimismo que el fiscal general ha borrado “recientemente” su cuenta de Gmail por lo que, por ahora, no se ha podido recuperar su contenido, aunque Google ha informado a la Guardia Civil de que “quizá” pueda hacerlo. Fuentes consultadas señalan que García Ortiz ha eliminado su cuenta por recomendación de los servicios de seguridad del ministerio público después de que esta fuera difundida en informes de la UCO y en escritos presentados por las acusaciones.