El juez Peinado se contradice e imputa a la asesora en La Moncloa de Begoña Gómez 19 días después de rechazarlo

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga por su trabajo docente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suma un nuevo investigado a la causa. Y lo hace, además, contradiciendo una decisión que él mismo había tomado tan solo 19 días antes. En un auto fechado el pasado 28 de enero y conocido este martes, el magistrado acuerda imputar a Cristina Álvarez Fernández, asesora de Gómez en el Palacio de La Moncloa, por los delitos de tráfico de influencias y ...

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga por su trabajo docente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suma un nuevo investigado a la causa. Y lo hace, además, contradiciendo una decisión que él mismo había tomado tan solo 19 días antes. En un auto fechado el pasado 28 de enero y conocido este martes, el magistrado acuerda imputar a Cristina Álvarez Fernández, asesora de Gómez en el Palacio de La Moncloa, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La asesora tendrá que comparecer para declarar el próximo 28 de febrero a las 9.30.

Esta decisión es contradictoria con la que el propio magistrado había adoptado el 9 de enero, cuando rechazó la pretensión de las acusaciones populares de citar a Álvarez como investigada después de que esta declarase como testigo ―y, por tanto, obligada a decir verdad y sin el acompañamiento de un abogado― el 18 de diciembre. Peinado consideró entonces que del contenido de su testimonio y de lo conocido hasta ese momento por la investigación no se le podía atribuir ni siquiera el papel de “cooperadora necesaria” en los hechos investigados que avalase esta imputación.

Ahora, sin embargo, el magistrado justifica su cambio de opinión precisamente en esa misma declaración. En unas pocas líneas, el juez Peinado hace referencia a aquel testimonio y a otras diligencias practicadas sin más concreción como suficientes para “colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados”. En aquella comparecencia como testigo, la asesora aseguró al magistrado que su trabajo consistía en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de la mujer del presidente y que solo realizó favores a Gómez en sus proyectos personales por su relación de amistad. En concreto, buscarle alumnos para el máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía y que es el epicentro de la causa.

El 9 de enero el juez Peinado había considerado que no encontraba en aquella declaración motivo suficiente para imputar a la asesora por un delito de tráfico de influencias. “No se puede percibir en el hecho de que una persona, que trabaje para la investigada [Begoña Gómez] aunque sea en las dependencias de la sede que constituye, tanto el domicilio de la misma, como su lugar de desarrollo de otras actividades al margen de su condición de esposa del presidente del Gobierno, permita colegir que ese hecho, per se, va a comportar en cualquier tercero una influenciabilidad moral o psíquica”, razonaba entonces.

Es la cuarta vez que el juez Peinado acuerda es esta causa la imputación de una persona que antes ha declarado como testigo. Ya lo hizo con el empresario Carlos Barrabés, con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; y con Juan José Güemes, directivo de Instituto de Empresa (IE) y exconsejero autonómico del PP en Madrid.

En otro auto, también fechado el mismo día de la imputación de la asesora de la esposa del presidente, el magistrado pide a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un amplio análisis sobre el tráfico de llamadas desde el número de móvil que Álvarez aseguró que era el suyo personal o “desde cualquier otro teléfono que tuviera asignado profesionalmente por su contratación por Presidencia del Gobierno” como asesora de La Moncloa en julio de 2018, al poco de llegar Sánchez al poder, hasta la actualidad. En realidad, esta diligencia ya la había acordado el 9 de enero, en la misma resolución en la que rechazaba imputar a Álvarez.

Así, el juez vuelve a pedir, en concreto, conocer las comunicaciones que tuvo la asesora de La Moncloa con números de teléfono de la Universidad Complutense, de Barrabés o su grupo de empresas, del IE-África Center, de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y de varias empresas que colaboraron con la cátedra de Gómez como Indra Sistemas, Google España, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa y Reale “o cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara los másteres o cátedras en las que participó” la esposa del presidente.

En paralelo, el magistrado ha acordado la citación de cinco nuevos testigos, todos ellos relacionados con algunas de estas empresas y organismos, para el próximo 26 de febrero, dos días antes de la declaración como imputada de la asesora de Gómez. Se trata, en concreto, de María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la Universidad Complutense de Madrid; Blanca María de Juan de Castro, coordinadora del máster que impartía Gómez; y las personas que ocupen el cargo de consejero delegado de Google España, Indra y Telefónica, las empresas que fabricaron y financiaron un software —en el que se invirtieron más de 200.000 euros— creado por la Universidad Complutense durante el desarrollo de la cátedra codirigida como Gómez y que se pretendía poner a disposición de pequeñas y medianas empresas de manera gratuita.

Con esta nueva batería de diligencias, el juez Peinado pretende ahondar en la parte de la causa en la que se investigan, precisamente, supuestas irregularidades sobre la propiedad de este software y que le llevó a añadir a los dos delitos por los que inicialmente investigaba a la esposa del presidente ―tráfico de influencias y corrupción en los negocios―, otros dos: apropiación indebida e intrusismo. Esta línea de investigación la abrió después de que el grupo ultracatólico Hazte Oír, personado en la causa como acusación popular, presentase una querella en el que acusaba a la mujer del presidente de apropiarse indebidamente del programa informático. Si bien la denuncia inicialmente recayó en otro juzgado, en septiembre pasado la Audiencia Provincial de Madrid acordó que se incorporara al sumario que instruye el juez Peinado. Las diligencias acordadas ahora por el magistrado, incluida la imputación de Álvarez, habían sido pedidas por Hazte Oír.

La Universidad Complutense investigó por su cuenta si Gómez registró a su nombre este software y preguntó al Registro de la Propiedad Intelectual, quien le indicó que no había nada registrado con ese nombre, el de la mujer del presidente del Gobierno o con el nombre de la cátedra que codirigía. Todo ello lo plasmó en un informe que envió al magistrado el pasado julio.