Trumpismo en la Junta: la purga de los interventores incómodos

El reestreno de Donald Trump como presidente de la primera potencia mundial parece más una vengativa razia de botín de un jefecillo medieval que la gestión de un líder democrático contemporáneo. Sus primeras medidas empiezan a parecerse al saqueo de Constantinopla de 1204. Entre los actos vandálicos recién ejecutados por el sátrapa hemos conocido el ...

El reestreno de Donald Trump como presidente de la primera potencia mundial parece más una vengativa razia de botín de un jefecillo medieval que la gestión de un líder democrático contemporáneo. Sus primeras medidas empiezan a parecerse al saqueo de Constantinopla de 1204. Entre los actos vandálicos recién ejecutados por el sátrapa hemos conocido el despido de una docena inspectores generales de los servicios y agencias federales.

Los inspectores generales en EE UU son los órganos encargados de controlar de forma independiente a las agencias federales para prevenir fraudes, abusos y mala administración, asegurando el cumplimiento de las leyes y el uso adecuado de los fondos públicos. Son designados por el presidente previo examen por el Senado y reportan tanto al Congreso como al jefe de la agencia correspondiente. La escabechina propinada por Trump entre las personas encargadas, precisamente, de controlar su gestión ha sido interpretada como la pretensión de quitarse de en medio a cualquiera que pueda poner obstáculos a sus desmanes. Podría decirse en este caso que el alguacilado se ha convertido en alguacil.

En España, un equivalente aproximado de estos inspectores generales norteamericanos serían los órganos de control interno, como la Intervención General del Estado y las intervenciones generales de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, responsables de fiscalizar la gestión económica y administrativa del sector público.

Coincidiendo con los despidos trumpianos, la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha decidido convertirse en un émulo aventajado. En efecto, los medios han dado cuenta estos días del cese fulminante de la interventora general de la Junta de Andalucía y de cuatro de los siete responsables de área del máximo órgano de control del Gobierno regional. Tengo méritos más que suficientes, aunque solo sea por cronología, como para no poder ser desmentido si afirmo que jamás se había producido semejante estrago en la historia de la Junta de Andalucía.

Veamos algunos datos de contexto. La Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, debido a dos motivos que han terminado aflorando a los medios de comunicación.

Por un lado, algunos informes del órgano de control, en los que se exponían deficiencias detectadas en los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), están sirviendo de ariete contra los gestores de la Junta. Los grupos de la oposición blanden estos informes en el Parlamento pidiendo ceses y desgastando al Gobierno andaluz y han provocado la apertura de diligencias penales, en las que ya se encuentran encausados varios responsables de la Junta.

Por otro lado, estos despidos han coincidido con el momento álgido de las tensiones entre la Administración de la Junta y sus interventores, por discrepancias en el proceso de aplicación de la ley por la que se crea un nuevo cuerpo de interventores. Como tuve ocasión de denunciar mediante una carta que remití al presidente de la Junta, en este proceso de aplicación de la ley de creación del cuerpo de interventores se han producido algunas arbitrariedades y claros casos de nepotismo, más propios de una administración de botín decimonónica que de una administración contemporánea. Con todo, esto no es lo más grave que puede decirse del proceso de aplicación de esta ley. Lo que ha puesto en pie de guerra a los interventores de la Junta es la reticencia de la Consejería de Hacienda a cumplir con todos los compromisos derivados de la ley aprobada por el Parlamento, poniendo una serie de obstáculos y dificultades que bien pueden calificarse de filibusterismo administrativo.

Cabe recordar que en el programa político con el que el PP se presentó a las dos últimas elecciones figuraba el compromiso de crear un cuerpo de interventores, para lo que se aprobó la Ley 7/2023. En este sentido, no es necesario dedicar tiempo a explicar que los objetivos de una ley no se consiguen con su mera promulgación. Las leyes hay que ejecutarlas, hay que cumplirlas. En la carta que dirigí al presidente ya le advertí de que, en vista de lo que estaba ocurriendo en la aplicación de esta ley, cabría convenir que la voluntad del Parlamento plasmada en leyes parece encontrarse al albur de los caprichos de autoridades y funcionarios disconformes con su contenido y efectos. En este caso, son las máximas autoridades de la Consejería de Hacienda las que se muestran renuentes a aplicar la ley de creación del cuerpo de interventores, con todas sus consecuencias.

Pues bien, el Gobierno de la Junta ha decidido afrontar estos retos de un modo genuinamente trumpiano. Como castigo por los deslices de los informes sobre la contratación del SAS que lo han puesto en un aprieto, ha cesado a la máxima responsable de estos informes, la interventora general. Y, como advertencia al conjunto de los interventores ante sus reivindicaciones, que incluían la amenaza de una huelga, ha cesado a la mayoría de los funcionarios de mayor rango y que ocupaban los puestos clave en la estructura de la Intervención General. Porque no han cesado a cualquiera, no. Los ceses han recaído en los siguientes funcionarios: el responsable de elaborar los informes de las decisiones de gasto más relevantes, que son las que acuerda el Consejo de Gobierno; la responsable de las auditorías de las más importantes entidades instrumentales de la Junta; el responsable de cumplimentar los requerimientos de los juzgados y tribunales (como los informes sobre la contratación del SAS, por ejemplo); y la responsable del control de los fondos europeos. Además, algunas de las personas cesadas se encuentran entre las que más se han significado en la defensa de las reivindicaciones del colectivo ante la Administración.

El resultado obtenido por el Gobierno de la Junta con estos ceses es evidente. Ahora cuenta con un nuevo responsable de la IGJA, que ya sabe a qué se expone si sus informes ponen en aprietos políticos a quienes lo han nombrado y si no es capaz de sofocar las protestas de los interventores. Y cuenta con un colectivo de interventores que ha debido tomar nota, tras contemplar consternado cómo una administración atrabiliaria utiliza sus potestades para doblegar y desactivar sus justas exigencias de una mayor consideración profesional y de mejora de los medios personales y materiales de los que dispone para realizar sus funciones.