Junts acepta que sea el presidente el que valore someterse a una cuestión de confianza

Junts no retirará la proposición no de ley que registró el pasado 9 de diciembre en el Congreso para reclamar una cuestión de confianza sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero la ha reformulado en la tarde de este miércoles para retocar su texto e introducir que será el propio jefe del Ejecutivo el que valore “la oportunidad” de aceptar ese debate. Esa corrección será suficiente para el Gobierno y el PSOE, y la i...

Junts no retirará la proposición no de ley que registró el pasado 9 de diciembre en el Congreso para reclamar una cuestión de confianza sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero la ha reformulado en la tarde de este miércoles para retocar su texto e introducir que será el propio jefe del Ejecutivo el que valore “la oportunidad” de aceptar ese debate. Esa corrección será suficiente para el Gobierno y el PSOE, y la iniciativa, que no tiene un valor ejecutivo obligatorio, se tramitará y aceptará por la Mesa de la Cámara baja, con mayoría progresista, para que ese debate inicial al menos se produzca, más que probablemente el próximo 25 de febrero, que es la única ocasión en la que el partido de Carles Puigdemont tiene cupo programado en este nuevo periodo de sesiones para este tipo de propuestas. Junts está en este momento en provocar que esa proposición prospere, aunque sea con un valor político simbólico que solo recabaría por ahora el apoyo de PP y Vox, porque sería el presidente el que tendría que aceptar el debate de fondo sobre si la mayoría de la Cámara le mantiene su confianza. Sánchez ya ha avanzado que no lo considera ni necesario ni oportuno.

Cuando Junts registró su proposición la planteó en unos términos imperativos: “El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza”. El informe técnico de 16 páginas elaborado entonces por los letrados de la Secretaría General del Congreso ya precisó que ese tipo de proposiciones dirigidas al Gobierno no podían ser vinculantes y “se conciben, a partir de la previsión contenida en el artículo 111.2 de la Constitución, como manifestaciones de posición de la Cámara o, según el artículo 193 del Reglamento, como propuestas de resolución que, como se verá, carecen de efectos jurídicos”. En la moción revisada hoy Junts simplemente insta al presidente “a considerar la oportunidad” de plantear esa cuestión y asume así que esa es su prerrogativa constitucional.

Las duras negociaciones entre los representantes del Gobierno del PSOE y Junts para salvar el escudo social del decreto ómnibus paralizado la semana pasada por ese partido, el PP y Vox se detuvieron bastante en este asunto, que para la formación de Puigdemont era relevante en este momento de la legislatura porque entienden que el Gabinete de Sánchez ha incumplido varios compromisos adquiridos en su sesión de investidura y durante este primer año de la legislatura. Ahora abren otro plazo de un mes para observar si sus demandas se cumplen y para analizar si tiene sentido comenzar a estudiar “la carpeta” de los Presupuestos del Estado para 2025, “siempre que antes se pague lo prometido y no cumplido de presupuestos anteriores”, según fuentes de la cúpula de Junts.

La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, aclaró este miércoles en Catalunya Radio que aún no están en esa fase y que siguen en la desconfianza total, pero concedió que hasta el posible debate de la cuestión de confianza podría ser un punto de inflexión: “Creo que es una oportunidad, si tú realmente te sientes fuerte y tienes argumentos para seducir a aquellos que necesitas que te voten, la plataforma de un debate de estas características es brillante para lucirte y para no dar más argumentos a quien te está cuestionando la confianza”.

Junts, a cambio, aceptó enmendar su proposición y la retocará para introducir que será el propio presidente, como fija entre sus prerrogativas la Constitución, el que valorará ahora si procede esa discusión en el Parlamento. Sánchez ya adelantó el martes, en su comparecencia en La Moncloa, que tramitar y permitir que se agende con una fecha ese debate no quiere decir que la cuestión de confianza vaya a tener lugar. Tanto el presidente como varios de sus ministros ya han confirmado que pase lo que pase en ese futuro pleno, donde Junts podría sumar los votos de PP y Vox y superar los 177 síes, no habrá como consecuencia una sesión para revalidar su confianza entre otras razones porque si saliese adelante significaría que se tendría que convocar un proceso para una nueva investidura.

El informe de los letrados del Congreso ya concluía que “el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”. Y añadía: “La aprobación de este tipo de iniciativas comporta la expresión por parte de la Cámara de su criterio o afán sobre el asunto debatido, derivándose de ello, sin duda, efectos políticos, pero en ningún caso jurídicos”.

A esos posibles efectos políticos, no jurídicos ni vinculantes, es a lo que se agarraron este miércoles diferentes portavoces de Junts para valorar que su planteamiento no es el de una “cuestión de confianza al uso”, como reconoció Jordi Turull en la Cadena SER, pero “sí serviría políticamente” para analizar el grado de satisfacción de los partidos con las promesas y compromisos adquiridos en su día por Sánchez en su investidura y que entienden que no se han llevado a efecto. Otras fuentes de Junts precisaron que si esa hipotética cuestión de confianza se permitiese finalmente debatir y no prosperase “se visualizaría que Sánchez no tiene el apoyo de la Cámara” y debería marcharse y convocar elecciones. Turull no llegó tan lejos y se quedó en apuntar que la oportunidad de ver si se admite esa cuestión “se debatirá dentro de un mes, un mes y medio” y añadió que hasta entonces el Ejecutivo “tiene ese margen por cumplir”. Y matizó ahí que de aquí a entonces, y “en función de si aquellas cosas que hace tanto tiempo que el PSOE dice lo tenemos listo, como por ejemplo el catalán en Europa, se ha cumplido, pues veremos si han podido restaurar la confianza.”

Junts, como todos los grupos que no son los cuatro grandes del Parlamento, solo tienen una posibilidad de incluir una proposición no de ley para instar al Gobierno a realizar determinadas acciones por periodo de sesiones y en su caso esa opción la tienen solo en el pleno del 25 de febrero para este mandato que dura ya hasta el verano. Por tanto, esa debería ser la fecha del debate y del margen al que se refirió este martes Turull. La Mesa del Congreso que tendrá que aprobarlo todavía no está fijada, pero en esta ocasión sí parece que lo respaldará con el apoyo de nuevo de los cuatro componentes del PP, como ya lo hicieron en diciembre, y ahora de los cinco del PSOE y de Sumar, que ya entonces expresaron divisiones al respecto. Algunas formaciones dentro del conglomerado de Sumar, como Compromís y En Comú, sí anticiparon su posición favorable al debate, aunque no a cuestionar al presidente.

En el Gobierno quiere ver en estos vaivenes de Junts una luz en su compleja relación de “carpeta a carpeta” o ley a ley con el partido de Puigdemont. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, negociador con Junts en este caso, subrayó este miércoles la relevancia de lo conseguido frente a lo cedido: “Por un debate parlamentario no íbamos a poner en riesgo las pensiones”, remachó.