El Supremo rechaza anular el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado
La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima por unanimidad el recurso de una asociación de fiscales que consideraba “no idónea” la designación que hizo el Gobierno
El fiscal general del Estado ha salvado el primer frente que tenía ante sí esta semana. El Tribunal Supremo ha desestimado este martes por unanimidad el recurso presentado por una asociación de fiscales contra la decisión del Gobierno de renovar a Álvaro García Ortiz para el cargo en diciembre de 2023. La resolución del Supremo, q...
El fiscal general del Estado ha salvado el primer frente que tenía ante sí esta semana. El Tribunal Supremo ha desestimado este martes por unanimidad el recurso presentado por una asociación de fiscales contra la decisión del Gobierno de renovar a Álvaro García Ortiz para el cargo en diciembre de 2023. La resolución del Supremo, que insufla oxígeno al jefe del ministerio público en el momento más crítico de su mandato, llega un día antes de que García Ortiz tenga que acudir al alto tribunal para declarar ante el juez que le investiga por revelación de secretos.
El rechazo del recurso contra ese nombramiento lo han avalado los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que integraban el tribunal: Pablo Lucas (presidente en funciones de la sala), Luis Díez-Picazo, Pilar Teso, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero. Fuentes jurídicas señalan que los magistrados, conscientes de la trascendencia de la decisión que tenían en sus manos, han llegado a la deliberación con los informes de las partes estudiados para acelerar todo lo posible el debate. Aunque lo habitual es que la sentencia completa se firme y difunda varios días después de la deliberación, el tribunal la ha hecho pública en esta ocasión apenas dos horas después de que los jueces hayan acordado el fallo.
En la resolución, los magistrados subrayan el “amplio margen de discrecionalidad” que confiere la Constitución al Gobierno para los nombramientos discrecionales y recalcan que no se discutía que García Ortiz cumpliera las condiciones que exige la ley para acceder al cargo (ser un jurista de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión), sino su idoneidad. Por esta razón, según el tribunal, el examen judicial debe ser “prudente” para no privar al Gobierno de su competencia.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) impugnó el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023 para renovar a García Ortiz porque, según esta asociación, había incurrido durante su primer mandato (entre julio de 2022 y diciembre de 2023) en una “sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves”. Entre ellos, en el momento de interponer el recurso, APIF destacó la anulación por el propio Supremo del ascenso a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera, que propició García Ortiz para su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. En esa sentencia, la misma sala que ahora ha rechazado revocar el nombramiento del fiscal general consideró que García Ortiz incurrió en “desviación de poder” para favorecer a Delgado.
En posteriores escritos presentados durante la tramitación de la demanda, la asociación fue añadiendo actuaciones de García Ortiz que APIF ha cuestionado, hasta llegar a la investigación abierta en la Sala Penal por revelación de secretos. Según esa asociación, todos estos hechos hacían que el jefe del ministerio público haya incurrido en un “incumplimiento grave o reiterado de sus funciones”, una de las causas que prevé el artículo 31.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para el cese del fiscal general, por lo que, añadía APIF, el Gobierno no debía haber renovado a García Ortiz (tras las elecciones generales de julio de 2023).
Los jueces rechazan este argumento y restan valor, una por una, a todas las actuaciones del fiscal general en las que la asociación asentaba su demanda. Ninguna de ellas, “ni aisladamente ni en su conjunto”, suponen un incumplimiento grave de las funciones que tiene atribuidas el fiscal general del Estado, advierte el Supremo. El tribunal desmonta los argumentos esgrimidos por APIF que, entre otras actuaciones de García Ortiz, había citado las directrices que difundió a los fiscales para aplicar la ley del solo sí es sí o la decisión de la Fiscalía General del Estado a favor de aplicar la amnistía a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, en contra de la mayoría de fiscales de lo Penal del Supremo.
Sobre la primera de estas actuaciones, los jueces señalan que “es obvio” que García Ortiz “sí ejerció sus funciones, como lo demuestra que la Fiscalía General del Estado aprobó una circular que sirviese de pauta interpretativa para el ministerio fiscal” ante la aprobación de la ley del solo sí es sí. “Cosa distinta es que los criterios de la Circular no fuesen asumidos enteramente —pero sí en gran medida— por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y sucede que la APIF no defiende que esa circular fuese irrazonable o arbitraria”, apunta el tribunal. Sobre Tsunami Democràtic, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que no le corresponde a esta Sala valorar la “razonabilidad de las posturas enfrentadas en la Fiscalía del Tribunal Supremo, y lo relevante para rechazar este hecho es que se presenta como ‘incumplimiento grave o reiterado’ lo que no es sino discrepancia en la calificación”.
Tampoco admiten los jueces como causa para revocar la designación de García Ortiz el hecho de que algunas de sus decisiones hayan sido anuladas por el Supremo. “En la práctica contencioso-administrativa es usual anular actos administrativos y no por ello se cuestiona la idoneidad de la autoridad que los dicta para ejercer el cargo”, señala el tribunal, que recuerda que la Sala Penal archivó la querella por prevaricación presentada contra el jefe del ministerio público por el ascenso de Delgado. La sentencia dictada este martes impone a APIF el pago de las costas del proceso, con un máximo de 4.000 euros.
El recurso contra el nombramiento del jefe del ministerio público lo presentó la APIF en febrero de 2024, un mes antes de que se produjeran los hechos que han derivado en su imputación por la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e investigado por fraude fiscal, en el que el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel. La APIF es una asociación minoritaria (alrededor de 40 miembros) y abiertamente enfrentada a García Ortiz, que ya había recurrido con éxito el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala Memoria Democrática. Para impugnar la designación del jefe del ministerio público, ha contado con la ayuda de la abogada Elisa de la Nuez, una de las miembros destacadas de la Fundación Hay Derecho, que consiguió que el Supremo anulara el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.