El Consejo General del Poder Judicial abre una investigación al juez Carretero por el interrogatorio a Elisa Mouliaá

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación por la actuación del juez que interrogó a la actriz Elisa Mouliaá por su denuncia de agresión sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. La autoridad disciplinaria del Consejo ha abierto diligencias informativas a Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, tras recibir más de 900 quejas y denuncias en relación con l...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación por la actuación del juez que interrogó a la actriz Elisa Mouliaá por su denuncia de agresión sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. La autoridad disciplinaria del Consejo ha abierto diligencias informativas a Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, tras recibir más de 900 quejas y denuncias en relación con la actuación del magistrado tras la publicación en los medios de comunicación de la grabación de las declaraciones de Mouliaá y Errejón, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota difundida este miércoles. Las grabaciones de esos interrogatorios dejaban constancia de numerosas preguntas e intervenciones del juez durante la declaración de la actriz en las que se ponía en cuestión las razones de la denuncia y el relato de los hechos denunciados por Mouliaá.

Las diligencias informativas abiertas por el Consejo son el primer paso para una investigación que, de prosperar, podría acabar con una sanción disciplinaria para el juez. El alcance del posible castigo dependerá del tipo de falta que le atribuya el promotor de la autoridad disciplinaria, Ricardo Conde, a quien corresponde ahora instruir el caso y decidir si propone expedientar al juez o archivarlo.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que la actuación de Carretero fue debatida por la comisión permanente este martes, horas después de que los videos del interrogatorio se hicieran públicos. En esa reunión se acordó dejar el caso en manos de la autoridad disciplinaria, mientras que la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo, Esther Erice, emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la filtración de los vídeos de las declaraciones de Mouliaá y Errejón, “máxime tratándose de un procedimiento seguido por violencia sexual”. En ese texto, Erice advertía de la especial protección que otorga la ley al derecho a la intimidad de las víctimas de este tipo de delitos y señalaba que no se había presentado ninguna queja ante el CGPJ “por quienes están legitimados para ello”.

Apenas 24 horas después, el CGPJ cifra en más de 900 las quejas que han llegado ya la Unidad de Atención Ciudadana del órgano. Fuentes el órgano señalan que estas quejas, algunas muy similares entre ellas, reprochan la falta de “empatía del juez”, e incluyen críticas a su lenguaje “soez” y a su tono “agresivo”. Además, lamentan que su actuación supusiera una “revictimización” de la actriz.

El vídeo de los interrogatorios a la víctima se escuchan sucesivas preguntas del juez en las que pone en duda los hechos denunciados por la actriz, a la que le llegó a preguntar si actuaba contra Errejón por despecho. “¿No sería que usted sí quería algo con ese señor”, inquiere el juez en un momento de la declaración, durante la que Carretero calificó de “extraña” parte de la acusación de Mouliaá. “No se entiende que usted no hiciera un gesto”, advierten en otro momento el juez, que pregunta a la actriz cómo siendo “una mujer acostumbrada a tratar con el público” no es “capaz de decirle que esas condiciones no eran aceptables”. “Le dijo: ‘déjame en paz?”, pregunta el juez en otra ocasión Carretero, que corta el relato de la actriz con constantes interrupciones.

No es la primera vez que el CGPJ investiga a un juez por su actuación durante e interrogatorio a una víctima de violencia sexual, pero las fuentes consultadas no recuerdan ningún precedente de sanción por este tipo de comportamientos. En 2016, la autoridad disciplinaria abrió diligencias a la jueza de Vitoria María del Carmen Molina, que preguntó a una mujer víctima de agresiones sexuales por parte de su expareja si había cerrado bien las piernas. El caso provocó la indignación y las protestas de varios colectivos feministas, entre ellos de la Asociación Clara Campoamor, que fue el que divulgó lo sucedido. El promotor de la acción disciplinaria archivó la investigación, pero la comisión permanente revocó esa decisión y ordenó incoar un expediente disciplinario. El promotor volvió a archivar el caso en octubre de 2016, pero recurrieron tanto la Asociación Clara Campoamor como la subcomisión de Violencia contra la Mujer de la Abogacía. Finalmente, el promotor hizo una propuesta de sanción, de 501 euros si se consideraba falta grave de abuso de autoridad, o una sanción de advertencia si era falta leve de desconsideración, pero la comisión disciplinaria, acabó archivando el caso por seis votos a uno.