Arranca el juicio por la rama murciana del ‘caso Púnica’
La Fiscalía Anticorrupción pide penas hasta cuatro años de prisión para los nueve acusados
La Audiencia Nacional ha acogido este lunes el inicio del juicio sobre la rama murciana de la trama de corrupción del caso Púnica. En el banquillo se han sentado Juan Carlos Ruiz (PP), exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de Murcia; el que fue su jefe de gabinete, Fidel Saura Guerrero; José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena y otras seis personas. La Fiscalía Anticorru...
La Audiencia Nacional ha acogido este lunes el inicio del juicio sobre la rama murciana de la trama de corrupción del caso Púnica. En el banquillo se han sentado Juan Carlos Ruiz (PP), exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de Murcia; el que fue su jefe de gabinete, Fidel Saura Guerrero; José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena y otras seis personas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de prisión de entre dos años y medio y cuatro años; y multas de hasta 150.000 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación y fraude, entre otros.
Desde este lunes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará los indicios sobre el uso de dinero público para pagar al empresario Alejandro de Pedro por campañas de lavado de imagen en internet en favor de políticos. La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para De Pedro. Entre otras imputaciones, Anticorrupción acusa a Ruiz de intentar camuflar un pago de 20.040 euros a Eico, empresa de De Pedro, en un contrato con el Instituto de Turismo de Murcia. La comunidad no sacó a concurso público el encargo de dicha campaña de mejora de la imagen. El exconsejero se enfrenta a la petición del ministerio público más alta: reclama que se le condene a cuatro años de prisión por delitos de fraude, tráfico de influencias y prevaricación.
En la primera de las 16 sesiones previstas, donde se han planteado las cuestiones previas al juicio, la defensa de Ruiz ha alegado que los trabajos de reputación beneficiaron “a la consejería, no al consejero”. Y ha pedido la anulación parcial del auto de la Fiscalía. Por otro lado, la acusación popular, ejercida por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), ha retirado la acusación contra Eico y Madiva, dos empresas de De Pedro.
Desde las primeras imputaciones en 2014, según el sumario, más de 40 políticos del PP se beneficiaron de los servicios de De Pedro, especialmente en Madrid, Murcia y León. En una de las líneas de investigación, centrada en los trabajos de De Pedro en Madrid, el juez Manuel García-Castellón decretó el archivo de la causa en 2023, argumentando que “resulta extraordinariamente difícil distinguir entre la promoción institucional del cargo que ocupa una persona, y su prestigio personal político, cuando se trata de realizar campañas de promoción o publicidad en internet”. En la rama leonesa, la Audiencia Nacional absolvió a los acusados de los delitos más graves, pero recibieron penas menores de inhabilitación.
La próxima sesión tendrá lugar el próximo jueves 16 de enero, cuando se seguirá con la fase de cuestiones previas —que este lunes no ha finalizado—. Después comenzarán los interrogatorios de los testigos. Los magistrados han decidido que los acusados puedan declarar al final.