El jefe de gabinete de Ayuso: un testigo obligado a decir verdad que desparrama mentiras en la calle

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y filtrador confeso del correo electrónico confidencial que desencadenó la respuesta de la Fiscalía para desmentir un bulo, compareció este miércoles por la mañana como testigo en el Tribunal Supremo...

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y filtrador confeso del correo electrónico confidencial que desencadenó la respuesta de la Fiscalía para desmentir un bulo, compareció este miércoles por la mañana como testigo en el Tribunal Supremo con obligación de decir la verdad.

Pero cuando acabó de declarar se excusó ante los periodistas: “No me voy a referir a lo que haya dicho yo, ya que el juez nos ha advertido de que es un asunto que sigue secreto”. Pero a continuación, ya en la calle y no obligado a decir la verdad, desparramó nuevas mentiras en un caso que mantiene imputado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos.

“Yo desconocía el e-mail anterior [donde el novio de Ayuso reconocía los delitos y ofrecía un acuerdo]”. Miguel Ángel Rodríguez no admite que difundiera un bulo al decir que la Fiscalía ofrecía un acuerdo al novio de Ayuso a cambio de que éste admitiera dos delitos fiscales, cuando era justo al revés. Lo explica así: “El texto del fiscal señor Salto dice ‘no es obstáculo para poder llegar a un acuerdo si su cliente y usted así lo creen’. Ese es el texto que yo difundo. Y dicen, pero es que había un e-mail anterior, que yo desconocía y que el fiscal señor Salto tampoco cita, porque podía haber dicho el fiscal, estábamos en condiciones de llegar a un acuerdo tal y como usted pidió el 2 de febrero, así que si no consideró importante citar ese e-mail el día 12 de marzo. ¿Por qué ahora si es tan importante?”.

Miguel Ángel Rodríguez oculta que la mentira que él difundió se basaba en decir que el ofrecimiento de la Fiscalía era a cambio de que el novio de Ayuso admitiera dos delitos fiscales, y eso no lo decía el correo electrónico que difundió el jefe de gabinete de Ayuso. Sólo podía conocer Rodríguez ese extremo ―el reconocimiento de los dos delitos― porque el abogado que le pasó el correo del 12 de marzo —la única persona que pudo hacerlo—, también le habló del correo del 2 de febrero que él había enviado a la Fiscalía de delitos económicos donde era su cliente, el novio de Ayuso, quien ofrecía el acuerdo de conformidad a cambio de admitir los dos delitos, pagar una multa y así reducir la pena de cárcel evitando su ingreso en prisión.

“El fiscal general tiene que ser condenado para que nunca a nadie se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español”. Miguel Ángel Rodríguez ha defendido la necesidad de que se condene al fiscal general del Estado, por filtrar información personal de un supuesto delincuente para desmentir un bulo. “Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español (…) Creo que el fiscal general del Estado va a ir p’alante, y además, insisto que sea de modo ejemplar. No se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, sea fiscal, sea un médico o sea un guardia de tráfico, no se puede hacer. Y sólo con una sentencia ejemplar, todo el mundo tomará nota de que los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie y mucho menos utilizándolos como un ataque político, que es lo que está ocurriendo aquí”.

Hay decenas de ejemplos de expedientes fiscales de ciudadanos, generalmente imputados por delitos, que aparecen publicados en los medios de comunicación mientras se instruyen las causas penales por las que son investigados. El último y más evidente, en el caso Koldo/Ábalos/Aldama. Todo el expediente fiscal de Aldama se filtró a los medios de comunicación, así como las cuentas bancarias y el patrimonio inmobiliario de Koldo García, mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Pero es que, además, si los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie, fue el Gobierno de Ayuso quien para defender a un defraudador fiscal confeso dio datos personales de Alberto González Amador. Su novia, Isabel Díaz Ayuso, contó que Hacienda le debía “600.000 euros”, que era una verdad a medias, pues ocultaba que era la cantidad que la pareja de la presidenta madrileña pagó para reparar sus delitos cuando ya era imposible hacerlo, según el Código Penal, por lo que la Agencia Tributaria se lo tuvo que devolver unas semanas después de las declaraciones de Ayuso.

En las informaciones filtradas por Miguel Ángel Rodríguez a distintos medios de comunicación aparecían detalles de la peripecia fiscal de González Amador, con datos personales que, según el jefe de gabinete de Ayuso, ningún cargo público puede dar a conocer.

“Si González Amador no fuera el novio de Ayuso, este asunto lo habría resuelto Hacienda hace tiempo”. Miguel Ángel Rodríguez se refirió en su declaración en la calle a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: “El que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su Gobierno, que es el señor Sánchez”. A continuación explicó: “Todo lo que estamos hablando aquí es porque el presidente del Gobierno ha decidido atacar a Isabel Díaz Ayuso. Desde luego, es evidente que si el señor González Amador no fuera el novio de Ayuso, hace tiempo que este asunto lo habría resuelto Hacienda, como miles de casos diarios”. Falso. Hacienda resolvió el engaño millonario que intentó González Amador durante dos ejercicios consecutivos ―presentó facturas falsas y declaró gastos que nunca hizo por 1,7 millones de euros para ahorrarse 350.000 euros en impuestos―de la única manera que la Ley prevé, aprobando una “liquidación vinculada a delito”, para que los tribunales juzgaran el caso.

“Aquí Sánchez ha diseñado una operación política contra un rival político y eso de ninguna manera se puede soportar en democracia”. Alberto González Amador, en lo peor de la pandemia, perpetró dos declaraciones del Impuesto de Sociedades fraudulentas. Lo hizo cuando ya era novio de la presidenta madrileña y cuando convivía con ella en un piso que compró en aquel tiempo valorado en más de un millón de euros. Tras conocerse la noticia, Rodríguez y Ayuso pusieron en marcha una operación política consistente en atacar a inspectores de Hacienda y fiscales que acusaban al defraudador confeso para inventar una operación política donde sólo había una inspección fiscal rutinaria. La operación política de Rodríguez y Ayuso en defensa de un defraudador confeso se basó, además, en difundir mentiras sobre el caso a medios afines al PP, que evitaron contrastar las informaciones del Gobierno madrileño.