La economía reaviva los bloques izquierda y derecha
La imagen de PNV y Junts votando junto a PP y Vox para impedir que el Gobierno y sus aliados parlamentarios mantengan el impuesto a las eléctricas puede repetirse
En el primer año de legislatura tras las elecciones generales del 23 de julio, como ya había pasado tras los comicios de 2019, el debate no ha estado en el clásico enfrentamiento izquierda–derecha. Sin embargo, ahora que termina el año, la dicotomía ha resurgido por la economía y, sobre todo, la política fiscal. Primero, por los impuestos a las eléctricas, y en breve, por las medidas laborales.
En estos días se han visto montajes fotográficos con los rostros en un mismo friso de Alberto Núñez Feijóo (PP), Sant...
En el primer año de legislatura tras las elecciones generales del 23 de julio, como ya había pasado tras los comicios de 2019, el debate no ha estado en el clásico enfrentamiento izquierda–derecha. Sin embargo, ahora que termina el año, la dicotomía ha resurgido por la economía y, sobre todo, la política fiscal. Primero, por los impuestos a las eléctricas, y en breve, por las medidas laborales.
En estos días se han visto montajes fotográficos con los rostros en un mismo friso de Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox), Carles Puigdemont (Junts) y Andoni Ortuzar (PNV). Los cuatro líderes de sus respectivas fuerzas políticas no quedaron para tomarse esa foto juntos, pero la imagen no suponía en absoluto una distorsión de la realidad. Sus partidos han votado juntos en el Congreso para derrotar al PSOE, a Sumar, a ERC, a EH Bildu, a Podemos y al BNG e impedir que se mantenga un impuesto a las eléctricas. Estos últimos no se resignan, pero el gesto del Gobierno de este lunes, la aprobación de un decreto en Consejo de Ministros para levantar el impuesto, no pasará del terreno de los símbolos. Una vez que llegue al Congreso para su convalidación de nuevo, será rechazado. Y sí, PNV y Junts volverán a votar juntos con PP y Vox para evitar que las empresas eléctricas tengan que prolongar la obligación de este impuesto extraordinario.
A un año largo desde el comienzo de la legislatura ahora sí hay datos concretos que justifican a quienes desde los medios de comunicación y desde la política ―desde luego el PP― proclaman que el bloque sostenedor del Gobierno no es de izquierdas. No lo es, en efecto, en materia económica, aunque bajo el manto de la denominación “progresista” el PNV se reivindica como el que más. Las ímprobas dificultades por sacar adelante este impuesto competirán con las que tendrá la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para ver plasmada en el BOE una ley por la que la jornada laboral semanal pasa de 40 a 37,5 horas. Al tiempo, tiene ya muy adelantado el establecimiento de una llamada prestación universal por crianza, que supondrá un ingreso de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad. Este ingreso se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado.
¿Se podrá llevar adelante la negociación de los Presupuestos, con la panoplia de medidas que en ellos se contemplan en materia socioeconómica, con las comunidades autónomas como principales destinatarias y la reducción de las horas de trabajo semanales? Muy difícil su consecución, pero el Gobierno lo intentará. El problema empieza en el seno del propio ejecutivo. Yolanda Díaz es consciente de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no está entusiasmo con la propuesta que ella y los sindicatos firmaron el viernes para que la reducción de jornada entre en vigor en 2025. Si se supera el escollo en el seno del Gobierno, como es previsible, la norma llegará al Congreso y ahí las espadas estarán muy altas. Los sindicatos, según tienen decidido los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, estarán muy activos en el intento de persuadir a los grupos parlamentarios.
No estarán solos en esta tarea. Del otro lado de la cuerda tirará la patronal española CEOE para convencer a los grupos parlamentarios de que paren esa reforma. Junts, desde su congreso de hace una semanas, con la recuperación por parte de Carles Puigdemont del título de máximo líder, tiene al expresident como máximo interlocutor en todos los terrenos. No van bien las cosas con el Gobierno de España, al tiempo que mantiene en la ambigüedad la relación con el PP.
La rotundidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, respecto a su ausencia de interés en que “en España haya un Gobierno de extrema derecha”, es la misma que se escucha a EH Bildu. Se observa que ERC empezará a apretar al Gobierno —condonación de la deuda, presencia de los Mossos d’Esquadra en puertos y aeropuertos, por ejemplo—, pero con demandas conocidas y dentro de lo que está en la mano del Ejecutivo. Las propuestas de Puigdemont, sin embargo, se mueven entre lo “cambiante” y lo “imprevisible”, según términos asentados por los negociadores del Gobierno. Pese a todo, seguirán yendo a Bruselas a negociar con él. En Madrid tienen mucha tarea para concertar con el resto de los grupos con los que se tejió la investidura de Pedro Sánchez. El BNG es un interlocutor, como lo es Coalición Canaria. Podemos, por la izquierda, se alza como un aliado difícil, tanto como con Junts por la derecha.