La reforma de la ‘ley mordaza’ supera un nuevo trámite en el Congreso tras un debate bronco

En el orden del día de este jueves en el Congreso de los Diputados figuraba como primer punto el debate de las enmiendas a la totalidad que el PP y Vox habían presentado a la reforma de la ley de seguridad ciudadana ―la conocida por su detractores como ley mordaza―, una propuesta respaldada por seis de los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, las dos ...

En el orden del día de este jueves en el Congreso de los Diputados figuraba como primer punto el debate de las enmiendas a la totalidad que el PP y Vox habían presentado a la reforma de la ley de seguridad ciudadana ―la conocida por su detractores como ley mordaza―, una propuesta respaldada por seis de los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, las dos horas que ha durado el debate han servido no solo para confrontar posiciones claramente irreconciliables sobre la polémica ley, sino también para hablar de corrupción, recordar la acusación de agresión sexual que afronta Íñigo Errejón, criticar a algunos jueces o aludir a dirigentes extranjeros como el dictador norcoreano Kim Jong-un, hasta desembocar en una bronca en la que el diputado de extrema derecha Javier Ortega Smith ha sido protagonista.

La presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, ha tenido que interrumpir a Ortega Smith y pedirle respeto hacia los representantes del resto de las fuerzas políticas después de que el diputado ultra calificara de “gentuza” a los parlamentarios de EH Bildu, insinuara que entre los diputados de los grupos que apoyan la reforma “muchos de ellos son consumidores habituales de droga” o se dirigiera al portavoz socialista Patxi López señalándole amenazante con el dedo. “En este hemiciclo están todos los grupos parlamentarios de fuerzas democráticas, no fuerzas criminales ―le ha dicho Armengol―. Por tanto, señor Ortega Smith, le ruego que se dirija con respeto a los diputados y diputadas de cualquier grupo parlamentario”.

Finalmente, las enmiendas a la totalidad del los dos partidos de la derecha han sido rechazadas: con 176 votos en contra y 169 a favor, la del PP; y 176 en contra, 33 a favor y 137 abstenciones, la de Vox. La reforma de la ley mordaza supera de este modo un nuevo trámite parlamentario y sigue su camino, tras los intentos fallidos de 2019 y 2023. La duda sigue siendo si Junts y Podemos apoyarán el texto definitivo cuando este se someta a votación. De hecho, la portavoz de este último grupo, Ione Belarra, ha insistido en su intervención en que su formación aspira a “que la derogación sea total” y no solo una reforma como han planteado el PSOE y el resto de sus socios parlamentarios.

En la defensa de la enmienda de Vox, Ortega Smith ha abundado en afirmaciones catastrofistas sobre las supuestas consecuencias de que salga adelante la reforma de la ley mordaza. “Desprotegerán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los españoles que actúan de manera legal y pacífica, y van a generar con ello inestabilidad y caos en las calles y van a lograr amordazar a la oposición”, afirmó, después de hablar de “yihadistas, terroristas o violentos depredadores delincuentes” cuando en realidad la ley de seguridad ciudadana solo contempla infracciones administrativas y no delitos. El parlamentario ha defendido, de hecho, endurecer el actual texto de la ley mordaza, sobre todo en materia de inmigración irregular.

Más comedido pero igualmente duro ha sido el discurso del PP. Su representante en el debate, Anabel Vázquez, en todo momento se ha referido a la reforma como ley Otegi, en alusión a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, cuyo grupo ha sido uno de los principales impulsores de la propuesta. Vázquez ha asegurado que las modificaciones que se plantean a la ley —una norma que aprobó su partido en 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta— favorecen la inseguridad. En su intervención la ha tildado de “ley de la kale borroka” (terrorismo callejero), “ley del caos” o “ley de los que odian a la Policía”. Y ha llegado a afirmar, dirigiéndose al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu: “Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”. También ha criticado que la redacción del proyecto abra la puerta a la eliminación del uso de las pelotas de goma por parte de la policía para hacer frente a altercados callejeros.

En línea con lo que había apuntado Vox, el PP también ha dibujado un panorama catastrofista si la reforma sale adelante: ha augurado que la disminución del importe de las sanciones (el proyecto pretende ajustarlas al poder adquisitivo del infractor) generará “un entorno en el que los ciudadanos sienten que pueden desobedecer sin consecuencias” y un aumento del uso de armas y el consumo de drogas. En el texto de su enmienda el PP incluso aseveraba que la actual redacción de la ley, pese a recoger solo infracciones administrativas, se había revelado “como uno de los instrumentos fundamentales [...] para hacer frente a la amenaza terrorista”, y con esa premisa vaticinaba que la reforma “nos haría más débiles frente al terror”. La representante popular, sin embargo, no ha citado nada de ello durante su intervención de hoy.

“Argumentos excéntricos”

Los grupos que apoyan la reforma han mostrado su frontal rechazo a las enmiendas de los dos partidos de la derecha. El más duro ha sido el portavoz de Sumar, Enrique Santiago, que no ha dudado en acusar a Vox y al PP de “mentir” y utilizar “argumentos excéntricos”. Santiago ha insistido en que la actual norma supone una restricción a los derechos fundamentales, y ha añadido que los dos partidos, al pedir que se mantenga, “desprecian la democracia y las libertades de los demás”. “Ustedes impondrían un régimen autoritario si tuvieran la más mínima autoridad”, le ha espetado a Ortega Smith. Santiago ha defendido la eliminación de las pelotas de goma y ha negado las afirmaciones de los populares y de Vox de que en España haya aumentado la criminalidad en la calle ―que no se combate con esta ley, ha recordado― o las ocupaciones de viviendas ―afirmación que ha atribuido a un “bulo” de las empresas de seguridad―.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha recriminado que se acusase a su partido de buscar un muerto con esta reforma. “No buscamos un muerto”, ha afirmado antes de recordar el caso de Íñigo Cabacas, un seguidor del Athletic de Bilbao que falleció en abril de 2012 por culpa del impacto de una pelota de goma. “Las pelotas de goma no las defendemos ni cuando las utilizan contra ustedes”, ha añadido, en referencia a Vox, tras recordar también los graves altercados protagonizados por grupos ultras en noviembre del año pasado en los alrededores de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid.

Por su parte, la representante socialista, Mamen Sánchez Díaz, ha hecho un guiño a los miembros de las fuerzas de seguridad ―cuyos representantes sindicales se han manifestado en repetidas ocasiones en los últimos años contra la reforma― al afirmar que si la reforma sale adelante, la nueva ley les dará más seguridad y más garantías jurídicas en el ejercicio de sus funciones. Sánchez Díaz ha insistido en que el PSOE apuesta con su propuesta por “proteger el ejercicio de los derechos y de las libertades de los ciudadanos”.