Municipios de la dana, en el Congreso: “Lo más urgente es devolver la confianza en las instituciones”

Cuando Francisco Almenar, presidente del milenario Tribunal de las Aguas de Valencia, tenía cinco años, su padre lo cogió de la mano y lo llevó a ver la riada en el barranco del Poyo. Almenar lo evocó este martes en el Congreso de los Diputados para resaltar el estado en el que aún se encuentran los pueblos castigados por la dana: “Hoy ya no es la riada en el barranco, hoy es todo el pueblo”.

Almenar acudió a Madrid, junto a representantes de los municipios afectados que abarcaban un am...

Cuando Francisco Almenar, presidente del milenario Tribunal de las Aguas de Valencia, tenía cinco años, su padre lo cogió de la mano y lo llevó a ver la riada en el barranco del Poyo. Almenar lo evocó este martes en el Congreso de los Diputados para resaltar el estado en el que aún se encuentran los pueblos castigados por la dana: “Hoy ya no es la riada en el barranco, hoy es todo el pueblo”.

Almenar acudió a Madrid, junto a representantes de los municipios afectados que abarcaban un amplio espectro político y de colectivos sociales reunidos por la asociación Juristes Valencians, para exponer en el Parlamento sus quejas y demandas. Muy preocupado por el futuro inmediato de la producción agrícola, el veterano presidente del tribunal que dirime los conflictos por el agua resumió así sus peticiones: “Que actúen todos a la vez, a una. Y no estar discutiendo de tonterías”.

Por encima de diferencias políticas, alcaldes, ediles y miembros de colectivos sociales coincidieron en encarecer a las administraciones a actuar coordinadamente. “Que se pongan de acuerdo”, rogó Ricardo Gabaldón, alcalde por el PP de Utiel, donde la gota fría acabó con la vida de seis personas. “Tenemos que tirar todos del carro”. Los testimonios escuchados este martes con el propósito de llevar la voz de los damnificados al centro político de España insistieron en el desamparo que han sentido y todavía sienten los más de 80 municipios afectados. De tal modo que la vicealcaldesa de Cheste, María Ángeles Llorente, de Esquerra Unida, que gobierna el municipio en coalición con el PSOE, señaló que, más allá incluso de lo material, “lo urgente es devolver la confianza en las instituciones”.

“La sensación ha sido de absoluta soledad y desamparo”, apuntó María José Hernández, vicealcaldesa de Albal por un grupo independiente aliado con el PP. “En el año 82, cuando la pantanada de Tous [la rotura de la presa de ese nombre, que provocó una riada en la que perecieron una treintena de personas], el Ejército tardó 11 horas en llegar a Alzira [la población más afectada]. Ahora, en el siglo XXI, han tardado cinco días”. Hernández también lamentó que, en medio de la tragedia, “se estuviesen tirando los trastos a la cabeza entre Valencia y Madrid”.

Los representantes municipales subrayaron que, más de un mes después, sus pueblos están muy lejos de recuperar la normalidad, con calles aún enlodadas, garajes inundados, viviendas e infraestructuras destruidas y niños que aún no han podido volver al colegio. A la vez pusieron mucho énfasis en reclamar que se acometan obras hidráulicas que “llevan tantos años metidas en un cajón”, como manifestó Amparo Giner, alcaldesa de Benicull por un grupo independiente, quien defendió, al igual que miembros de otros ayuntamientos, abandonar un modelo urbanístico que “nos lleva a la catástrofe”. Sobre eso mismo incidió Marta Murciano, concejal de Alaquàs por Compromís: “Lo sucedido ha sido la crónica de una muerte anunciada. Ya mi abuelo decía que era una locura construir un centro comercial como el de Bonaire al lado de un barranco”.

El acceso a las ayudas es otra de las grandes inquietudes. Los presentes pudieron escuchar un testimonio poco esperanzador: el juez de aguas de Orihuela, José Bernabé, manifestó que los afectados por la dana que sufrió la ciudad alicantina en 2019 todavía no han cobrado. Alcaldes y ediles aprovecharon para pedir que les flexibilicen las reglas de gasto vigentes para los municipios. “Estamos saneados y tenemos dinero en el banco, pero no lo podemos gastar”, criticaron varios. Alegan que necesitan más personal para gestionar las ayudas y las demandas ciudadanas, pero que las normas les impiden nuevas contrataciones. Los colectivos sociales, como los autónomos, exigen reducir la burocracia que retrasa y dificulta la solicitud del auxilio público.

Los relatos sobre la manera en que afrontaron la catástrofe el 29 de octubre revelan que, lejos de la pasividad del Gobierno de la Generalitat, en algunos municipios el zafarrancho de combate se había decretado desde el alba. O incluso antes. Gabaldón, alcalde de Utiel, estaba en contacto con colegas de otros pueblos y con las empresas de autobuses de la zona desde la seis de la madrugada. Una hora después, ya había decretado la suspensión de las clases. Y al mediodía recurrió a la Generalitat y a la Delegación del Gobierno para reclamar la presencia de la UME, que no pudo entrar porque la localidad quedó aislada. En Cheste la interrupción de la actividad escolar y la alerta general se demoraron algo más, hasta las 11. Aun así, nueve horas antes que el Gobierno autonómico. “Lo hicimos sin que nadie nos avisase y a través de una app propia”, aseguró la vicealcaldesa. “Antes y después todo se ha hecho por nuestro propio esfuerzo y la capacidad de organización de la sociedad civil”.