La mentira del Gobierno de Ayuso unió a los fiscales para “atajar el bulo”

Los testimonios en sede judicial de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra; de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez; y de Julián Salto, fiscal especializado en delitos económicos que redactó la denuncia por fraude fiscal contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, descartan que la causa contra el defraudador confeso tenga un...

Los testimonios en sede judicial de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra; de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez; y de Julián Salto, fiscal especializado en delitos económicos que redactó la denuncia por fraude fiscal contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, descartan que la causa contra el defraudador confeso tenga un componente político –”no supimos de quien se trataba hasta después de presentar la denuncia”-. Lastra, que tomó la iniciativa para rebatir el bulo, y Rodríguez, consideraron necesario y oportuno desmontar la “información falsa” que difundió El Mundo primero y otros medios después, aunque la fiscal superior discrepa sobre los datos finalmente incluidos en el desmentido. Lastra señala, además, como culpable de lo ocurrido al abogado del novio de Ayuso, poseedor del correo electrónico que filtró el jefe de gabinete de la presidenta madrileña para engañar a los medios: “No pierdo la esperanza de que el Colegio de Abogados de Madrid le abra expediente disciplinario”, declaró la fiscal superior al tribunal superior de Justicia de Madrid.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso difundió en la tarde del 13 de marzo de 2024 una información falsa para defender a la pareja de la presidenta autonómica, Alberto González Amador, un defraudador fiscal confeso que declaró durante dos ejercicios consecutivos (2021 y 2022) facturas falsas por casi dos millones de euros para deducirse gastos y evitar así pagar a Hacienda los 350.000 euros que le correspondían. Lo hizo, según los inspectores de la Agencia Tributaria, “en un plan preconcebido con facturas falsas y explicaciones inverosímiles e inaceptables”.

El Código Penal tipifica estas supuestas conductas como dos delitos fiscales castigados con entre dos y diez años de cárcel. Los delitos fueron supuestamente cometidos por González Amador cuando ya era pareja de Ayuso y convivía con la dirigente popular en un piso que el empresario había adquirido por 1,2 millones de euros unos meses después de ganar dos millones por una comisión del 4,5% al intermediar en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia.

La respuesta de la Fiscalía a esa mentira del Gobierno de Ayuso fue facilitar los mismos datos confidenciales que había difundido previamente Miguel Ángel Rodríguez sobre la causa abierta a González Amador, pero en su orden cronológico correcto. Lo hizo a través de una nota informativa y, supuestamente, mediante la filtración de documentos del procedimiento a medios de comunicación.

Ese hecho ha desencadenado un procedimiento judicial abierto en el Supremo contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por supuesta revelación de datos secretos. La exposición razonada que envió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al entender que estaba implicado el fiscal general del Estado se basaba en la difusión de una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial con datos del procedimiento abierto a González Amador. Pero el Supremo consideró que esa nota informativa que asumió en primera persona el fiscal general del Estado no era constitutiva de delito. Sin embargo abrió la causa por la filtración del correo electrónico que desmontaba la mentira del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en defensa de un defraudador confeso. La causa penal que instruye el magistrado Ángel Hurtado implica ahora, además, al Gobierno de Pedro Sánchez por disponer supuestamente del secreto -los documentos para desmontar el bulo del Gobierno de Ayuso- antes de que se publicará el correo electrónico clave en los medios de comunicación.

EL PAÍS ha tenido acceso a las declaraciones que hicieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los tres fiscales protagonistas de las negociaciones para “atajar el bulo”, según la definición que hizo la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, de la maniobra que puso en marcha el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para proteger y defender a un supuesto delincuente fiscal.

Fiscal superior Lastra. “Había que desmentir esta falsa información”. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid recibe la llamada de su jefe de prensa a las 20.30 del 13 de marzo. Distintos medios de comunicación le estaban preguntando por la filtración de un correo de la fiscalía que facilitaba a esas horas Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. La información, publicada primero por El Mundo “en exclusiva”, y luego por otros medios y el propio Rodríguez en la red social X, decía así: “La Fiscalía Provincial de Madrid ha trasladado un ofrecimiento formal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid para que se declare culpable de la comisión de dos delitos fiscales. La propuesta, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, ha sido remitida por correo electrónico tras estallar el caso y ocho meses después de que Alberto González Amador pusiera a disposición de la Agencia Tributaria un total de 400.000 euros para regularizar su situación fiscal y zanjar el procedimiento por la vía administrativa mediante una conformidad”. La información de El Mundo añadía el contenido textual del correo electrónico que el 12 de marzo había enviado el fiscal Julián Salto al abogado del novio de Ayuso. Pero en ese correo no se decía nada de las condiciones de la conformidad -sólo se ofrecía iniciar la negociación para llegar a un acuerdo: “si usted y su cliente lo estiman posible”-. El Mundo informaba sobre el contenido de ese acuerdo, pero en sentido contrario al real: era el defraudador confeso y no la Fiscalía quien había ofrecido la conformidad a cambio de pagar 400.000 euros y admitir dos delitos fiscales.

Otros medios añadieron a la exclusiva de El Mundo una nueva mentira que, según los fiscales, difundió también Miguel Ángel Rodríguez: “Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe “órdenes de arriba” y retira la propuesta de acuerdo… todo sucio”.

Lastra explicó así su reacción ante las falsedades del Gobierno de Ayuso: “Como evidentemente ni su superior inmediata [de Julian Salto, el fiscal que redactó la denuncia], ni la fiscal jefa provincial ni yo misma habíamos cursado ninguna instrucción al fiscal Salto encargado del asunto consideré que había que salir a desmentir esta falsa información que, además, los periodistas nos trasladaban que iban a publicar porque venía con el aval de un alto cargo de la Comunidad de Madrid”.

Lastra confesó que fue ella quien tomó la iniciativa aquella noche para desmentir el bulo, aunque sin urgencias. “Fui yo quien llame al Fiscal General del Estado a las nueve menos 10 de la noche para comunicarle la noticia que se iba a publicar en los medios y que, ninguna de las tres personas que he indicado, habíamos dado ninguna instrucción para que se llegara a ese acuerdo y él me dijo que por supuesto él tampoco había dado ninguna instrucción y, por tanto, efectivamente estábamos de acuerdo en que había que salir a desmentir esta noticia. Yo asumí la misión de la redacción de esa comunicación con mi jefe de prensa, como hacíamos siempre, y que la difundiríamos a los medios cuando lo consideráramos oportuno”.

Lastra llamó al fiscal Salto, que estaba en el estadio Wanda Metropolitano viendo jugar al Atlético de Madrid. “Le dije no te preocupes, no hay ninguna prisa, mañana por la mañana hablamos tranquilamente (…) El fiscal general me dijo que sería bueno que tuviéramos esos correos y yo le dije que no los necesitaba para nada porque sabía cómo se habían producido los antecedentes”.

Como Almudena Lastra no muestra interés por recabar los correos en ese momento para rebatir la mentira difundida por el Gobierno de Ayuso, el fiscal general del Estado se pone en contacto con la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, para que esta se los pida al fiscal Salto.

Almudena Lastra declara que tras considerar que el desmentido que ella misma había propuesto no corría prisa ni hacía falta recabar la documentación, se entera de que la fiscal provincial se la está pidiendo al fiscal Salto, quien la llama a las 21.54: “Me dice que la fiscalía provincial le había pedido que remitiera los correos. Le digo que lo lamento porque el hombre estaba viendo un partido de fútbol y le estaban importunando, que podían esperar al día siguiente. A ver si nos dejan tranquilos esta noche y mañana con tranquilidad lo abordamos, le dije”.

Fiscal provincial Rodríguez. “Había que dar una información veraz a la ciudadanía”. La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, declaró que el fiscal general la llamó para que pidiera los correos que demostrarían la mentira difundida por el Gobierno autonómico en defensa del novio de la presidenta. “Me pareció del todo atendible la petición que me hizo el fiscal general de recabar los correos electrónicos, porque se me había informado que estaban apareciendo informaciones que no se correspondían a lo sucedido y había que dar una información veraz a la ciudadanía, de manera que me pareció atendible recabar correos para remitirlos a la superioridad, no me planteé que eso pudiera producir algún perjuicio”. Con esos correos, el fiscal general del Estado ordenó redactar una nota informativa con los principales hitos del procedimiento judicial contra González Amador. “Yo no participé en la nota, la leí y dije que sí, que eso era así porque lo acababa de leer en los correos, y luego me desentendí y entendí que sería la jefatura de prensa de la fiscalía de la Comunidad la que difundiría la nota. Si hubiera habido una controversia… pero yo no recibí ninguna llamada ni del Fiscal General del Estado ni de la fiscalía superior ni para hacer ningún tipo de corrección (…) En esa mañana ninguno de ellos me llamó para preguntarme si había que modificar los contenidos o había que quitar algo…”.

Fiscal Superior Lastra: “Iba a convocar una rueda de prensa, pero no estaba de acuerdo con el contenido [del desmentido]”. Lastra declaró al tribunal que apoyó redactar un desmentido a los bulos de “un alto cargo de la Comunidad de Madrid” e incluso planeó “convocar una rueda de prensa”, pero que en la mañana del 14 de marzo su jefe de prensa la llamó para contarle que le habían enviado desde la Fiscalía General del Estado una nota informativa con el desmentido. “Mi jefe de prensa me dice que no está de acuerdo y que dimite si le hacen publicar esa nota. Me llamó el fiscal general del Estado y le dije que no estaba de acuerdo con la nota. Me dijo tenemos la nota, está consensuada con Pilar [fiscal jefa provincial] y con Virna [fiscal decana de delitos económicos], es imprescindible mandar la nota porque están ganando difundiendo el bulo y no podemos consentir que se cuestione el trabajo excelente, impecable de la fiscalía provincial´. Luego me mandó otro mensaje diciendo `es imperativo, Almudena hay que sacar la nota ya´. Yo no estoy de acuerdo y como fiscal superior no asumo sacar esa nota y le digo que si la quiere sacar será con la fiscalía provincial porque considero que no es necesario desmentirlo de esta manera cuando se puede desmentir de otra forma sin dar ningún dato que desvele cada una de las comunicaciones o las manifestaciones que haya podido hacer el investigado”.

Otras fuentes, supuestamente conocedoras de esa conversación entre Lastra y García Ortiz, señalan que el único reparo que puso la fiscal superior al fiscal general fue debido a que a esas horas el contenido de la nota informativa ya había aparecido en algún medio de comunicación y el resto se iba a molestar.

La fiscal superior Lastra: “Espero que el Colegio sancione al abogado [del novio de Ayuso] por vulnerar el secreto de las comunicaciones”. La fiscal Lastra reflexionó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el origen del caso sin que el instructor le preguntara por ese detalle ni se preocupara durante el resto del interrogatorio por ese asunto. “Tuve una llamada al lunes siguiente con el decano del colegio de abogados de Madrid [Eugenio Ribón Seisdedos]. Me llamó para decirme que tenían prevista una junta en la que iban a interponer la denuncia [contra la fiscalía por revelación de secretos], le dije que me parecía bien, yo no estoy de acuerdo con esto y por lo tanto hacer lo que tengáis que hacer y por eso no es una nota de prensa de mi gabinete. Yo no pierdo la esperanza de que el Colegio de Abogados de Madrid esté tramitando un expediente disciplinario en su comisión deontológica contra su abogado, señor Neira [representante legal del novio de Ayuso que tenía todos los correos del procedimiento] puesto que el código ético del consejo de la Abogacía y el Europeo sanciona la vulneración del secreto de las comunicaciones entre el abogado y el resto de las partes”, declaró Lastra al instructor de la querella del abogado del novio de Ayuso contra la Fiscalía.

EL PAÍS también preguntó en su día al decano Ribón por ese detalle y obtuvo evasivas: “Reventar el secreto de las comunicaciones es atacar la esencia del derecho de defensa y diluir el principio de tutela judicial efectiva. La obligación que tiene el colegio es velar por el secreto de las comunicaciones, el deber de confidencialidad de las partes”. Y cuando EL PAÍS le hizo ver que quién despreció en primer lugar el secreto de las comunicaciones fue su colegiado Neira, abogado del novio de Ayuso, Ribón contestó: “Filtraciones a los medios de comunicación, por desgracia, existen desde hace muchísimos años. Esto no es ninguna novedad. Y sobre eso el Colegio de Abogados no se pronuncia porque no tiene ningún tipo de competencia sobre el medio, que ejerce su labor de difusión de información (…) El Colegio de Abogados no puede entrar en el filtrado que haga una de las partes [el abogado del novio de Ayuso a través del jefe de gabinete de la presidenta autonómica] a medios de comunicación porque no le compete (…) Con independencia de eso, es absolutamente reprobable cualquier filtración que salga de fuera de lo que debe ser la reserva entre las partes”.

La fiscal superior Lastra: “El artículo 4 de nuestro Estatuto nos obliga a salir a atajar un bulo de estas características; otra cosa es la forma de contarlo”. Lastra considera que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga a desmentir informaciones falsas sobre el trabajo que hacen los fiscales, pero no está de acuerdo en la manera de hacerlo para desmontar el bulo del Gobierno de Ayuso. “Una cosa es que haya que salir a atajar un bulo de estas características porque se estaba manipulando políticamente el trabajo serio y riguroso hecho en la fiscalía provincial, porque nos obliga el artículo 4 del estatuto orgánico y el artículo 20 de la Constitución a salir a atajar las falsas informaciones, y otra cosa es la forma de contarlo”. “A mi juicio”, prosiguió Lastra, “no era necesario relatar los correos y si el señor González había reconocido o no había reconocido los hechos. Bastaba con explicar en la nota de prensa que había habido una filtración irregular, quebrando la confianza entre el letrado y la fiscalía, de un correo electrónico y además se afirmaba que el fiscal había recibido instrucciones. Se podía haber explicado sólo cómo funcionan las conformidades cuando el ámbito es preprocesal y que en este caso no había ocurrido nada distinto a lo que había ocurrido en los demás casos... Era el letrado el que se había dirigido [a la fiscalía para proponer el acuerdo], pero sin necesidad de dar ningún dato de cual había sido la posición, ni si había reconocido o no había reconocido [el delito], porque muchas veces los letrados se dirigen a la fiscalía para ver si hay una posibilidad de acuerdo sin decirnos si se reconocen o no se reconocen los hechos. Esto entra dentro del margen de confidencialidad de las actuaciones entre el letrado y el fiscal”. Según Lastra, para contrarrestar una información falsa que decía que la fiscalía había ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso para admitir dos delitos y pagar 400.000 euros de multa, había que redactar una nota diciendo que la propuesta de conformidad la había hecho el defraudador confeso pero sin detallar en qué consistía. Eso pese a que ya se sabía el contenido del supuesto acuerdo por la información de El Mundo que atribuía de manera falsa la iniciativa a la Fiscalía de proponer al defraudador que admitiera los dos delitos.

La fiscal Rodríguez, jefa provincial. “Llama un periodista para preguntar por un proceso que afecta a la pareja de Ayuso. Es un tema relevante, hay que dar cuenta”. Almudena Lastra, jefa superior de la Comunidad de Madrid, y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, ofrecieron al Tribunal dos versiones distintas de cómo estalla el caso de fraude fiscal de la pareja de la Comunidad de Madrid. Rodríguez asegura que, el 7 de marzo, un periodista llama a su secretaría preguntando si hay un procedimiento abierto contra la pareja de Ayuso y una empresa llamada Maxwell Cremona. La fiscal provincial sostiene que hasta entonces ignoraba incluso que la presidenta madrileña tuviera pareja pero le sonaba que ella misma había “visado” un expediente a nombre de “Maxwell Carmona”. Tras confirmarlo, decide hacer una dación de cuentas ese mismo 7 de marzo a sus superiores debido a que se trataba de un caso de relevancia pública.

Sin embargo, la fiscal superior Lastra sostuvo en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fue “el teniente fiscal de la secretaria técnica de la fiscalía general del Estado quién había llamado a la fiscal provincial para preguntar si tenían algún asunto sobre ese señor [Alberto González Amador] y en respuesta dio cuenta de que efectivamente existía ese asunto”.

Pilar Rodríguez explicó al instructor que antes del 7 de marzo “nadie sabía que era la pareja [de Ayuso], no lo sabía ni el fiscal Salto ni la juez decana ni yo cuando hice el último visado de las diligencias allá por el mes de febrero”. La presidenta madrileña denunció el 12 de marzo una cacería política del Gobierno contra ella cuando leyó la noticia sobre el fraude de su novio. A continuación, publicó un mensaje en la red social X: “La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero”.

Fiscal denunciante Julián Salto: “La denuncia no se presentó por ningún motivo político”. El fiscal denunciante, Julián Salto, explica que le llamaron de la fiscalía provincial para preguntarle por el expediente de Maxwell Cremona [empresa del novio de Ayuso con la que defraudó a Hacienda]. “Les digo que ya está presentada la denuncia y me piden que se la envíe para comprobar que es así. Me deja preocupado la llamada del 7 de marzo, porque si me llaman desde arriba es porque he podido meter la pata. Pero mi superior me dice que el investigado es Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la primera noticia que tengo. Si se lee la denuncia, no se ha presentado por ningún motivo político. Se han podido cometer dos delitos de defraudación mediante unas facturas que no corresponden con la realidad, según nos manifiesta la Agencia Tributaria y con una corroboración documental para que un juez investigue (…) Yo no ofrezco ningún acuerdo, simplemente es un correo más de esa cadena que ha empezado el 2 de febrero [con la propuesta del defraudador de llegar a un acuerdo admitiendo los delitos y pagando una multa para evitar la cárcel] y termina el 12 de marzo [con la respuesta del fiscal de iniciar la negociación sobre aquella propuesta si lo consideran posible]. La empieza el [abogado del novio de Ayuso] y la termino yo”. “Mi sorpresa es cuando en la tarde noche del 13 de marzo mientras yo estoy en un partido de Champions, Atleti- Inter, me llaman y me comentan que mi correo electrónico del 12 de marzo está publicado en el diario El Mundo y posteriormente en otros dos diarios y lo publican con mi correo, con mi nombre y apellidos, con mis datos (…) Con esa noticia me exigen una dación de cuentas por el artículo 25 del estatuto orgánico del ministerio fiscal. Es una orden que yo considero que es legal, es un asunto de trascendencia mediática desde el momento en que está implicado… el criterio es muy laxo porque cualquier asunto que haya salido en los medios es de trascendencia y este asunto ha salido y yo tengo que dar cuenta. Me pareció una orden legal que me diga que le cuente qué ha pasado y a qué nos hemos comprometido y cuál ha sido mi actuación porque la prensa está contando una información que no es verdad y entonces yo le cuento la misma cronología de correos que les acabo de comentar”, declaró Salto al tribunal.